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Memoria y justicia: contra el pacto de olvido
Después de años de silenciamiento, el Estado español comienza a investigar los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil Española y el franquismo, e impulsa el resarcimiento moral de las víctimas
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España comienza a recuperar la memoria.
A 65 años de su culminación, la Guerra Civil Española vuelve al centro de la escena social y política de la península impulsada por los nuevos tiempos políticos que se animan a desafiar el "pacto del olvido" forjado tras la muerte del general Francisco Franco, en 1975.
Desde aquel entonces, los sucesivos gobiernos hicieron muy poco para investigar los crímenes perpetrados por el fascismo, y recién durante la actual gestión del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero se empieza a esbozar una política activa en la materia.
La apertura de archivos -sobre todo militares- ha dado paso a importantes avances en el trabajo de los investigadores. Aunque aún no hay cifras definitivas, se calcula que entre 1936 y 1943 hubo aproximadamente 150.000 víctimas mortales en actos de represalia, campos de concentración, de trabajo y cárceles.
El tardío despertar de una respuesta política tuvo su contraparte en el trabajo realizado, a través de los años, por muchos historiadores que investigaron la represión franquista y llegaron a consignar en sus libros listas de víctimas que se constituyeron en las únicas lápidas para recordarlos.
Según el historiador Javier Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en España funcionaron 104 campos, por los cuales pasaron, entre 1936 y 1939, entre 370.000 y 400.000 personas, "muchas de las cuales murieron por las malas condiciones higiénicas y alimentarias". El sistema de campos funcionó como tal hasta 1942, pero las colonias penitenciarias y los batallones de trabajadores permanecieron hasta bien avanzada la década del 50.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, integrada por familiares de las víctimas, promovió las investigaciones que derivaron, a partir del año 2000, en la apertura de fosas comunes. Según sus registros, hay al menos 700 fosas comunes en el territorio español, y, aproximadamente, 30.000 personas fueron desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. El caso mundialmente conocido, que despertó la indignación internacional, fue el fusilamiento en Granada del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, en 1936.
Los historiadores calculan, además, que hubo alrededor de un millón de personas exiliadas a raíz de la Guerra Civil, muchos de los cuales entraban y salían alternadamente. El pico se produjo en febrero de 1939, cuando medio millón de personas habrían estado simultáneamente fuera del territorio español.
Existe aún todo un océano de información por explorar. Buena parte de los procesados durante el conflicto armado y después, durante el régimen, tuvieron juicios militares que fueron recogidos palabra por palabra, en hojas que se agruparon junto a sus certificados de nacimiento y que hoy se encuentran guardados, entre miles de cajas, en el Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, situado en El Ferrol (La Coruña). De las 300.000 causas que alberga el fondo judicial de este centro, 180.000 son de la Guerra Civil.
Allí, perdida entre miles de nombres y folios, consta la causa de Juan Rodríguez Lozano, abuelo del presidente Rodríguez Zapatero, con todos los detalles del juicio que se le siguió en 1934 por escribir, en el periódico El Socialista, la carta personal que envió al director de esa publicación y las circunstancias que lo llevarían a ser fusilado en 1936.
El post franquismo
Con la caída del franquismo, las fuerzas políticas democráticas aprobaron en 1977 la ley de Amnistía, como una forma de materializar la reconciliación entre las dos Españas y abrir una etapa de diálogo en la construcción de la democracia. El consenso llegó a tal punto que el entonces diputado por Izquierda Unida, Abad Camacho, señaló: "Hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores".
Por entonces, algunos parientes de los desaparecidos comenzaron una campaña para destapar las fosas y hasta empezaron a abrir varias ellos mismos. No obstante, el Partido Socialista (PSOE), que llegó al poder en 1982 y gobernó por 14 años, decidió esconder el asunto bajo la alfombra ante el intento de golpe militar de 1981 -cuando varios guardias armados del ejército invadieron el Congreso-, con el argumento de no resucitar las "pasiones bestiales" de la Guerra Civil.
Sin embargo, la extinción de la responsabilidad penal por los delitos cometidos por el franquismo no podía representar "un borrón y cuenta nueva", como si la represión no hubiera existido, sobre todo porque, paradójicamente, las que sí mantuvieron su validez formal fueron las condenas impuestas por la dictadura, ya que el olvido postergó el cuestionamiento de estas medidas represivas.
Hubo que esperar hasta el año 2000 para que se produjera la primera apertura de fosas comunes: se trataba de 13 personas republicanas ejecutadas extrajudicialmente en 1936, y hasta la fecha se han recuperado alrededor de unos 40 cuerpos de personas fusiladas en León, Burgos, Guipúzcoa y Ávila.
El 20 de noviembre de 2002, el Congreso de Diputados aprobó una Declaración Institucional condenando el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Era la primera vez que el Estado democrático llevaba a cabo una declaración en ese sentido, 25 años después de las primeras elecciones democráticas.
Durante el Gobierno de Aznar no existieron medidas que contemplaran el tema de los desaparecidos e inclusive todas las propuestas del PSOE en este sentido fueron rechazadas, como por ejemplo la de invertir 7 millones de euros para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil y brindar cobertura económica para su resarcimiento moral.
El 24 de enero de 2005, organismos de derechos humanos llevaron la cuestión de los desaparecidos en España a Naciones Unidas para reclamarle su mediación, a fin de que se produzca un reconocimiento de las víctimas del franquismo. "Se ha negado, por acción o por omisión, el derecho de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y exterminio, a recuperar los restos de sus parientes y amigos en condiciones que reúnan todas las garantías jurídicas necesarias; no se han reconocido los campos de trabajo forzoso franquistas, ni a sus víctimas, permaneciendo esta cuestión en una total ilegalidad a pesar de que estas acciones tuvieron lugar incluso después del final de la II Guerra Mundial", denunciaron.
Los expertos calculan que la Guerra Civil provocó el "éxodo" masivo de unos 50.000 menores de edad a Francia, Bélgica, Reino Unido, Rusia y países de América latina. La mayoría de ellos regresaron pero, en el caso de los que fueron a la extinta Unión Soviética, cerca de 30.000 tuvieron que hacer sus vidas allí, a consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre el Gobierno franquista y el estalinista.
El 16 de marzo de este año, el Senado -a partir de una iniciativa del Gobierno y con apoyo de todas las fuerzas políticas- aprobó por primera vez una ley que reconocía formalmente a los llamados "niños de la guerra" -aquellos menores que debieron exiliarse en esos años y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera de España- y establecía un sistema de pensiones en carácter de resarcimiento.
Al día siguiente de esa resolución parlamentaria, el pasado 17 de marzo, en una decisión histórica aunque sorprendentemente tardía, se decidió quitar la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, en la plaza de San Juan de la Cruz, Madrid, que la vio erguida durante los últimos 49 años. Todo un símbolo de los nuevos tiempos.
