Menem y el Consejo de la Magistratura

Por increíble que parezca, la impronta de Carlos Saul Menem sigue vigente, reivindicada y renovada en la política argentina.

El fallecido expresidente, hoy defenestrado y criticado impiadosamente por muchos de los mismos que -hace pocos años- eran sus más fanáticos seguidores, tuvo como principal nota de su modo de gobernar el ceder partes del poder del Estado a las corporaciones y factores de presión o interés.

Fue así que cedió el Ministerio de Economía a la multinacional Bunge y Born, el Ministerio de Educación al rector de una universidad privada, el control de los seguros a las compañías, etc.. Cuando tuvo que discutir su reelección, también cedió, pero en este caso a las exigencias de un Raúl Alfonsín que, con firmeza en las convicciones y perspectiva histórica, le arrancó a cambio un conjunto de propuestas renovadoras del modelo constitucional, entre ellas, la introducción del Consejo de la Magistratura, cuya finalidad esencial fue asegurar la idoneidad e independencia de los jueces y sustraer la administración del Poder Judicial a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que esta se dedique exclusivamente a su rol jurisdiccional.

Coherente con tal línea de acción en el uso, conservación y administración del poder (absolutamente exitosa desde una perspectiva exclusivamente pragmática), cuando debió organizarse el primer Consejo de la Magistratura se siguió a rajatabla la premisa del menemismo. Para evitar peleas y conflictos, mejor que estén todos adentro. Así se conformó el primer Consejo de la Magistratura bajo el sello indeleble de Menem, con todos adentro.

Le corresponde a la diputada y politóloga Ana Carla Carrizo este preciso señalamiento, del cual no podemos prescindir pues las instituciones no surgen casualmente, sino que son el producto de un contexto determinado.

Menem debió ceder ante presión republicana y aceptó la creación del Consejo de la Magistratura, pero al avanzar su conformación se aseguró que todas las corporaciones y factores de poder quedaran satisfechos. Esa es la explicación histórica de un consejo elefantiásico con 20 miembros, pues había que dar intervención al todopoderoso Senado de la Nación, y asegurar la presencia del Poder Ejecutivo, para “meter la cuchara” en el proceso de evaluación. Un absurdo absoluto. El Consejo de la Magistratura fue creado para limitar los poderes de designación de los jueces que tenían -y conservan- esos estamentos estatales. La ley los introdujo nuevamente en la etapa de elección y evaluación, otorgándoles una intervención políticamente innecesaria, institucionalmente sobreabundante y normativamente susceptible de ser cuestionada por inconstitucional.

Igual consideración con la participación otorgada a la Corte Suprema, que solo otorga mayor endogamia al proceso de designación, y que carece de justificación institucional. Mas grave aún, al haber establecido legislativamente quien representara a la Corte (su presidente) la ley viola las potestades de la propia Corte. El Poder Legislativo tiene potestad para otorgar un lugar a la Corte, ampliando su poder institucional, pero no para imponerle a quien la representara, pues eso afecta su independencia.

En similar sentido, imponer quien será el presidente del Consejo de la Magistratura, que es un órgano extrapoder, es una intromisión indebida del Poder Legislativo en el funcionamiento de dicho órgano.

Aún más grave es otorgar la presidencia del Consejo al presidente de la Corte Suprema, una auténtica triquiñuela que burla y desconoce uno de los objetivos esenciales de la creación del órgano: sacar a la CSJN de la administración del Poder Judicial, o sea, del manejo de la Caja. Estos dos aspectos tienen severos riesgos de inconstitucionalidad.

En el contexto histórico que sucedió, esta conformación tenia absoluta lógica política, pues lograba el objetivo de licuar y disminuir el poder real del Consejo de la Magistratura, devolvía parte del poder a los estamentos estatales que la reforma constitucional había limitado, y conformaba a la familia judicial que, por entonces, miraba con preocupación los eventuales procesos disciplinarios que podían surgir con la nueva ley.-

Que en el año 2022 los representantes de los grandes frentes políticos sigan sosteniendo esa lógica resulta inexplicable y justifica que quienes lo hacen, por lo menos, le rindan un tardío homenaje a Carlos Saúl Menem.

Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional como el recientemente presentado por un grupo de senadores de la coalición opositora que integro, “se mantienen en el horizonte del modelo menemista corporativo del Consejo” como dijo acertadamente Carla Carrizo, con el agravante que tampoco se hacen cargo, ni proponen soluciones, para ningún de los gravísimos problemas que el Consejo ha generado, o se ha mostrado impotente para resolver en sus más de veinte años de vida institucional. -

Generosamente hemos de reconocer al Consejo el modesto logro de haber asegurado un piso mínimo de idoneidad para acceder al cargo de juez. Sin embargo, el costo ha sido altísimo, pues la demora en la tramitación de los concursos ha generalizado la existencia de los jueces sustitutos, cuya debilidad institucional es evidente. Si bien ha sido relativamente eficaz en impedir la persecución de magistrados por el poder político, el control sobre el desempeño judicial ha sido inexistente, y en algunos casos so pretexto de protección de la independencia judicial se encubren practicas insoportables, cuando no delitos de toda laya.-

Deberíamos hoy estos discutiendo como hacer un Consejo ágil, dinámico, y eficiente. Que cumpla con el objetivo constitucional de asegurar la independencia e idoneidad de los jueces y que garantice transparencia y celeridad en la administración del abultado presupuesto del Poder Judicial. En vez de ello, estamos discutiendo como distribuimos el poder entre los estamentos políticos y los grupos corporativos, sin una sola propuesta que vaya un centímetro más allá del modelo menemista del siglo pasado. –

¿Es posible salir de este enredo? Si seguimos atorados en la lógica binaria “Corte si” o “Corte no”, el nudo gordiano seguirá tan firme como siempre. Si recuperamos la estrategia alfonsinista de acordar con quien no coincidimos, y lo hacemos desde la firmeza de nuestras convicciones, podemos reencauzar la discusión sobre otros ejes y recuperar el espíritu de la reforma del 94 en la conformación del Consejo, para que pueda hacer realidad del mandato constitucional de “afianzar la justicia”.

Si hacemos lo mismo, llegaremos exactamente al mismo sitio. Pero estaremos infinitamente peor. Si no tenemos la capacidad de generar el cambio que nos permita reemplazar el Consejo del “modelo menemista corporativo” por un Consejo republicano, democrático y participativo, la sociedad indefensa nos seguirá mirando con sorpresa y perplejidad. Y desde algún lugar, Carlos Saúl Menem podría decir: “vieron, al final, son todos menemistas”.

Diputado Nacional, exjuez federal