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Mercado de trabajo y sistema previsional, dos problemas que se entrecruzan
La situación ocupacional y la cuestión previsional son dos de los tantos problemas que enfrenta la Argentina, con facetas tanto de corto cuanto de largo plazo. Son problemas graves, de solución compleja y que, además, se vinculan entre sí.
Comencemos por la situación del empleo. La última Encuesta Permanente de Hogares, relevada por el Indec y publicada el 21 de diciembre, indica que de la totalidad de la población el 46,7% corresponde a la población económicamente activa (PEA), que trabaja o busca activamente trabajo, y el 53,3% restante se encuentra inactiva. A su vez, la tasa de desocupación llegaba a 8,2% de la PEA, por lo que representa el 3,8% de la población total. Dicho de otra manera, solo el 43% de la población total son activos que trabajan y, de alguna manera, sostienen al resto, sean estos inactivos o desocupados. Si bien la cobertura de la encuesta son grandes centros urbanos, asumiremos la hipótesis que sus resultados son válidos a escala nacional. Este cuadro de situación tiene implicancias de corto y largo plazo.
Entre las primeras hay dos que se destacan: i) pocos trabajadores activos en relación a la población total (una alta proporción de inactivos) y, a la vez, una tasa de desocupación alta; ii) si se agrega la dimensión de la calidad de empleo y la alta informalidad (solo dos tercios de los asalariados se consideran formales), el panorama se ensombrece aún más.
Mirando el largo plazo, la tasa de crecimiento demográfico de la Argentina viene cayendo y eso a la larga afectará el aumento de la PEA. En términos de crecimiento de su economía, si bien la necesidad más urgente es el aumento del stock de capital, es decir inversiones, en el futuro necesitará un crecimiento sostenido del stock de mano de obra calificada que maneje y atienda esas máquinas.
Por eso, hay varias alternativas: atacar el problema del desempleo estructural y gradualmente incorporar a parte de la población hoy económicamente inactiva, lo que requiere un esfuerzo de la sociedad en mejorar la calidad de la educación y en la reconstrucción de la cultura del trabajo. Otra alternativa es aumentar incentivos para atraer a personas que no están en el mercado de trabajo y no integran la PEA. Una tercera es postergar la edad del retiro o jubilación.
Pasemos a la cuestión previsional. La Argentina gasta en jubilaciones y pensiones alrededor del 11% del PBI. Es un sistema que abarca unos 7,5 millones de personas. En cifras aproximadas, 3 de cada 4 beneficiarios pertenece al régimen general y el restante a un conglomerado de regímenes ad hoc por fuera del general que incluye cajas provinciales y profesionales, docentes, FF.AA. y de Seguridad, Poder Judicial, Congreso, etc.,. Estos regímenes tienen, en general, condiciones particulares (y mas beneficiosas respecto del régimen general) en aspectos como la edad de retiro, monto de contribuciones, cantidad de años de servicio exigidos, montos de beneficios, etc. Sin embargo, en el total del gasto previsional, la proporción del porcentaje que corresponde a los regímenes ad hoc crece significativamente. La conclusión obvia es que en promedio los beneficiarios de los regímenes ad hoc reciben un haber que sensiblemente mayor al de los beneficiarios del régimen general.
Los beneficiarios del régimen general pueden dividirse, a su vez, en dos grandes grupos más o menos equivalentes: los que cumplieron en tiempo y forma con los aportes a lo largo de su vida laboral y los que entraron a través de una moratoria. Estos últimos agrandan la base de gasto y contribuyen a que el haber medio baje. Las moratorias indiscriminadas tienen muchos antecedentes en la historia previsional de la Argentina, pero no por ello dejan de ser una pésima práctica en la gran mayoría de los casos.
La sustentabilidad intertemporal del sistema es precaria (como ocurre en muchos países) por que el número de jubilados es alto y crece a tasas mayores de lo que lo hace la población ocupada. El envejecimiento poblacional (el alargamiento de la esperanza de vida) y la informalidad agravan el cuadro financiero del sistema previsional. Este es el punto donde confluyen los problemas de mercado de trabajo y jubilatorio: es necesario aumentar la tasa de actividad (la PEA) y el empleo productivo para que el ratio inactivos/activos mejore y así dan mayor sustentabilidad al sistema.
En conclusión, el régimen previsional requiere una revisión para actualizarlo a los nuevos tiempos en que la expectativa de vida de las personas de 65 años se ha extendido, simplificar la multiplicidad de regímenes sin afectar derechos adquiridos y resolver las inequidades que se observan. La gravedad del problema no deja espacio para que las acciones correctivas se posterguen mucho.
Profesor titular consulto UADE
