1
Milei, frente a la épica del balcón
La condena a Cristina Fernández deja señales hacia adelante, algunas muy gravitantes para el establishment económico; la más obvia es alentadora porque la decisión de la Corte se tomó sin que hubiera una intromisión del Poder Ejecutivo
7 minutos de lectura'
LA NACIONFrancisco Olivera
La última propuesta del Instituto Patria para repudiar el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner era casi tan ambiciosa como la de llenar la Plaza de Mayo: se iba a convocar a los militantes regularmente, una vez por semana, frente al balcón de la expresidenta. ¿Habría cumplido todo el peronismo? La incógnita no será despejada porque ayer Cristina pidió a sus simpatizantes que no se congreguen frente a su casa. Pero se irá improvisando porque todo es nuevo. La consigna consiste en mantener una épica de la condena para que el protagonismo de la jefa no muera.
No es tan fácil porque no todo el PJ está convencido. Hay quienes temen que una provocación convenza finalmente al Tribunal Oral Federal N° 2 de cambiar las condiciones para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. O que la euforia no se sostenga en el tiempo. “Me da un poco cringe, pero por ahí me equivoco”, decía esta semana un diputado frente al video de un grupo de mujeres que, en ronda y con tobilleras de lana multicolor, bailaban en San José 1111 al ritmo de la canción que Lali Espósito le dedicó a Milei.
La nueva etapa hizo además aflorar críticas internas sobre el modo en que la expresidenta ha elegido defenderse. Los detractores más enérgicos de Carlos Beraldi están dentro del kirchnerismo. Algunos son exfuncionarios detenidos en esta y otras causas, o sus propios abogados. Maximiliano Rusconi, por ejemplo, el de Julio De Vido. Objetan que Cristina Kirchner esté optando por una defensa política, no jurídica.
Es la estrategia del balcón. Pero ¿son ideas de Beraldi? En realidad, más bien hacen juego con la postura personal que ella viene tomando desde el principio frente a la Justicia: más desde el lugar de líder que de imputada. En la causa Vialidad, por ejemplo, cualquier abogado le habría sugerido en primer lugar atribuirle los hechos a Néstor Kirchner, demiurgo del método de corrupción de esos años. Pero… ¿y el legado? Hacerlo habría significado asumirse culpable. Y es probable que, pese a las condenas y múltiples pruebas, Cristina Kirchner se sienta inocente.
El Gobierno contempla la escena con ganas de dar la discusión por superada. Dicen que a Milei le molestó, por ejemplo, que los medios de comunicación no les dieran la debida importancia a noticias positivas de estos días, como los indicadores de inflación o la mejora en las ventas en supermercados de abril.
Pero la condena a Cristina Kirchner deja también señales hacia adelante, algunas de ellas muy gravitantes para el establishment económico. La más obvia es alentadora y coincide con lo que el Presidente planteó anteayer en la entrevista con Esteban Trebucq en LN+: la decisión de la Corte se tomó sin que hubiera una intromisión del Poder Ejecutivo. Hay también en el caso una advertencia para futuros gobiernos, incluido el actual: la acción de los entornos no siempre exime a los presidentes de responsabilidad, por más delegativos que pudieran ser.
Más cuando se mezclan política y negocios, algo que siempre es mejor evitar o al menos explicar. Hubo un ejemplo esta semana: Leonardo Scatturice, principal nexo de la Casa Rosada con el Partido Republicano y responsable de la última reunión entre Milei y Trump, acaba de adquirir parte de las acciones de Flybondi, una compañía que venía reprogramando vuelos y perdiendo participación de mercado y que buscaba con urgencia un aportante de fondos. Fue el propio Gobierno el que facilitó la compra hace un mes cuando, al ver que la empresa entraba en crisis, decidió presentarles a los accionistas a Scatturice, dueño de otra aerolínea, Surjet, con sede en Fort Lauderdale. “Unimos las puntas”, dicen en La Libertad Avanza, y argumentan que se trata de “una operación entre privados sin ningún involucramiento de fondos públicos”.
Y es cierto; pero también que Scatturice tiene nexos políticos con Santiago Caputo y que es además, a través de otra de sus compañías, OCP TECH, proveedor del Estado en Trenes Argentinos y en la plataforma Educ.ar, donde acaba de obtener el año pasado la renovación de 223.000 licencias de provisión de tecnología para el Plan Nacional de Alfabetización. Ese contrato, que firmó hace varios años y atravesó los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, fue en octubre extendido 36 meses más por 60 millones de dólares. Una fortuna.
Scatturice es influyente sin cargo. Fue, por ejemplo, quien recomendó a Andrés Vázquez para conducir la DGI. Hay que seguir lo que pasa dentro de ese organismo sensible para entender algunas de las batallas del Gobierno. La que libra por un juicio millonario contra Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, por ejemplo. O la más explícita, que se da también en la Aduana, contra lo que queda del massismo en esa dependencia.
Son disputas de poder con algo de estrategia macroeconómica. El lunes, casi sin ruido, la Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja del Registro Nacional de Agentes del sector a la Obra Social del Personal Aduanero (OSPA), una entidad que pertenece al Sindicato del Personal Único Aduanero (Supara), conducido por dirigentes que han tenido en los últimos años buena relación con el Frente Renovador. En realidad, la OSPA no ha tenido nunca actividad desde que fue creada, en 2017. Pero la noticia no pasó inadvertida en el universo gremial. ¿Es el comienzo de un avance sobre otras obras sociales? ¿Una sobreactuación de fortaleza para encarar negociaciones más de fondo como una reforma laboral? Es probable que en la CGT sospechen que sí. O al menos quienes decidieron no ir a la Plaza de Mayo a respaldar a Cristina Kirchner.
El Supara atraviesa además una situación particular. Carlos Sueiro, su secretario general durante 40 años ininterrumpidos, acaba de pedir licencia por razones personales. Pero apadrina para las elecciones del 13 y el 14 de agosto en el gremio una lista que podría incluir a Ianina Michel, hermana de Guillermo, exjefe de la Aduana, y también empleada del organismo. La pelea promete. Y se acaba de sumar una tercera lista con otro líder ilustre: Ricardo Echegaray, exdirector de la AFIP.
Estas fricciones coinciden con la campaña electoral. Antes del fallo de la Corte, el Gobierno esperaba que Cristina Kirchner encabezara la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Pero la condena trastocó todo. Por lo pronto, la excluyó para siempre de cualquier contienda y removió, así, el gran obstáculo para la renovación del peronismo. En la idea coinciden el oficialismo y parte del PJ. “Ella ya está afuera –dijo a este diario un gobernador de buen trato con la expresidenta–. Veremos si Axel tiene pasta de líder: el que quiera serlo tiene que estar dispuesto a romper”. ¿Podría ser Massa? “Él siempre quiere ser”, contestó un diputado.
Será inevitable que estas cuestiones condicionen las convocatorias frente a lo de Cristina Kirchner. El Gobierno ya las ubica en el pasado. “Partido de despedida”, las definió Milei. Pero necesita consolidar el despegue económico en 2026. Seguramente espera con ansiedad, por ejemplo, la decisión que tomará el martes Morgan Stanley sobre la calificación crediticia del país. ¿Podría subirla de “stand alone” a “mercado de frontera”? ¿O, mejor, a “mercado emergente”, un estatus que la Argentina no logra desde 2018? Sería el paso indispensable para que los fondos de inversión se interesen por los bonos globales y eso empuje hacia abajo el riesgo país. Sin inflación y con la economía creciendo, el balcón no le importa a nadie.
Tipo de trabajo:
opinión
