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Milei y la educación pública
El mundo conoce que la educación cumplió un rol fundamental en la recuperación de Japón en las décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. En medio de una situación desesperante, en que los objetivos principales eran la restauración de la soberanía, lograda cuando culminó la ocupación de EE.UU. con la firma del Tratado de San Francisco en 1952, y el restablecimiento de una economía que atendiera incontables demandas, la educación también ocupó un lugar preponderante.
Entre los gobiernos de los primeros ministros Shigeru Yoshida y Tetsu Katayama, luego de sancionada la Constitución democrática y aún bajo la dirección de las fuerzas de ocupación, existían diferencias, pero también desafíos comunes. Algunos historiadores alegan que una pregunta estaba presente en cada reunión del nuevo gobierno: “¿Por dónde comenzamos?”, se inquirían los líderes japoneses de la posguerra ante un país devastado en todos los aspectos, y que aún sufría los resultados recientes de dos bombas atómicas. La respuesta fue inequívoca: “Por la educación, no nos puede ir mal si la priorizamos”. Así fue como se sancionaron la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Educación Escolar, que fueron promulgadas en 1947 y que con el tiempo colocaron a Japón entre los países líderes, en cuanto a inclusión y calidad educativa.
El presidente Javier Milei debería repasar esta parte de la historia ajena, ya que es renuente a revisar el éxito comprobado de la Ley 1420 de 1884 y del Reformismo Universitario de 1918. El Presidente detesta todos los logros del sector público, los aborrece permanentemente. La frase, que Milei repitió varias veces desde que asumió, “la educación pública ha hecho mucho daño lavando el cerebro de la gente”, es una más que desafortunada definición para justificar su “motosierra”, que hace estragos también en la educación pública.
Con casi seis de cada diez menores de edad en situación de pobreza, desatender la educación pública es un crimen. El presidente Milei jamás estudió en el sistema público, desconoce cómo funcionan sus universidades, los claustros, la autonomía, la libertad de pensar (tanto que la pregona). La mayoría de los presidentes electos, salvo Mauricio Macri, Juan Perón, Isabel y el mismo Javier Milei, fueron graduados de la universidad pública.
Milei lleva 120 días en el gobierno, no visitó aún una escuela pública, pero anunció que no pagará el Fondo de Incentivo Docente, ni el Fondo de Garantía Salarial, ni el de Infraestructura, y solo anunció vouchers de ayuda para familias con hijos en escuela privada, es decir: no piensa hacer nada en educación pública, salvo dinamitar lo poco bueno que queda. Hasta ahora designó a un Secretario de Educación que gestiona poco y solo para escuelas privadas, mayormente dependientes de la Iglesia.
El Presidente maneja una lógica distinta, sueña con familias argentinas ahorrando para pagar los estudios universitarios de sus hijos como en los Estados Unidos. Es hasta iluso creer que un profesional argentino puede llevar el nivel de vida que un colega con el mismo trabajo y responsabilidad en alguna ciudad estadounidense. Un razonamiento naif y cruel, desde todo punto de vista. Pero que tiene aceptación. Muchos economistas que están en su gobierno se formaron en Ciencias Económicas en universidades públicas. Lo mismo pasa con los abogados, cientistas sociales que hoy nutren de manera variada el plantel de cuadros técnicos de su gobierno y de los distintos partidos de la oposición. ¿Cómo es eso que “les lavaron el cerebro” si luego cada uno elige qué hacer con su vida académica y profesional?
La Universidad de Buenos Aires salió a defenderse del recorte impuesto por el Gobierno con una campaña que lleva el lema “Cuidemos lo que funciona. #SomosUBA”, así la UBA se expresó sobre la difícil situación económica que está atravesando y llamó a la ciudadanía a manifestarse en contra del congelamiento presupuestario mediante la recolección de firmas. La pelea del sector universitario con el gobierno nacional será este año uno de los conflictos más duros que el gobierno libertario deberá afrontar. No será sencillo que el movimiento universitario, si decide y se organiza para dar esa pelea, se convierta en un verdadero problema para la gestión Milei, las universidades públicas no son ni la CGT ni el gremio de Baradel. Ahí los actores son los estudiantes, profesores e investigadores. La credibilidad y la inserción social del problema podría cambiar la ecuación de poder.
Ahora, es cierto que la educación pública y privada vienen en pleno retroceso, lo hemos señalado varias veces en este espacio, pero la solución no es desfinanciarla para que desaparezca. Hay debates para dar, por ejemplo, en las universidades sí hay una necesidad de dar una discusión sobre como regular un servicio educativo que supo ser modelo. La Ley de Educación Superior actual rige desde 1995. Mucho cambió el mapa universitario en casi tres décadas, hay más universidades y la oferta se atomizó, para muchos de mal modo, pero es una realidad que necesita ser abordada, y la ley que tutela la vida universitaria de nuestro país fue sancionada cuando no había internet, al menos de modo masivo. Una herramienta que cambió la comunicación y, obviamente, la educación en todos los niveles en todo el mundo, pero que parece que aquí no nos dimos cuenta y sostenemos una norma “analógica” para los tiempos que corren que son tan dinámicos.
¿Por qué no dar un debate sobre el financiamiento universitario? ¿o sobre la regularidad de los alumnos? Hay fórmulas que pueden aparecer como solución, las universidades nuevas y chicas podrían compartir gastos administrativos y liberar presupuesto académico. Encabezar ese debate y darlo abiertamente es lo que haría un estadista con la educación pública de nivel superior en cualquier país del mundo.
Sabemos que el kirchnerismo, abriendo universidades en cada municipio, sin lógica académica, atentó contra los recursos de las grandes universidades como la UBA, Córdoba, La Plata, etc., que además tienen hospitales e institutos de investigación. Que metiendo militantes de La Cámpora en las escuelas a realizar actos de adoctrinamiento generó bronca y la da letra hoy al objetivo del presidente Milei de cortar con todo lo que sea público porque es “insano”. Todo eso sucedió. Por lo tanto, está claro que la famosa “batalla cultural” no la ganó Milei, la perdió el kirchnerismo, y sobre esa derrota frente a la sociedad se extiende la más cruel venganza sobre 140 años de educación pública de parte del autollamado “hombre gris”.
La educación pública debería estar en el Pacto de Mayo, en la agenda prioritaria del actual gobierno y de cualquier otro. Pero, lamentablemente, el Presidente y su ejército de libertarios se subieron sobre el fracaso del populismo kirchnerista y lo utilizan como excusa para terminar de romper la única herramienta de igualdad y posibilidades de futuro que le queda a un país casi devastado. Hay demasiado en juego para que un capricho se la lleve puesta.
