El 7D quedará como el aniversario de la concentración mediática dispuesta por Kirchner
La letra D era por "diciembre, diversidad y democracia", según explicaba el Gobierno en el entretiempo de Fútbol para Todos tres meses y medio atrás, cuando lanzaba el primer spot sobre el "7D". Hoy debería corregir el abanico de asociaciones y poner desatino, desbarajuste, despropósito.
Sin embargo no es cierto que el 7D haya perdido toda significación a partir de la prórroga de la cautelar dispuesta por la Cámara Civil y Comercial. El 7 D seguirá siendo un hito histórico cuando se sintetice en las enciclopedias el papel del kirchnerismo respecto de los monopolios mediáticos. Y eso al 7D no se lo quita nadie, ni la Justicia. Aunque el kirchnerismo había inmortalizado esta fecha bajo el supuesto de que se terminaba una cautelar judicial y el pueblo comenzaba, por fin, a ser feliz, cada 7 de diciembre se seguirá cumpliendo un nuevo aniversario de la autorización presidencial otorgada para la fusión de Cablevisión y Multicanal. Medida del presidente Néstor Kirchner (la adoptó tres días antes de terminar su mandato), que en 2007 consagró todo lo contrario de lo que ahora se sostiene, de manera obsesiva, con la ley de medios en la mano.
Hoy debería corregir el abanico de asociaciones y poner desatino, desbarajuste, despropósito
La Normandía criolla, que no iba a liberar a Europa del imperio nazi sino a la Argentina de la "cadena del desánimo", léase prensa crítica, se frustró. En cuanto al recuerdo del otro 7D, el de 2007, nunca llegó a sonrojar al kirchnerismo, quizás por su gimnasia en contradicciones grotescas. Como la de haber pintado a Carlos Menem como lo peor del pasado para un buen día convertirlo en aliado o haber aborrecido su ambición de un tercer mandato consecutivo para luego plagiarle los argumentos.
Hay algo especulario en la esencia K, un rebote impudoroso entre las antípodas. Ahora mismo algunos kirchneristas dicen que es inaudito tanto escándalo –se refieren a la algarabía opositora- por una cautelar. ¿No había anclado el Gobierno sus ideales de diversidad y democracia justamente el 7 de diciembre por ser este el día que vencía una cautelar?
El 7 D seguirá siendo un hito histórico cuando se sintetice en las enciclopedias el papel del kirchnerismo respecto de los monopolios mediáticos
En una cosa, sin embargo, el razonamiento acierta. Quizás la cautelar no fue lo más importante que pasó sino la durísima declaración de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, difundida cuatro horas antes. Los voceros del Gobierno podrán seguir repitiendo hasta el cansancio que el camarista Francisco de las Carreras viajó a Miami pagado por el Grupo Clarín (una tergiversación maliciosa), o que Susana Najurieta, la otra camarista que prorrogó la cautelar, se contagió la corrupción de aquel (ya que a ella no le encontraron nada para recusarla, pese a lo cual igual entró en la segunda ronda de recusaciones masivas). Repetirá, en fin, que esos jueces son esbirros de Magnetto, que reciben órdenes de Clarín, las descalificaciones siempre tan sutiles del repertorio K. ¿Pero cómo explicar que las asociaciones de jueces de todo el país, nucleadas en una asociación que presiden las intachables integrantes de la Corte Elena Higthon de Nolasco y Carmen Argibay, repelen con inédito ardor los "mecanismos directos o indirectos de presión" a los que el Ejecutivo viene sometiendo a los jueces? De tan descabellada la idea de que todos forman parte de una "corporación judicial" golpista podría procrear la hipótesis opuesta: que el Gobierno hizo todo mal porque en verdad quería favorecer de nuevo, como en 2007, al Grupo Clarín, su patrón secreto.
¿No había anclado el Gobierno sus ideales de diversidad y democracia justamente el 7 de diciembre por ser este el día que vencía una cautelar?
La realidad probablemente sea más compleja de lo que describe el relato kirchnerista con estética de historieta. Ante un avasallante planteo binario de malos y buenos, con una sociedad dividida ex profeso entre Clarín y la Patria, a los jueces probos les sucede algo parecido a lo que padecen hoy la mayoría de los periodistas profesionales. Deben hallar un lugar donde pararse sin aparecer alineados con uno de los bandos, sólo haciendo bien su trabajo, esfuerzo que choca a diario con el reduccionismo huracanado del Gobierno y su potente artillería mediática, que sólo distingue amigos y enemigos. Ahora para responder políticamente a la prórroga de la cautelar volvió el estilete de que a los jueces nadie los votó, el mismo que usaron en otras oportunidades voceros oficiales para tratar de deslegitimar a los periodistas (en todo caso con menor rigor aun, porque a los jueces los propone el Poder Ejecutivo, los bendice el Legislativo y puede someterlos a revisión el Consejo de la Magistratura). Tampoco los cirujanos son elegidos por voto popular y eso, que se sepa, no disuade a los pacientes que necesitan entregarse a sus manos. Ni juntan votos los policías ni los militares que arma el Estado. Por lo demás, tampoco se ha podido probar que el voto popular garantiza sabiduría ni calidad moral, aunque sin duda a los gobernantes les da legitimidad de origen.
¿Qué sería un juez probo? Por ejemplo, la ya nombrada Carmen Argibay, quien entre otras cosas tuvo la entereza suficiente como miembro de la Corte para votar en contra de la declaración de inconstitucionalidad de un indulto que favorecía a un represor porque lo beneficiaba el principio de cosa juzgada, pese a haber estado ella nueve meses detenida durante la dictadura sin juicio ni proceso. ¿No están para eso los jueces, para hacer justicia incluso en contra de sus gustos y creencias personales?
¿No están para eso los jueces, para hacer justicia incluso en contra de sus gustos y creencias personales?
El Gobierno, por lo visto, piensa que no. Que los jueces deben seguir el gusto oficial. Fallar contra lo que sostiene la Casa Rosada, ha dicho nada menos que el ministro de Justicia, importa un "alzamiento". Se sostiene que la ley de medios fue votada "en democracia" por "una mayoría legítima", como si eso -común a miles de leyes- la exceptuara de la potestad que tienen todos los jueces de declarar inconstitucional una norma.
Sin duda, tiene razón ahora el oficialismo cuando dice que acá no se trata de una simple cautelar.
