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Las ONG, en la mira
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Pedro Luis Barcia sostiene que cuando se acaban las palabras, se impone el tono. Podemos proyectar este concepto a la política y sostener que cuando se acaban los argumentos que construyen, se imponen las palabras que destruyen. Esto es peligroso, porque la narrativa social, en lugar de institucionalizarse y convertirse en relato integrador de lo público, se desintegra en discurso impuesto o arenga dogmática que fragmenta a la sociedad y descalifica a sus miembros.
La reciente referencia presidencial a la ONG Poder Ciudadano genera la oportunidad de verificar el relato público sobre las organizaciones sociales. La Presidenta sostuvo: "(?) En realidad, parece ser que cuando las ONG tienen una determinada orientación, son malas, porque también recuerdo a una organización muy mentada, como fue Poder Ciudadano, que era una organización muy independiente y su presidenta, una de sus miembros más conspicuas, terminó siendo diputada por un partido de centro derecha". Y agregó: "Parece ser que cuando se es de centro derecha, se puede ser independiente, miembro de una ONG y participar en política, y cuando sos un poco más afecto a lo nacional, a lo popular, a lo democrático, parece ser que allí hay objeción".
El relato público no puede construirse desde la objeción a las misiones institucionales de las ONG, pero tampoco desde la condena a las decisiones personales de sus dirigentes. Las organizaciones sociales son espacios partidariamente independientes, integrados por personas social y cívicamente comprometidas, a las cuales no se puede condenar al exilio político. La fundación Poder Ciudadano es un caso paradigmático que ha aportado numerosos dirigentes sociales a muchas causas políticas expresadas desde diversas agrupaciones, como por ejemplo la elípticamente referida Laura Alonso, que se desempeñó como directora ejecutiva de la institución hasta ser electa diputada nacional por Pro. Pero mucho antes, las cofundadoras Marta Oyhanarte y Mona Moncalvillo cumplieron roles durante algunos de los tres períodos de gobierno del Frente para la Victoria. Podemos agregar los nombres de Daniel Filmus, actual senador por el mismo frente político, que fue miembro del consejo directivo, o Daniel Arroyo, actual director ejecutivo, viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner y luego ministro de la misma cartera de Daniel Scioli en la provincia Buenos Aires. También integraron Poder Ciudadano María Eugenia Estenssoro, senadora por el ARI; Norma Morandini, senadora de la fuerza liderada por Luis Juez, o el fallecido periodista José Ignacio García Hamilton, diputado por el radicalismo.
En el ejemplo presidencial, lo objetable es el propio ejemplo, pues la pluralidad de las personas es la mejor muestra de la independencia de la organización. Pero además resultan objetables, por atentar contra las condiciones de independencia de todas las organizaciones de la sociedad civil, algunas situaciones que pasan del relato a las acciones concretas.
Una se liga al financiamiento internacional de estas organizaciones. Desde hace años, América latina no califica como región prioritaria para recibir cooperación internacional; dentro de la región, la Argentina está aún más lejos de despertar interés. Pero a eso se suma el mensaje actual que la Cancillería argentina disemina por el mundo, que sostiene que nuestro país es una nación donante que no requiere fondos de cooperación internacional y practica una diplomacia de hostigamiento a quienes quieren cooperar e invertir socialmente en el país de manera independiente del Estado. Esto permite calificar al país de una nación con recursos propios que fomenta un contexto hostil para la cooperación internacional, desfinanciando peligrosamente la agenda cívica ligada a derechos humanos, promoción de transparencia y fortalecimiento de ciudadanía e institucionalidad.
Además, existen posiciones gubernamentales desde donde el Estado cumple un rol denigrante, perverso y corruptor de las organizaciones sociales.
Denigrante porque, de acuerdo con el relato oficial, desde 2003 el Estado se ocupa de la gente; por lo tanto, las organizaciones sociales plurales ya no son necesarias para acompañar políticas públicas, salvo aquellos espacios que validan las políticas del Gobierno desde la alabanza genuina o desde el silencio forzado.
Perverso, porque se utilizan las figuras legales de organizaciones sociales para financiar asociaciones ilícitas, como sucede con los clubes de fútbol, fachada desde la cual se subsidia a los barrabravas que la política utiliza como fuerza de choque. El programa Fútbol para Todos es un cheque en blanco que se firma con la sangre de las 268 víctimas del fútbol, de las cuales 168 ocurrieron durante la gestión de Grondona y 55 durante la gestión kirchnerista.
Corruptor, porque corrompe a las organizaciones sociales girando hacia algunas de ellas millones de pesos del presupuesto público sin ningún tipo de control para que lleven adelante acciones que nada tienen que ver con su misión fundacional. El caso paradigmático es lo sucedido con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los negocios de familia establecidos en el rubro inmobiliario.
No existe un marco normativo pensado para las organizaciones sociales y mucho menos para los movimientos sociales y las organizaciones de base. El esquema impositivo tampoco es el adecuado y la regulación laboral no contempla el modelo de financiamiento de las organizaciones para la contratación de sus recursos humanos. Por lo tanto, lo objetable no es la orientación política que las organizaciones den a sus causas, así como la independencia de las instituciones no radica en las preferencias partidarias de sus miembros. Lo verdaderamente objetable es que el principal factor que atenta contra la independencia de las ONG está basado en muchas de las políticas gubernamentales, que las convierten en rehenes de los contextos que deberían modificar, de los Estados que deberían controlar y de las autoridades ante las cuales deberían peticionar.
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