Ni un pelo de negligentes a la hora de excluir

Parece una excusa de ministros o secretarios con ganas de postergar medidas. ¿O así funciona el Gobierno? La escucharon esta semana empresarios y, urgidos por el cierre de listas, dirigentes políticos: cuando consultaron sobre demoras en decisiones para sus respectivas áreas, les contestaron que, con Cristina Kirchner fuera de escena por la internación de su hija, había cuestiones que deberían esperar. Fue un mensaje similar para todos. El silencio de la jefa abarca desde temas energéticos y candidaturas hasta otros más candentes como, por ejemplo, el desarrollo local de las vacunas.

Es cierto que el Covid dificulta cualquier proyección medianamente seria. Pero cuesta entender que el diputado peronista Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, insista en que van a “sobrar vacunas” el mismo día en que Alberto Fernández se queja delante de su par español, Pedro Sánchez, de la falta de solidaridad de un mundo desarrollado que se ha quedado con el 90% de las dosis. ¿Sobran o faltan? ¿Cuál sería entonces la razón por la que la provincia de Buenos Aires viene advirtiendo que la inmunidad que otorga la primera dosis de la Sputnik V no tiene fecha de vencimiento, aun sin ensayos que respalden la afirmación? Es exactamente lo contrario a lo que hace el gobierno chileno, que prefiere reforzar con la segunda a quienes ya recibieron la primera dosis en lugar de avanzar en número de habitantes con una sola aplicación. En Estados Unidos, destino de muchos latinoamericanos que han optado por las de ARN mensajero, las últimas recomendaciones son bastante estrictas y se emplean incluso para la admisión en universidades: hay que respetar los 21 días de intervalo para la de Pfizer y los 28 para la de Moderna si se pretende aprovechar las ventajas de una mayor memoria celular.

En el Gobierno avanzan con lo que está disponible. Apuestan ahora a cubrir el faltante de las segundas dosis de la Sputnik con otra similar, también de vector viral no replicante, la de AstraZeneca. Es lo que acordaron con este laboratorio para un futuro que, si se atiende a las declaraciones de los funcionarios, parecería acotado a este invierno. Por lo pronto en la estrategia de compra de vacunas: el Gobierno no ha tomado una precaución que recomiendan los especialistas, la de tratar con varios oferentes al mismo tiempo porque en las epidemias abundan los fracasos y faltan éxitos.

Es indudable que al diálogo con algunos laboratorios le falta fluidez. El martes por la mañana, dos horas antes de que Carlos Vaquer, CEO de Pfizer, expusiera en la Cámara de Diputados por pedido del oficialismo, Yedlin interrumpió a Marcelo Longobardi, que lo entrevistaba en Radio Mitre, cuando el periodista le empezaba a preguntar el motivo por el cual el Gobierno había “depuesto” el acuerdo por 14 millones de dosis con ese laboratorio. “¡No depuso, no hay ningún acuerdo, es mentira! –contestó el diputado– ¡Es mentira lo de los 14 millones de dosis! ¡No es cierto! Y hoy esperemos que Pfizer lo aclare: no hubo ningún acuerdo de 14 millones de dosis. ¡Y se repite, y se repite lo de los 14 millones de dosis!”. Hubo que esperar muy poco para que Vaquer confirmara la oferta y fuera incluso más preciso. Fueron 13,2 millones, dijo. ¿Puede ser que Yedlin, autor del texto de la ley de vacunas, ignorara en ese momento el dato? ¿No lo había llegado a hablar con Ginés González García, que confirmó ese volumen inicial cuatro días antes de la reunión en el Congreso, el viernes de la semana pasada, en una entrevista con Pablo Sirvén en LN+?

Repasar las declaraciones y los documentos del caso Pfizer indica que el Gobierno no tuvo la mínima intención de acordar. Es lo que sospecha parte de la administración de Biden, decidida ahora a donar al mundo vacunas fabricadas en su territorio. “Cumpliremos sin condiciones”, anticipó anteayer en Twitter Juan González, director para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, en un posteo que escribió en portugués sobre la noticia de que Sinovac le había ofrecido a Bolsonaro cumplir con los contratos a cambio de que no criticara a China. Pero argentinos que han tomado contacto últimamente con funcionarios demócratas por temas bilaterales como el respaldo ante el FMI temen que, aunque lo niegue en público, para Estados Unidos será inevitable caer en cierta “diplomacia de las vacunas” si la Argentina sigue, por ejemplo, obstruyendo contratos con laboratorios norteamericanos o votando contra Israel o a favor de Venezuela en foros multilaterales. Esta presunción arranca en las dos vacunas elegidas para donar, Pfizer y Moderna, mientras sobran en ese país unos 60 millones de dosis de AstraZeneca, la única de ese portafolio con que la que el Gobierno tiene acuerdo.

Parte de estos misterios empezarán a develarse en las próximas semanas. Será inevitable que el Departamento de Estado le preste atención a las negociaciones del Gobierno con Pfizer y Johnson & Johnson y al interés por acordar. La experiencia con Moderna no muestra fervor por las vacunas norteamericanas. Tal como publicaron en abril Claudio Jacquelin y Hugo Alconada Mon, Eduardo Eurnekian le ofreció a principios de diciembre a Alberto Fernández contactarse con Noubar Afeyan, presidente de Moderna, a quien conocía por sus vínculos con la comunidad armenia. Pero el jefe del Estado argentino se demoró en llamarlo y, en la conversación, que se hizo recién el 14 de enero y de la que participó González García, el laboratorio contestó que no podría entregar nada antes del segundo semestre. ¿No valía la pena seguir al menos en contacto, si se supone que la Argentina deberá seguir vacunando por varios años?

En la industria de los laboratorios, un universo complejo, desconfiado y pródigo en lobbies y prebendas, un desdén puede ser malinterpretado. Por la naturaleza del negocio y por el rol que tiene el regulador: la exclusión favorece inevitablemente a los competidores. Por eso provoca todavía suspicacias la palabra “negligencia”, incluida a último momento en la ley de vacunas como excepción a la indemnidad que se les daba a los fabricantes ante posibles reclamos. Vaquer dijo en Diputados que el Gobierno conocía de antemano sus exigencias. ¿Hubo entonces una cláusula anti-Pfizer? Esa sospecha de un traje a medida cobró fuerza la semana pasada, cuando el Ministerio de Salud contestó a un pedido de información pública de los diputados Juan Manuel López y Rubén Manzi (CC-ARI) con un párrafo revelador: Pfizer, decía, fue el único laboratorio que exigió excluir la palabra negligencia no solo del contrato, sino también de la ley. El resto aceptó acotar los alcances en el contrato, sin modificar la ley. Esa sutileza distingue el lobbying de una multinacional clásica norteamericana del que ejercen, en cambio, empresas estatales o con mejor llegada a los gobiernos de cada país. Mientras las compañías globales buscan influir en las leyes, las públicas negocian de Estado a Estado, y las locales, de ejecutivo a funcionario. Cuando las condiciones deben ser discutidas en un despacho privado, no en el recinto legislativo, el más efectivo es el “especialista en mercados regulados”.

Una eterna regla argentina. La que distingue una democracia liberal de una corporativa. Y lo que explica últimamente tanta precaución de los funcionarios ante una jefa en receso o en silencio. Otra enseñanza de este tiempo: el exceso de palabras es a veces lo opuesto a la autoridad.