Nisman, la herida abierta

Lo ha reconocido el presidente de la Nación: “Son muchas las deudas sociales pendientes”. ¿Podría ser de otro modo? Nuestra democracia alcanzó maltrecha el desenlace electoral de 2015. El relevamiento de los síntomas de su descomposición incluye la negativa de la ex mandataria a entregar, a quien la sucedió, los atributos del mando. Indispensable para ordenar el proceso de reconstrucción que exige la República, ese relevamiento propone una tarea complejísima. Hay, por un lado, problemas cuya resolución no admite dilaciones; por otro, la superación de tamaño deterioro no puede cumplirse sino paso a paso, gradual y lentamente, puesto que es estructural el daño que intenta repararse. El hecho es que, con aciertos indiscutibles y desaciertos más que evidentes, el Gobierno ha emprendido esa inmensa tarea de reconstrucción que reconoce, con el presidente Macri, que la fragilidad institucional “es la carencia mayor que tiene la Argentina”.

La demanda social, fatalmente atada a la coyuntura, se hace oír a través de múltiples voces. Todas se pronuncian al unísono, se agolpan, se superponen. Nadie, entre quienes dan sustento a esa diversidad, está dispuesto a bajar el tono de su reclamo. Muchas de esas voces responden a un apremio real, inaplazable. Otras, que no son pocas, a la especulación política, pues cada acierto del Gobierno representa para ellas un retroceso en su protagonismo contestatario. Hay, pues, autenticidad en muchos, impostura en otros, inquietud en todos. Hipocresía y franqueza se disputan el escenario político con el afán de monopolizar la atención y lograr sus fines.

Enumeremos entre esas deudas sólo algunas: sigue vigente el desempleo y es acuciante todavía la anemia salarial. Hay zonas del país donde la intemperie, en términos de salud pública, es sencillamente pavorosa y desnuda la sustancia de la “década ganada”. Hay alquileres prohibitivos en los que el acceso a la vivienda debería verse facilitado. Y está el drama de la pobreza que linda con la miseria y persiste, sin mengua, desde hace incontables años. La escolaridad a nivel nacional revela un cuadro de posguerra. Y siguen siendo miles los chicos que no estudian ni trabajan. Por lo demás, resalta hasta el escándalo “la cobardía del dinero”, como ha sabido llamar el periodista Julio Blanck a la mezquindad de los poderosos y abastados frente a un ideal más alto que el de la rentabilidad inmediata. Y, enmarcando este juego de luces y sombras, están Cambiemos, con su sonrisa, y el peronismo, con sus múltiples cabezas de dragón buscando despegarse de su sombra maltrecha. Súmense a eso la fragilidad escandalosa de nuestras fronteras, el festín del narcotráfico y la inseguridad que no cede. Y el espectáculo cada día más inaudito, a fuerza de ser real, de los piratas que han saqueado el Estado simulando ejercer la función pública.

Pero vayamos a la raíz de esta pesadilla, a la raíz que la nutre y la alienta. En ella cabe reconocer el dilema moral más profundo de la Argentina contemporánea. Y ese dilema consiste en decidir si seguiremos viviendo de espaldas a la ley o subordinados a ella.

¿Cómo negar que si la pobreza prospera entre nosotros es porque estamos fuera de la ley? ¿Y que si entre nosotros la educación es un fracaso y la salud, una hipoteca que pesa sobre varias generaciones de argentinos, es porque estamos fuera de la ley? De la ley que exige el afianzamiento de la justicia social, de la ley que da respaldo a la dignidad de la persona. De la ley que asegura el derecho a la capacitación. De la ley que nos permite reconocernos como ciudadanos, de la ley que hace del prójimo un deber ineludible. Y del diálogo, la más alta configuración de la política.

Por estar fuera de la ley así entendida, la política perdió sentido, es decir, representatividad. Enmascarada en la simulación, convirtió las investiduras en la expresión de una farsa. Lejos, muy lejos de toda sustancia moral. Fue pretexto, estafa, herramienta del engaño, desprecio de todo propósito solidario, impulso excepcional al desencanto cívico. Por último, un balazo en la cabeza de un fiscal de la Nación coronó la corrupción más honda alcanzada por las instituciones del Estado, desde el retorno a la democracia en 1983. Retorno trunco, por lo demás, transición vacilante y sustancialmente incumplida, del autoritarismo a la democracia.

El feroz menoscabo sufrido con la muerte de Nisman y la brutal subestimación en que se intentó sumir su causa no dejan de tener su explicación. En ella se caracteriza a quienes fueron, hasta 2015, las más altas autoridades de la Nación, como encubridores de los asesinos que, en 1994, promovieron y ejecutaron el peor atentado terrorista llevado a cabo contra el país. Es decir, a quienes no vacilaron en inscribir las instituciones argentinas en un nivel de autodestrucción jamás alcanzado desde la práctica del terrorismo de Estado desatado en 1976. En otros términos: menoscabo y subestimación que resaltan el escalofriante desinterés del Estado nacional en combatir su propia descomposición.

Contra esa descomposición que no es fruto de otra cosa que de la complicidad con el delito por parte de quienes debían combatirlo, se rebelan hoy todos aquellos que han venido exigiendo lo que finalmente tuvo lugar: la reapertura de la causa Nisman. Ese reclamo decidido y creciente remite a las alternativas de una lucha sustancial. Se trata de decidir si la Argentina seguirá o no a merced de su pasado delictivo; si la Argentina optará o no por un porvenir que aspire a verse liberado del predominio impune de la corrupción.

Al llegar aquí tocamos el punto álgido. La llaga. La Justicia, en la Argentina de la democracia presunta, recibió un balazo en la cabeza y la investigación que provocó ese balazo terminó en un basurero. De no llevarse la investigación ahora reabierta hasta sus últimas consecuencias y encararse la búsqueda decidida de la verdad acerca de lo ocurrido aquí el 18 de julio de 1994, la Argentina no tendrá futuro moral. Podrá contar con inversiones extranjeras, mejores universidades públicas, desarrollo tecnológico, cuidado ambiental, baja inflación, buenos servicios de luz y gas, rutas seguras, escuelas eficientes, hospitales competentes. Pero seguirá siendo un país miserable porque habrá renunciado a su dignidad. Será país, pero no será república. En él habrá consumidores, pero no habrá ciudadanos. Habrá bienestar objetivo en la superficie, pero en el fondo palpitará la anemia cívica. El pragmatismo reinará donde no gobierne la ética. La vida y la muerte, en suma, habrán perdido valor. En la palabra sólo abundará la elocuencia del engaño. La retórica del poder que avasalla a la ley, pero no el aliento de la verdad. A los desaparecidos de la dictadura y a las víctimas de la guerrilla, así como a los excluidos de 2001 y al primer desaparecido en democracia, Jorge Julio López, se habrán sumado, definitivamente y como remate de la degradación, los muertos de AMIA y el cuerpo de Alberto Nisman. El desprecio definitivo de lo sucedido nos impedirá saber qué hicimos de nosotros: qué hubiéramos podido hacer de nosotros con lo que tuvo lugar entre nosotros. A doscientos años de nuestra independencia nacional, se habrá consumado nuestra extinción como república apegada a la ley. Eso, repito, no impedirá nuestra prosperidad material. Es perfectamente posible compatibilizar el progreso objetivo con la miseria moral. No seremos el primer país en el mundo donde se logre semejante comunión. Pero si durar nos importara más que vivir, seremos espectros satisfechos. Porque la integridad no es lo mismo que la resignación. Ni el coraje lo mismo que la claudicación. Ni la lucidez lo mismo que la insensibilidad y la silenciosa obsecuencia con quienes aspiran a sepultar en el olvido la tragedia argentina.

Nisman y AMIA son términos que han dejado de designar, únicamente, a un individuo y una mutual judía. Se han convertido en metáforas quemantes de una deuda moral de toda la Nación. Como afirma la solicitada dada a conocer semanas atrás y en la que se reclama, como ahora ha ocurrido, la remoción del juez Rafecas, “el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la AMIA, constituye también un delito de lesa humanidad”. La Argentina, en consecuencia, habría sufrido tres atentados: uno, por parte de un gobierno extranjero; el otro, por parte de un gobierno nacional que pretendió encubrir al primero. Y el tercero, de carácter moral, por parte de quienes, pudiendo optar por la verdad, prefirieron la mentira.