No es cuestión de semántica

Por Norberto H. García Rozada
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11 de diciembre de 2001  

"Señor senador por la Capital Federal..." El lapsus linguae escuchado en la Cámara alta del Congreso de la Nación fue rápidamente trocado por "señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". No obstante, quedó flotando en el aire, a título de demostración de que a más de un lustro de la consagración constitucional de la autonomía porteña, esta nueva condición de la ciudad todavía no se ha instalado del todo en el conocimiento y el lenguaje cotidiano de importantes grupos de la sociedad.

Abundan los ejemplos. Por allí, un dirigente de los vendedores callejeros proclama, ante la sede del gobierno local, que ha venido a dialogar con "la municipalidad" (fantasmal interlocutor tuvo el buen señor, puesto que dejó de existir hace varios años). Por acá, la empleada de una concesionaria de servicios públicos que, al dársele por dirección la ciudad de Buenos Aires, inquirió acerca de "¿en cuál localidad y partido?", y fue menester traducirle que se trataba de la Capital Federal ("Ahhh..., como me dijo Buenos Aires", terminó por ser la aun más desorientada disculpa).

La semántica estudia el significado de las palabras. Pero el cuestionamiento que en esta reflexión subyace no es de exclusivo orden semántico, sino más bien institucional y político.

El día en que los porteños comprendan que ya no viven en un municipio e interpreten que la denominación Capital Federal es propia de una transitoria -aunque, por supuesto, honrosa- condición jurídica, es probable que se decidan a hacer valer la plenitud de los derechos que, simple y sencillamente porque es autónoma, son patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.

Hay quienes así lo han comprendido y trabajan con la sana intención de que llegado ese momento, la ciudad no carezca de las indispensables herramientas que le permitirán aplicar en plenitud las facultades de jurisdicción y legislación dispuestas en la Constitución Nacional.

Tal es el caso de la presentación, realizada el jueves último, de los juristas -no solamente locales y seleccionados por la Comisión de Códigos presidida por el Dr. Julio Di Giovanni- ocupados en redactar los anteproyectos de códigos procesales civil (con acento particular en el capítulo de familia), contencioso-administrativo y penal que habrá de utilizar la ciudad el día en que fueren removidos los obstáculos que todavía le impiden completar su estructura judicial.

¿Acaso una anticipación innecesaria? Para nada. A Pérez, atento oyente de los discursos allí pronunciados, le llamó la atención el unánime asentimiento del auditorio cuando el Dr. Julio Maier -penalista e integrante del Tribunal Superior de la ciudad- afirmó, rotundo, que encarar esa tarea equivalía a dar un paso adelante en la afirmación de esa autonomía porteña cuya aplicación, así quedó demostrado, no es producto de una mera preferencia semántica.

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