No sólo en Wall Street hay buitres
Para parte del kirchnerismo, el fallo que procesó a Boudou es casi traición a la patria cuando habría que estar unidos ante los holdouts; sin embargo, criticar al capitalismo usurario no debería hacernos olvidar lo que ocurre aquí
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Para el aparato ideológico oficial, la resolución por la que el juez Ariel Lijo procesó al vicepresidente Amado Boudou es traición a la patria, y quienes la elogian son cipayos. Puesto que la Argentina, razonan, es agredida por el capitalismo financiero mundial a través de uno de sus representantes, el perverso juez de Nueva York Thomas Griesa, todo aquel argentino que no se inscriba en la defensa del Gobierno le clava un puñal por la espalda? a la Nación. Nadie lo ha dicho más claramente que el director de un diario oficialista, en su editorial del domingo 29 de junio: "La Argentina se enfrenta a un litigio internacional por la deuda, donde no hay buenos. El éxito del Gobierno es el éxito del país y lo mismo ocurre con su derrota. En medio de la tormenta, acorralar penalmente al segundo en la sucesión presidencial no parece inocuo".
Más claro, el agua: el que no está conmigo, está contra la patria. Los comunicadores oficialistas, ante la contundencia de la resolución del juez Lijo, han oscilado entre dos actitudes. La primera es el silencio, la negación de la realidad, desentenderse del procesamiento, como si diera igual que el reo fuera el vicepresidente de la Nación o el almacenero de la esquina. La segunda actitud es el discurso nacionalista exasperado, en el que se califica de forma infamante a todo aquel que no repudie el fallo de Lijo.
La resolución de Lijo relata la forma en que personas concretas han participado en una actividad delictiva para apoderarse de bienes, aprovechándose de sus cargos e influencias. Algunas de esas personas, ahora, son quienes "defienden" nuestros intereses en las negociaciones de Nueva York. Por eso las dos causas -los juicios de los holdouts contra el Estado argentino y el proceso contra Boudou- están vinculadas.
Para muchos argentinos de bien, como para muchos ciudadanos libres del mundo, lo que hacen grupos de usureros privados que, en beneficio de sus bolsillos, no vacilan en perjudicar no ya a los Estados, sino a los ciudadanos comunes, son actos antiéticos y deben ser condenados y, en la medida de lo posible, combatidos. Pero una buena causa no puede servir de alfombra para esconder el polvo debajo de ella. Me niego a participar en esa ceremonia de la confusión que proponen el Gobierno y sus opinadores. Estoy contra la extorsión de los usureros acreedores de afuera y estoy contra los argentinos que, al mismo tiempo que proclaman su adhesión a la revolución nacional y popular, se llenan los bolsillos con dinero que nos pertenece a los ciudadanos.
No sólo en Wall Street hay buitres. También puede haberlos en Puerto Madero.
Un hecho explícito mostró la urdimbre que liga el fallo del juez federal de Buenos Aires con el fallo del juez de Nueva York. Un tal Guido Forcieri, antiguo colaborador de Boudou en el Ministerio de Economía, fue citado a declarar en el juzgado de Ariel Lijo, en el marco de la causa Ciccone. El ahora representante argentino en el Banco Mundial había emprendido el viaje, desde Washington, rumbo al juzgado federal de Comodoro Py cuando, a la altura de Dallas, alguien (¿puede dudarse de quién?) le ordenó desandar el camino. Obediente, el señor Forcieri se volvió a Washington. Le escribió al juez Lijo pidiendo que se postergara su comparecencia, ya que debía permanecer en el exterior para "trabajar contra el fallo de Griesa". La incomparecencia de este testigo es un eslabón de la estrategia que el Gobierno fijó para defender a Boudou y sus cómplices: embarrar el expediente mediante ardides procesales y, si no se puede, por lo menos dilatarlo.
Nada mejor para estirar el juicio a Boudou que alegar el juicio de los acreedores contra la Argentina.
El Estado argentino, el mismo que debe defender nuestros intereses ante acreedores y jueces extranjeros, es el que está complicado en nuestro Mani pulite. Porque en el caso Ciccone, habrá que repetirlo una y mil veces, el procesado es el vicepresidente. ¿Con qué autoridad moral y con qué solvencia técnica van a negociar nuestros representantes ante los acreedores si en el currículum de algunos de ellos hay dudosos antecedentes de corrupción? ¿O quizá se piensan que los acreedores, los abogados de los acreedores, los bancos, los demás Estados no leen la prensa mundial, en la que los episodios de la corrupción en la Argentina, que involucran y manchan a altos funcionarios, son ventilados con amplios titulares?
El mundo es un pañuelo. Y la corrupción no es una invención local. En este momento golpea en España, en el cuerpo de un miembro de la casa real, el máximo poder del Estado: la infanta Cristina ha sido procesada por corrupción. En Francia, ingresó a la cárcel el ex presidente Nicolas Sarkozy. ¿Cómo podemos aceptar que nos represente en el mundo un hombre al que un pronunciamiento judicial -las precisas, macizas, tremendas 333 páginas escritas por Ariel Lijo en las que procesa al vicepresidente- pinta como un pícaro que organizó una asociación poco lícita para apoderarse del negocio de la fabricación de moneda? ¿Cómo podrá la Argentina atraer inversores si los que vengan tendrán que lidiar con estos interlocutores de parche negro y pata de palo? ¿Cómo van a presentarse en el mundo empresarios, deportistas, científicos, artistas, creadores y emprendedores argentinos si quienes los llevan de la mano son valedores y aplaudidores de ciertos malandras a quienes el acto corajudo de un juez solitario ha puesto ahora en la picota? ¿En qué sótano del mundo deja a la Argentina la conducta de un vicepresidente que, pese a la contundencia de las pruebas que señalan su conducta corrupta, sigue amparado y prohijado -se diría blindado- por el Estado?
La frase que cito arriba, en el editorial del diario oficialista, es una forma de extorsión. ¿Para defender a la Argentina frente al capitalismo usurario debemos convertirnos en sumisos de un gobierno corrupto o abdicar de los señalamientos críticos con él?
Mi respuesta es: no.
La corrupción del gobierno argentino no es un mal menor que debe ser disimulado en función de un bien superior, falaz argumento al que nos quiere llevar el oficialismo. Esa corrupción, además de ser una losa para nuestra recuperación como país, es la principal responsable de nuestras desdichas. En el exterior y en el interior.
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