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Nuestra organización institucional
Por Ricardo López Murphy Para La Nación
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La combinación del sistema constitucional democrático con la vigencia real de una economía de mercados es la opción más coherente desde la perspectiva de los principios y la más exitosa desde la perspectiva de los resultados. Se trata del fundamento indispensable de las economías de alto rendimiento, únicas capaces de satisfacer las expectativas sociales. Sin embargo, en nuestro país, los actuales resultados son magros.
Echar las bases del sistema ha sido menos difícil que hacerlo funcionar.
Es que nuestro acierto al optar por la mejor fórmula no exime de la obligación de operarla honrada y eficazmente, algo que no se ha hecho. Vivimos una grave recesión, muy alto desempleo, muy altos déficit fiscales, muy altas tasas de interés pagadas por préstamos que financian esos déficit, muy alto endeudamiento externo. Nuestra economía es de poca competitividad.
Una causa principal de la vasta distancia entre los objetivos perseguidos y los logros alcanzados consiste en la escasa capacidad gubernamental para operar la generalidad de nuestras instituciones, nuestro sector público en su conjunto. A su vez, esa incapacidad es causada por cierta profunda incomprensión de lo que implica la conducción conjunta de una economía de mercado y una democracia constitucional.
Es vital comprender que la eficacia de las instituciones y la plena vigencia, también en la esfera económica, del Estado de derecho es un insumo, un componente indispensable de los procesos productivos.
Limitada acción del gobierno
El derecho de las democracias constitucionales ampara el funcionamiento real de los mercados, tal como protege el ámbito personal y patrimonial de los habitantes. Reconoce que la tarea gubernamental es limitada, restringida a los problemas que no pueden ser resueltos por el consenso de las partes y la iniciativa individual o comunitaria. La obligatoriedad y la coacción se reducen a lo imprescindible, tanto en la esfera económica como en lo personal. Esta intervención restrictiva se expresa también en la regla de no otorgamiento de subsidios públicos, menos aún de manera discrecional. Esto es decisivo para obtener mejor asignación de los recursos, promover la creatividad y permitir la realización de los proyectos personales conforme a los principios del pluralismo de ideas.
Aun siendo libre en sus determinaciones y conductas, el espacio privado se encuentra sometido al imperio de la ley. De aquí la absoluta necesidad de tribunales activos, diligentes e imparciales, incluso los que funcionan en el ámbito administrativo, así como la tarea vigilante y responsable de entidades regulatorias de ciertas actividades. El debido proceso debe respetarse siempre, asegurando todos los aspectos que integran el concepto. Los compromisos asumidos y las reglas fijadas no pueden variar según las ideas o sentimientos personales de los administradores de turno.
Los países exitosos se abstienen de un abuso de la distorsión de los mercados, de incurrir en favoritismos sectoriales o individuales y de la manipulación de los precios relativos. Una vez que han sido aprobados y establecidos, los programas públicos deben ser cumplidos en su integridad. De introducírseles cambios, son preferibles los de naturaleza evolutiva, con fines de perfeccionamiento o de profundización en las líneas ya comprobadas como positivas. En la gestión de esta economía prevalece un enfoque temporal de largo plazo, apuntalado por el mérito y la estabilidad de un servicio civil competente. El tratamiento y la resolución de los temas clave para la sociedad deben ser reflexivos, abiertos, participativos y movilizadores de los esfuerzos populares. Todo esto es también parte del Estado de derecho.
A la democracia constitucional corresponde una ética del ahorro, del esfuerzo, de la austeridad, del éxito por medios limpios, digno así de la admiración colectiva. Sin el reconocimiento profundo de esos valores y sin un desprecio hondo por la corrupción, la prebenda, el privilegio y la frivolidad, es difícil generar sociedades de alto rendimiento. La correspondencia entre el esfuerzo y su compensación se encuentra amparada por reglas estables. En cambio, en los países que fracasan la política económica descansa en la inflación, el refinanciamiento y la socialización de las deudas, es decir, en la transferencia de los malos resultados al conjunto de la sociedad, comprometiendo incluso a las generaciones venideras. Son políticas que aprovechan a pocos y que terminan mal.
Nuestra Constitución, que prevé el primer nivel de decisiones políticas, ha tomado recaudos para que esas decisiones se tomen conforme a los derechos fundamentales que ella reconoce y a los objetivos que ella explicita. Tales recaudos deben observarse de buena fe, en su integridad, interpretando lealmente el sentido de las cláusulas constitucionales y derivando de esta interpretación la sanción de leyes también leales, coherentes y eficaces con relación a los fines perseguidos.
Costos y beneficios
Por debajo de los niveles superiores de decisión política, la administración pública despliega sus organismos de ejecución. Debe reparase en que dichos organismos poseen, entre nosotros y universalmente, no sólo facultades de administración sino también importantes atribuciones decisorias. La calidad del desempeño estatal en su conjunto depende de estas instituciones. En consecuencia, ellas deben ser juzgadas por sus frutos, es decir, según la medida en que alcancen sus objetivos. Un organismo de asistencia social vale tanto como sus prestaciones. Una escuela es eficaz si los niños aprenden. Es lamentable el gran número de instituciones argentinas cuyo producto se encuentra severamente cuestionado, incluso desdeñado por la comunidad.
Aun los buenos desempeños deben ser sometidos a un examen de proporcionalidad entre costos y beneficios. Es intolerable que los fondos estatales lleguen escasamente a sus beneficiarios más humildes porque se diluyen debido a costos sobredimensionados y espurios en el largo camino que media entre su asignación y su aplicación. La reforma prematuramente interrumpida de nuestro aparato estatal debe incorporarle una actitud de servicio _y no de autoritaria discrecionalidad_, fundada en el Estado de derecho y en el manejo de la economía conforme a él.
Las excelentes perspectivas abiertas por una democracia constitucional sustentada en una economía de mercado se encuentran actualmente frustradas y comprometidas. Una causa principal es el pobre desempeño de nuestro Estado, conducido sin comprender ni practicar los principios que debería obedecer.
