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Oca e Independiente, obsesiones de Hugo Moyano en su cuarentena
La reconciliación de Hugo Moyano con el kirchnerismo depende de la supervivencia de Oca y de una salida de la causa judicial que vincula a su hijo Pablo a una supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente de Avellaneda. Es lo que le habría pedido a Alberto Fernández el 30 de agosto de 2019 en la cena servida por el camionero en su casa de Barracas. La foto de aquella reunión tiene otro valor ahora. Flanqueado por Hugo y Pablo, los tres sostienen la camiseta de Independiente con el auspicio de Escudo Seguros, controlada por los hermanos Gonzalo y Mauricio Campici a través de Ficsa SA. La única que presentó una oferta por OCA.
Pero la suma de 5 millones de dólares no satisfizo al comité de acreedores que representa a la AFIP, el sindicato de Camioneros y la Sindicatura General de la Nación en el proceso de quiebra. Si no fuese por el delegado de la agencia recaudadora, Claudio Weichsung, el comité reuniría rasgos similares a un afinity group. De los Campici. O de Moyano, víctima de su aparente manía: montar empresas y cederlas a supuestos testaferros. Weichsung criticó la falta de un plan de negocios y el pago en seis cuotas de un monto que es la sexta parte de la tasación de Alicia Kurlat y Carlos Tabasco, los enajenadores designados por la Sindicatura.
Para ellos, Oca vale 37 millones de dólares. Aunque 11 millones reflejaría el reajuste de esa cotización al valor del mercado en la pandemia. La cifra original incluía pagos de indemnizaciones por despido. Es lo que vuelve relevante a esa rectificación de sí mismos que efectuaron los enajenadores. Camioneros resignaría su deuda si se preservan los casi 7000 puestos de trabajo. A la AFIP le tocaría el 80% de los 600 millones de pesos ofrecidos. Muy por debajo de los 6500 millones que le debe OCA. El comité coincide en llamar a una licitación pública. Aunque reservándole a Ficsa la posibilidad de mejorar cualquier otra propuesta. La facultad de decisión la concentra el juez Pablo Tejada. Gonzalo Campici se esmera en persuadir a todos.
El 21 de mayo le dijo a LA NACION que hizo una "importante" mejora en la oferta económica. Se comprometió a pagar la operación a los 20 días de confirmada. Y esbozó algo parecido al plan de negocios que no presentó con la propuesta inicial. Antes saldó una deuda de 270.000 pesos que tenía pendiente con Kurlat. Una de las enajenadoras de Oca. La contadora fue parte de la intervención judicial reclamada para Sefinar por Jorge y Sebastián Pereyra. Los bingueros del grupo Midas denunciaron a los Campici por desplazarlos de esa firma que habían fundado como socios para comprar Escudo. Para eso los Campici se valieron de Ficsa.
Kurlat fue asistida en esa tarea por el abogado Gustavo Barreiro. Ahora lo hace Ignacio Rodríguez Quintana, exgerente de Asuntos Legales en OCA. Así figura en su perfil de LinkedIn. Rodríguez Quintana está asociado al estudio jurídico Bellani-Taubas. Natán Taubas fue directivo del grupo Rhúo, que tuvo a Patricio Farcuh de CEO hasta su quiebra. Farcuh está bajo sospecha de haber sido prestanombre de Moyano en Oca. También llama la atención la pasividad de la Superintendencia de Seguros. Hasta la semana pasada, Ficsa pasó de 773 a 833 cheques rechazados por 53 millones de pesos. "Queremos repetir en Oca las reformas y mejoras que hicimos en las empresas de nuestro grupo, basadas en inversiones y capacidad de gestión", dijo Campici a este diario.
Quienes trabajan para liberar a los Moyano de las preocupaciones por la Justicia bonaerense no contagian ese optimismo. La Cámpora culpa a Julián Álvarez. El exviceministro de Justicia sería exitoso en lo que se habría propuesto Máximo Kirchner a través de Wado de Pedro. Entorpecer el juicio oral y público que involucra a barras y directivos de Independiente para evitar que Pablo enfrente esa instancia. Para eso Enrique Ferrari disolvió la Unidad de Coordinación para Delitos Complejos y Crimen Organizado. El detalle es que el fiscal general de Lomas de Zamora no tiene facultades para hacerlo. Es decir: violó la ley. No halló otra forma de regresar a las fiscalías de origen las causas de Independiente y La Salada. Y de quitarlas de la órbita de sus adjuntos. Fernando Scalera y Mirta Gianella.
Ferrari reporta a Álvarez. El exfuncionario intenta persuadir a Máximo de que expulsarlo de La Cámpora fue un error. De allí la superposición de roles con el ministro del Interior. Igual que él, cree en la necesidad de convertir la aflicción de los Moyano en un casus belli para subordinar la Justicia bonaerense a la política. Los tribunales de Lomas de Zamora podrían significar más que una rehabilitación. Tal vez una cuota propia de poder. De allí el interés por establecer quién llega primero. Algunos sugieren seguir los movimientos sigilosos de De Pedro. Sobre todo si se confirma el regreso al Senado bonaerense de Teresa García. Jorge "Lalo" Rébora la sucedería en el Ministerio de Gobierno. Es su segundo. Y el primo de Wado.
En 2018, Álvarez acusó a Bonadío de involucrarlo en la causa de los cuadernos por asumir la defensa de Hugo Moyano. Un lugar al que habría accedido por los oficios de Julio Piumato y Ricardo Lorenzetti, según el sitio de noticias judiciales Razón y castigo. En diciembre, Julio Conte Grand pidió a la Corte la suspensión de Ferrari por interferir con la única autoridad que puede remover fiscales: la Procuración General. En marzo la Corte presidida por Eduardo De Lázzari adoptó el criterio de convertir cada fuero en unipersonal.
Presidida ahora por Daniel Soria, la Corte dejó sin efecto la resolución de De Lázzari y regresó al sistema tradicional. Mientras, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora benefició a Marcelo "el Manco" Aravena con el pedido de prisión domiciliaria gestionado por su defensor, Javier Raidan. Aravena es ladero de Rafael Di Zeo en la barra brava de Boca. Cumple 8 años de prisión por coacción agravada en la feria Urkupiña de La Salada, regenteada por Enrique "Quique" Antequera. Martín García Díaz y Tomás Bravo integran la Sala 3. García Díaz responde a Julián Álvarez, que contrató a Raidan en el Ministerio de Justicia cuando fue funcionario. Desde entonces se especializaron en defender barras y dirigentes vinculados a ellos.
Por Ferrari, Raidan hizo saber a Scalera y Gianella del enojo de los Moyano con ellos por la causa de Independiente. Diego, su hermano, comparte con Eduardo Duhalde la defensa de Silvio Carzoglio. El juez de Garantías de Avellaneda está sometido a juicio político por eludir la detención de Pablo Moyano. Ante una consulta de El Destape Radio, Hilda "Chiche" Duhalde describió como "un muchacho encantador" a Andrés "el Cuervo" Larroque. Venía de entrevistarse con el ministro de Desarrollo Comunitario. Brenda Madrid sustituyó a Carzoglio en la causa Independiente. La elevó a juicio en febrero. La medida fue apelada por Noray Nakis. El exdirectivo de Independiente lo hizo en la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. La integran Alejandro Rojas y Pablo Little. A Rojas se lo asocia con Diego Molea. El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora está alineado con De Pedro. Pero mantiene diálogo con García Díaz. Igual que Álvarez con Rojas. A Hugo Moyano le preocupa que la sucesión en Camioneros y las empresas familiares no esté garantizada. Pablo es el adjunto de su padre en el sindicato y su vicepresidente en Independiente. El desenlace de la causa con el club comprometería un supuesto último gran sueño. Emular a Alfredo Yabrán. Una de las cosas que lo obsesionan mientras cumple cuarentena.
