Qué dice la “ley Moyano” sobre las indemnizaciones a Camioneros

La llamada “ley Moyano” no es una ley del Congreso ni una norma formal, sino el nombre que se le da a un mecanismo laboral que se consolidó durante décadas en actividades del Sindicato de Camioneros.

Ese sistema, aplicado sobre todo en la recolección de residuos urbanos, establece que cada vez que cambia la empresa que presta un servicio, el personal debe ser despedido por la firma saliente, cobrar la indemnización completa y luego ser recontratado por la compañía entrante en las mismas condiciones.

Este artilugio se formó a partir de una combinación de fallos judiciales, disposiciones del convenio colectivo 40/89 y negociaciones sindicales sostenidas por Camioneros desde los años 90. A eso se sumó el fuerte poder de negociación del gremio, que logró que esta práctica se convirtiera en una regla de hecho.

En la práctica, el mecanismo genera indemnizaciones masivas cada vez que se renueva una licitación de residuos o un contrato de logística, lo que encarece los costos del servicio.

Esto termina impactando en las cuentas públicas y obliga a municipios o compañías contratistas a asumir pasivos laborales por eventos que no controlan. Para el gremio, en cambio, se trata de un resguardo necesario en un sector con alta rotación empresarial y donde el Estado es un actor frecuente en la contratación.

A ese esquema se suma otro rasgo característico: la base de cálculo de las indemnizaciones es más amplia que en otros rubros. La Justicia convalidó en numerosas oportunidades que viáticos, adicionales no remunerativos y otros pagos propios de la actividad deben integrarse al monto indemnizatorio.

Esta “ley” volvió a cobrar relevancia en tiempos recientes producto de una iniciativa presentada por el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Facundo del Gaiso (Coalición Cívica), conocida mediáticamente como “ley anti Moyano”.

Su proyecto pretende garantizar que las indemnizaciones corran a cuenta únicamente de las empresas adjudicatarias del Servicio Público de Higiene Urbano (SPHU) y no impliquen perjuicio alguno para el Gobierno de la Ciudad. “Se elimina cualquier posibilidad de interpretaciones ambiguas que impliquen que el gobierno local deba asumir el pago de indemnizaciones que corresponden a las empresas concesionarias", establece.

También pretende que las empresas concesionarias que no cumplan con el pago de las indemnizaciones correspondientes no puedan ser contratadas por el Gobierno de la Ciudad para la prestación del servicio. Busca así evitar “extorsiones” del gremio contra la administración porteña, como sucedió en 2024, cuando la familia Moyano amenazó con “tapar la ciudad de basura” si no se acataba el pago de indemnizaciones.

Ante el posible avance de esta iniciativa, desde Camioneros rechazaron cualquier modificación al sistema y afirmaron que el sistema actual es garantía de estabilidad laboral y una herramienta para evitar despidos.

Del Gaiso -que lideró la lista del oficialismo porteño para el parlamento local en 2023-buscará aprobar su proyecto este jueves, el mismo día en que la Legislatura tiene previsto tratar el presupuesto 2026.

“Voy a pedir que se trate mi proyecto de Ley Anti Moyano este jueves 27 en la sesión de Presupuesto de la Legislatura. Que quede claro, no es contra los trabajadores, es contra la mecánica de extorsión", planteó.

LA NACION

Hugo MoyanoPablo Moyano

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