Open Society, una sociedad cerrada

En mayo de este año fue publicado en Nueva York el libro The Soros Agenda, de la escritora y periodista israelí-estadounidense Rachel Ehrenfeld, directora del think tank conservador American Center for Democracy. Su información es tan densa que, mucho más que un complemento de lo escrito hasta hoy, representa un panorama integral y colmado de datos acerca de la acción deletérea de George Soros y su red, en perjuicio de las sociedades democráticas.

Desde hace años, estas columnas han advertido sobre la influencia venenosa que juega en el mundo Open Society Foundation (Fundación Sociedad Abierta), creada, financiada y orientada por el multimillonario George Soros, a la que destinó 32.000 millones de dólares. Con esa increíble fortuna y su renta, alimenta a un amplísimo arco de asociaciones de derechos humanos, reforma judicial, políticas de género, promoción de la legalización del aborto, grupos que luchan con diferentes métodos por la supresión de las policías, escuelas abolicionistas de la ley penal, asociaciones de boicot contra el Estado de Israel y promoción de la legalización de la droga, la mayoría de ellas de izquierda.

Resulta extraño que Soros, quien nació en un hogar judío de Hungría, haya dedicado tantos esfuerzos contra Israel, pero David Friedman, quien fue embajador de los Estados Unidos en Tel Aviv, declaró en 2016 que “George Soros ha hecho más por vilipendiar al Estado de Israel y financiar propaganda anti-Israel que casi cualquier otro individuo sobre la faz de la Tierra”.

De acuerdo con Rachel Ehrenfeld, Soros ha fondeado grupos de izquierda que rechazan la existencia del Estado de Israel, incluso organizaciones palestinas y grupos occidentales pro-Palestina que confluyen en la sigla “BDS”: Boicot-Desinversión-Sanciones. Se trata de asociaciones que sabotean con propaganda a las empresas israelíes o a compañías que se disponen a invertir en Israel, sobre todo si se trata de corporaciones que se dedican a construir instalaciones para la defensa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras el último y sangriento ataque de la organización terrorista Hamas, insólitamente amenazó con romper relaciones con Israel. En febrero de este año, Soros anunció inversiones de 16 millones de dólares en Colombia para asociaciones en línea con Petro.

Pero la acción central, la que impulsó Open Society desde sus comienzos, fue la legalización de las drogas.

En 1993, Soros fundó Open Society en Nueva York y, al año siguiente, destinó 15 millones de dólares a organizar campañas para la legalización de los estupefacientes y en contra de la guerra contra los narcóticos que llevan a cabo la DEA y las policías en los Estados Unidos.

La mayor parte de la opinión pública norteamericana rechazaba por entonces la legalización, de manera que Open Society y un conjunto de asociaciones menores comenzaron con una paciente tarea de conferencias y lobby a fin de conseguir al menos su objetivo con la marihuana, con el argumento de que resultaba inofensiva.

La ciencia médica desmiente esa afirmación. La marihuana produce efectos nocivos sobre la memoria y la comprensión, incrementa la probabilidad de accidentes y disminuye la productividad en el estudio y en el trabajo. Pero, además, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas de los Estados Unidos, la marihuana es un puente hacia el consumo de otros narcóticos.

En nuestro medio, el psicólogo argentino Alberto Yaría, especialista en adicciones, en una reciente nota para La Nación, señaló que, en Uruguay, donde la marihuana se legalizó y se vende en farmacias, la gente la compra también en circuitos ilegales que la hacen más económica y más potente.

Junto con el lobby de la legalización, Soros luchó para obtener una flexibilización del control de la frontera sur de los Estados Unidos, desde donde ingresan todo tipo de narcóticos, incluido el Fentanyl, en su mayor parte procedente de China, pero distribuido por organizaciones mexicanas.

Open Society utiliza a las organizaciones de derechos humanos para confrontar con las policías y agencias de diferentes países que luchan contra el narcotráfico, tanto impulsando la flexibilización de las migraciones como desprestigiando las fuerzas de seguridad.

En 1995, Open Society concedió 450.000 dólares a Human Rights Watch, una organización a la que regularmente aporta cuantiosas sumas, para un primer proyecto sobre abusos de las fuerzas policiales en la guerra contra las drogas en los Estados Unidos. Desde entonces, ha seguido financiando a todas las organizaciones que hostigan a las fuerzas de seguridad en el mundo.

En la Argentina, todos recuerdan el “caso Maldonado”, al que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras asociaciones de derechos humanos quisieron exhibir como una desaparición forzada, incluso después de haberse demostrado que Santiago Maldonado se había ahogado al intentar el cruce del río Chubut. El CELS, siempre financiado por la Fundación Open Society, en 2017 recibió de ella 260.000 dólares extra para ser destinados especialmente al caso Maldonado.

En aquel momento, el objetivo de la izquierda –no conseguido, debido a la aparición del cuerpo de Maldonado– era derribar a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estaba comandando con gran éxito la lucha contra el narcotráfico.

La droga se transformó en un arma de guerra en tiempos de paz, tal como figuraba expresamente en la Enciclopedia Militar Soviética, y comenzó a ser utilizada con ese fin por la Organización para la Liberación de Palestina en los 60, una política que Cuba también adoptó a partir de 1979.

Una de las variantes de la confrontación con las policías de todo el mundo fue el impulso de las teorías abolicionistas de la ley penal, que acá difundió el juez Eugenio Zaffaroni. En realidad, Zaffaroni es un engranaje más de la maquinaria de Open Society. Una nota de Diana Cohen Agrest en el diario El País, de España, destaca que él fue designado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tan solo con la opinión de un panel de expertos convocado por la Open Society Justice Initiative.

En 2020, en plena euforia de los desmanes que se produjeron en muchas ciudades de los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, a consecuencia de los cuales se incendiaron miles de comercios y automóviles y más de 2000 policías resultaron heridos, Patrick Gaspar, por entonces presidente de Open Society, anunció la donación de 220 millones de dólares para los grupos que propiciaban reformas judiciales y declaró: “Ahora es el momento para el que hemos estado invirtiendo durante los últimos 25 años”.

Varios de esos grupos exacerban los ánimos contra las fuerzas de seguridad e incluso algunos propician su desaparición.

En todos los lugares de los Estados Unidos donde lograron implementar las reformas propiciadas por Open Society, el delito aumentó significativamente.

Aunque Soros también financia asociaciones que miden la ética de los gobiernos, de acuerdo con Ehrenfeld, la iniciativa Transparify, que evalúa la transparencia de los think tanks, catalogó en 2016 a Open Society como altamente opaca y la menos transparente de 200 think tanks entre instituciones de 47 países.