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Otro intento por reinventar la historia
El Instituto Manuel Dorrego, ahora disuelto, fue una muestra contundente del objetivo de las anteriores autoridades por silenciar la pluralidad de ideas
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Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional ha sido disuelto el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego.
Este artilugio burocrático que corría por cuenta del Ministerio de Cultura de la Nación, había sido creado en 2011 por decisión de la presidenta Cristina Kirchner y su final estaba predestinado desde el momento mismo de su fundación. Con el cambio de gobierno no había razones de peso para que siguiera funcionando porque había concluido su existencia fértil en parcialidades históricas y políticas.
Fue un organismo ciego y sordo al mandato constitucional de promover la unión nacional impulsado por quien se ha recluido en el remanso natural de El Calafate.
En los cuatro años de su existencia, ese instituto debió remontar no sólo las múltiples críticas de quienes ejercen la historiografía desde bases científicas sólidas y no desde el tembladeral de la chapucería de la política partidaria y oportunista. Debió enfrentarse también con las reyertas que estallaron en el propio ámbito interno y llevaron a Mario O' Donnell, su primer presidente, a pedir primero una disolución anticipada del organismo, en 2014, y después a renunciar. Las nuevas autoridades han hecho bien en recordar que no es una función del Estado promover una visión única de la historia ni reivindicar corriente historiográfica alguna.
Historiadores de la talla de Hilda Sabato habían señalado desde un primer momento que el cuerpo revisionista creado por la presidenta Kirchner había quedado en manos de meros divulgadores de la historia, lejos del rigor científico que el Estado podía hallar, por ejemplo, en el Conicet, que funciona bajo su órbita. En la opinión implacable de otro historiador de renombre, Luis Alberto Romero, el Instituto Dorrego había adoptado la versión revisionista del pasado como doctrina oficial del Estado argentino. Más aún: se había recurrido a gente que carecía de calificaciones básicas para esclarecer a la sociedad acerca de la "verdad histórica".
En una descripción que encajaba de maravillas en el espíritu del "relato", que defendió durante años la falsedad de las estadísticas oficiales más básicas y necesarias que difundía el aparato gubernamental de propaganda, los apologistas del Instituto Dorrego se entusiasmaban por haber encontrado al fin un espacio para los "pensadores nacionales silenciados y censurados". Habría sido una magnífica ironía: el propósito del Instituto no era otro que asistir a la promoción de rezagados pensadores que ya contaban con una infinidad de medios y recursos puestos a su servicio por el régimen anterior.
Pablo Avelluto, nuevo ministro de Cultura, ha dicho que los propósitos con los que fue creado el Instituto Dorrego "chocan con cualquier idea plural y democrática de la historia". En realidad, confrontan hasta con la invocación de Dorrego. Nada tenía éste de la intolerancia de algunos de los personajes de los últimos tres siglos de historia argentina que ensalzan los "pensadores nacionales" gratos a la izquierda nacional.
Es oportuno recordar que el decreto, por el cual la presidenta Kirchner fundó el Instituto Dorrego, sostenía que el trágico final en 1828 de quien fue gobernador de Buenos Aires debía ser una forma de inspiración para desterrar "la intolerancia y la violencia en las prácticas políticas".
En los considerandos de ese mismo decreto, la ex presidenta expresaba que había que revisar la "historia oficial", que a su juicio había sido escrita "por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX". Ese es un complejo que aúna desde antiguo a los críticos de la Argentina surgida de la organización constitucional de 1853/60, fundada en la libertad, la justicia, la paz, la conciliación en la tolerancia y un orden interno mínimo que haga posible la convivencia civilizada dentro de nuestro país.
Como bien afirma el decreto de disolución del Instituto Dorrego, "el accionar de las instituciones científicas y académicas reconocidas por el Estado debe realizarse en el marco de la más absoluta pluralidad ideológica". No cabe revisar nada de modo forzoso desde el Estado, pero sí corresponde a éste promover las condiciones para el ejercicio libre e independiente de la investigación sobre nuestro pasado.
Si bien es cierto que los miembros del Instituto Dorrego actuaban ad honorem, ellos saben mejor que nadie que las disputas en las que se enredaron en su momento respondían al movimiento de "los flujos financieros", como denunció en público uno de ellos. No fue la excepción en un gobierno que manejó los fondos públicos a discreción apoyando a sus favoritos en la inviable empresa de "ir por todo" en la Argentina.
