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Otro rastro de Cristina en Milei
Eduardo “Chiche” Freiler fue la primera muestra de la influencia decisiva que Cristina Kirchner tendrá sobre Axel Kicillof en su segundo mandato, pero que podría proyectarse desde el gobierno bonaerense al de Javier Milei. Freiler fue designado el 29 de noviembre como responsable de Asuntos Jurídicos en el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Dos días antes, el sobreseimiento a Cristina en la causa por la ruta del dinero K fue revocado por la misma Cámara Federal de la que Freiler fue destituido cuando no pudo justificar su crecimiento patrimonial.
Horas antes de que trascienda esa modificación de su estatus en ese caso, Cristina se habría reunido en el Senado con Mariano Cúneo Libarona. Los estrechos vínculos que se le atribuyen en Comodoro Py hizo que cause sorpresa su elección como nuevo ministro de Justicia. Tal vez por la especulación de que cualquier supuesto litigio relacionado a las reformas del Estado que introduciría Milei, recaería en el fuero contencioso administrativo. Un aparente flanco cubierto con la llegada de Rodolfo Barra a la Procuración del Tesoro.
Mientras fue camarista, Freiler habría sido un nexo vital de Ariel y Alfredo Lijo con Cúneo Libarona. La supuesta irrelevancia de un cargo provincial en un organismo en Necochea, su ciudad natal, pudo haber contribuido a disimular su regreso a la función pública pese a los antecedentes acumulados. Pero la revocación del sobreseimiento a Cristina le confiere al área que pasó a controlar una sensibilidad especial. Sobre todo porque el fallo que firmaron Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens convalida el argumento principal de la asociación civil Bases Republicanas. Aceptada como querellante, esta ONG pidió que la ruta del dinero K no sea analizada como un caso individual para establecer la supuesta “coautoría o participación” de Cristina y Lázaro Báez en esa “puntual maniobra de lavado de dinero”. Instaron, en cambio, a que se lo analice como parte de “un gran rompecabezas” junto a otros 75 hechos denunciados por la Unidad de Información Financiera (UIF) que Mariano Federici y María Eugenia Talerico condujeron en el gobierno de Mauricio Macri.
Bases Republicanas subrayó en particular “las 376 llamadas telefónicas” entre Cristina y Báez detectadas por la UIF pero desestimadas por el fiscal federal Guillermo Marijuan al solicitar el sobreseimiento a la vicepresidente. Guillermo Francos había convocado a Talerico para ocupar el área de Migraciones pero después se desdijo. Federici fue mencionado como probable titular de la AFI. El ministro del Interior es el interlocutor de Milei con Kicillof. Cristina le habría hecho saber su disgusto por la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Bases Republicanas tiene de vicepresidente a Pablo Nocetti, exjefe de Gabinete de Bullrich en su paso anterior por esa cartera. Si se aplica el criterio promovido por esta ONG, cobraría otra dimensión la causa que investiga la Justicia Federal en Necochea por la concesión directa por 30 años y sin licitación previa del sitio Cero en el Puerto de Quequén a una sociedad en formación de la que participó Financial Net. El sitio Cero ocupa una posición privilegiada para la carga y descarga en el puerto.
El fiscal José María Campagnoli probó que entre el 14 de diciembre del 2012 y el 8 de abril del 2013 Baéz reintrodujo 65 millones de dólares en papeles de la deuda argentina a través de Helvetic Service Group. Financial Net también intervino en la operación. Esta sociedad de bolsa con domicilio en Rosario emitió nueve cheques por el total de ese monto. El del 27 de diciembre por un millón de dólares fue el único que no tuvo por destino las cuentas de Austral Construcciones y fue emitido a nombre de Roberto Porcaro. Aparentemente ligado a Báez por Rudy Ulloa Igor, Porcaro controlaba el municipio de Necochea a través del intendente Horacio Tellechea y con el titular del Consorcio, Roberto Di Gregorio, el puerto de Quequén. El 14 de febrero, Di Gregorio logró que el directorio apruebe la concesión directa del sitio Cero a una sociedad en formación y sin antecedentes en la materia pero con el compromiso de invertir 60 millones de dólares en un elevador de granos. Inicialmente, la firma estuvo integrada por las empresas de granos E-Grain, Alea, Alejandro Nori, la ganadera Lartirigoyen y Financial Net. El Concejo Deliberante pidió la intervención del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel. Carlos Mocorrea es el dueño de Financial Net y en las primeras audiencias fue asistido por su primo, Cúneo Libarona, como abogado defensor. Investigada inicialmente por el fiscal Juan Manuel Portela, la causa sigue abierta. Desde el 2022 la tiene el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio.
En 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó el sobreseimiento en ella a Mocorrea, Di Gregorio y Porcaro. Pero también la del juez Bibel y el fiscal Portela, a los que cuestionó severamente por su tarea. La hipótesis de Campagnoli en su alegato es que Porcaro utilizó el dinero girado por Financial Net para obtener del consorcio la concesión directa del sitio Cero: la mejor ubicación en el puerto para la carga y descarga de granos mediante el elevador que explotan Noble y CHS. La especulación es que Porcaro intervino en la incorporación de esas firmas de origen chino y norteamericano. ¿También de alguna empresa fantasma de Báez?
Si Freiler fue un anticipo, el peso de Cristina en el gobierno bonaerense quedará confirmado la semana que viene cuando Martín Mena asuma en el ministerio de Justicia bonaerense. Junto a Oscar Parrilli, Mena tuvo que reorganizar al espionaje de la vieja SIDE en la Agencia federal de Inteligencia (AFI), creada por Cristina después del asesinato del fiscal Alberto Nisman. ¿Colaboró el exgeneral César Milani asesorando a Mena en esa tarea? Es una sospecha que circula desde entonces pero que inquieta más en estos días.
Sergio Berni permanecería en el Ministerio de Seguridad por exigencia de Máximo a Kicillof. Dicho de otro modo: quieren su lugar en el Senado bonaerense para alguien de La Cámpora. Si Berni pide licencia, asumiría Facundo Ballesteros Maggi. La elección de Alejandro Di Chiara para presidir la Cámara de Diputados ratificaría la alianza de Cristina con Martín Insaurralde a través de su hijo, a quien el intendente de Lomas de Zamora convirtió en el jefe del peronismo bonaerense.
Insaurralde logró con esa alianza imponerse a la voluntad de Sergio Massa, quien debió resignarse a que Alexis Guerrera sea vicepresidente. Al atractivo de los fondos que maneja esa cámara se suma la inquietud que despierta Julio “Chocolate” Rigau. La pugna por la presidencia fue directamente proporcional a la capacidad que se le atribuye al cargo de incidir en el rumbo que pueda adquirir esa causa judicial. Probablemente la razón que obligó a Insaurralde a recurrir a alguien más incondicional que Mariano Cascallares, remiso a involucrarse con un asunto que podría ser más escabroso de lo que se imagina. Di Chiara es el exintendente de Monte Hermoso, cuyo casino es explotado por Daniel Mautone. La Justicia Federal detectó que algunos de los viajes al exterior de Insaurralde y Jessica Cirio fueron pagados por “Casino de Victoria S.A.” otras de las casas de juego cuya licencia explota Mautone.
Pero la elección de Martín Menem para presidir la Cámara de Diputados de la Nación sea quizás la expresión más nítida del ascendiente que Cristina es capaz de ejercer. Si bien los diputados libertarios hicieron saber a Milei su rechazo a Ritondo pero en especial a Randazzo, la vicepresidenta fue la primera en proponer que el oficialismo controle su propia sucesión en el Congreso. Probablemente por inexperiencia, al bloque libertario le preocupa más la reacción de Francos por haber abortado su jugada que la figura elegida para ocupar ese cargo.
Podría ser una incomodidad para uno de los primeros proyectos de Milei: suprimir los registros automotores, sospechados de financiar a la política. Es decir, adoptar un gesto que le permita volver a marcar una diferencia nítida con la casta. Su funcionamiento es controlado por la Dirección Nacional del Registro Automotor que depende del Ministerio de Justicia. Es decir, de Cúneo Libarona. Alguien que supo tener buenos vínculos con Carlos Saúl Menem. El tío de Martín. Pero también de María Simán, a quien se le atribuye un registro automotor en Marcos Paz. Igual que a Pablo Valente, hermano de Susana y esposa de Eduardo: el padre de Martín Menem. Es decir, otro tío. Pablo Valente sería el titular del registro automotor N° 70 en la ciudad de Buenos Aires. Si no fuese tan serio, se asemejaría a una ironía de Cristina. Y a otro rastro que comienza a dejar en la gestión de Milei.
