Para terminar con la inequidad sanitaria

Nuestro país tiene un sistema de salud segmentado y plural compuesto por el sector público, que da cobertura exclusiva a 16 millones de argentinos; la seguridad social, que da cobertura a 26 millones, y el privado, que cubre a 6 millones, 4 de los cuales provienen de convenios entre obras sociales y prepagas. Los tres subsectores están fragmentados: el público, descentralizado en 23 provincias y la CABA (las prestaciones médicas las brindan las provincias y en algunos casos de grandes provincias, también los municipios); la seguridad social, con más de 300 obras sociales, y el PAMI; y el privado con más de 200 empresas de medicina prepaga. No es de extrañar entonces que, si bien los estándares de calidad en la Argentina se encuentran entre los mejores de América Latina, nuestra eficiencia dista de ser buena.

Más de 10% del PBI se gasta en salud -en proporción, uno de los más altos en la región- y nuestros resultados sanitarios siguen siendo mediocres para la magnitud de ese gasto. No solo eso, nuestro sistema es muy inequitativo y las desigualdades son muy grandes. Y estas disparidades sanitarias, que podemos atribuir al lugar de nacimiento, la condición socioeconómica o la cobertura sanitaria, son inadmisibles. Por ejemplo, existe una diferencia de seis veces en el gasto en salud pública per cápita entre provincias ricas y provincias pobres. Estas diferencias se reflejan en enormes desigualdades por región o tipo de cobertura. Sin ir más lejos, la mortalidad infantil varía entre dos y tres veces entre distintas provincias; la mortalidad materna, ocho veces; el tiempo al tratamiento inicial del infarto de miocardio, que es crítico para la supervivencia del paciente, varía ampliamente entre provincias u obras sociales ricas y pobres. Y podemos citar más ejemplos: la mortalidad por cáncer de cuello de útero, asociado a la pobreza, varía casi 8 veces, y la de cáncer colorrectal, más de 3 veces entre regiones ricas y pobres de nuestro país debido a menores prácticas preventivas. Estas diferencias también se ven en mayores demoras para el inicio del tratamiento del cáncer de mama, o menor detección y tratamiento de hipertensión o diabetes en las provincias más pobres.

Para enfrentar las disparidades sanitarias y con el objetivo de comenzar a cerrar las brechas de inequidad existentes en nuestro país, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, estableció como una de sus políticas prioritarias, avanzar en el camino a la Cobertura Universal de Salud (CUS). Hoy, 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud dedica su día mundial, el más importante, a la CUS.

La CUS consiste en asegurar que todas las personas reciban los servicios de salud que necesitan, con adecuado acceso y calidad. Bajo la concepción de que la salud es un derecho humano fundamental, y la equidad es un aspecto primordial para hacerlo efectivo, la CUS implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos y de calidad, así como a medicamentos seguros, eficaces y asequibles, sin que los usuarios se expongan a dificultades financieras, en particular los más pobres y necesitados.

En la Argentina, el acceso a los servicios de salud es universal. Cualquier argentino o residente en nuestro país tiene derecho a recibir atención gratuita en una institución de salud pública, sea nacional, provincial o municipal. Sin embargo, acceso no es lo mismo que cobertura. Acceso es la capacidad de utilizar los servicios de salud sin barreras administrativas, organizacionales, geográficas, financieras, culturales o de género. Ese derecho está asegurado en nuestro país. Pero el concepto de cobertura trasciende el de acceso. Cobertura no es solo poder atenderse episódicamente en la guardia de un hospital o en un centro de salud, sino que además implica dar continuidad a la atención, haciendo más sencillo el camino del paciente, independientemente del lugar en que se atiende. Podríamos decir que en la Argentina si bien existe cobertura universal, esta no garantiza que no existan grandes diferencias en la atención brindada por los distintos subsectores y tampoco garantiza que todos los habitantes reciban los beneficios sanitarios de acuerdo con su necesidad.

Para lograr esto, el primer paso es trabajar codo a codo con todas las provincias en la nominalización, georreferencia y asignación de la población a médicos de cabecera y equipos de salud familiar, para asegurar acceso, integralidad, continuidad y coordinación de cuidados. Para eso, trabajamos en el desarrollo de sistemas de información para modernizar los sistemas de atención médica, tales como historias clínicas electrónicas interoperables entre diferentes provincias, obras sociales y hospitales, que se abran leyendo el código QR del DNI; turnos online y telefónicos en el centro de salud con consultas protegidas en el hospital otorgadas en el mismo centro; telemedicina para la consulta remota y facturación electrónica; en la implementación de redes integradas de atención entre centros de atención primaria y hospitales a través de circuitos por los cuales las personas puedan transitar fácilmente entre los distintos niveles de complejidad. Se está trabajando también en la elaboración de protocolos de atención para los problemas de salud prioritarios y para los cuales resultan inaceptables las diferencias regionales.

En definitiva, la CUS significa acercar un mejor sistema de salud a las personas y ampliar los derechos de quienes habitan en nuestro país para que reciban una atención integral, equitativa y de calidad, de modo que el lugar en el que nacemos, vivimos o trabajamos, o nuestra condición socioeconómica, no sigan siendo factores que influyen en la probabilidad de enfermar o morir.

Ministro de Salud de la Nación