¿Planes sociales a cambio de la escolarización? Un debate necesario

La decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de suspender la asistencia social a aquellas familias cuyos hijos no cumplan con el requisito de regularidad escolar desató una lluvia de críticas que llegaron hasta desde adentro de la coalición opositora. Más allá del debate, comprensible y atendible en cada una de las posiciones enconadas al respecto, no podemos soslayar que en la Argentina se dictan normas a través de leyes y decretos que nunca se cumplen y que los mismos autores de esas normativas se jactan de no hacerlo.

Todos y cada uno de los planes sociales tienen condicionalidades y contraprestaciones. Hasta la Asignación Universal por Hijo, que no es un plan social, sino que está reglamentada como un derecho, exige a los padres ciertos requisitos para acceder a ella. Por ejemplo, señala la ley 24.714 que “desde los 5 hasta los 18 años se debe probar el cumplimiento de los controles sanitarios, vacunación y la concurrencia a los establecimientos públicos educativos”.

Cuando fue creada en 2009, el kirchnerismo construyó un relato exagerado y mentiroso alrededor de los primeros resultados obtenidos con su implementación, se llenó de propaganda oficial en el famoso Fútbol Para Todos, en spots televisivos y radiales y en cartelería donde se decía que gracias a la AUH la matrícula escolar había crecido en 2010 en un 20%. Dato imposible de creer y sostener. En un universo educativo que abarca a 10 millones de alumnos en educación básica, hablar de un incremento de un 20% sería sumar 2 millones de alumnos al sistema en cuestión de meses, para lo que se necesitarían más docentes, escuelas, logística y toda la demanda que ello implicaría. Lógicamente era imposible que eso hubiese sucedido. Mintieron, pero aprovecharon la condicionalidad educativa de la AUH para hacer propaganda. Por eso llamó la atención que, ante el anuncio del jefe de Gobierno, sea el kirchnerismo el primero en salir a cruzarlo denunciando que no se puede sancionar con la quita de una asistencia social a las familias que no escolarizan a sus hijos, cuando fue un caballito de batalla del éxito que podía obtener su programa de asistencia social más significativo.

Vale recordar que en los 90, en Brasil, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso supo crear a Bolsa Escola, una asistencia monetaria para que las familias llevaran sus hijos a la escuela con singular éxito, que luego fue ampliado por el gobierno de Lula da Silva, que lo transformó en la Bolsa Familia, la mayor transferencia de ingresos de un estado a los sectores sociales más rezagados realizada de la región, y quizás en el mundo, que tenía una condición esencial: escolarizar a los hijos. Casi 10 millones de niños brasileños ingresaron a la escuela por primera vez, venían de familias pobres cuyos padres y abuelos nunca habían sido escolarizados. Era, hasta ese entonces, como un estándar social de pobreza no asistir a la escuela. Esa decisión transformó el sistema educativo del Brasil, que años después se ve reflejado con políticas de becas universitarias que incorporaron al nivel universitario a jóvenes alumnos que nunca en su historia contaban con esos antecedentes en sus familias. Sin embargo, tuvo sus problemas. Un trabajo realizado por la Red de Periodistas de Educación de Latinoamérica en 2010 llamado “El estado ante la emergencia educativa”, resaltaba como en determinado momento el Plan Bolsa Familia fue suspendido a familias que no escolarizaron a sus hijos o no controlaban su concurrencia. El tema también fue debatido en Brasil, pero demostró un singular éxito dados los resultados obtenidos entre 2010 y 2013: la condicionalidad valió desde todo punto de vista y no se exageró ni se mintió en los resultados como hizo en nuestro país el gobierno de Cristina Kirchner.

La semana que viene comenzará una profunda auditoría en manos del gobierno nacional a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Se cree que 320 mil beneficiarios dejarán de serlo porque no cumplen con el requisito de trabajar las horas mínimas requeridas en ciertas reparticiones u ONGs y que las organizaciones sociales no cumplen en su rol de contralor. Cabe la pregunta, a saber, cómo explicará la portavoz del Presidente porqué para los ojos del oficialismo este plan puede ser retirado por no cumplir una condición, y el del GCBA no. Además, muchos de los beneficiarios trabajan en negro, en changas en el mercado informal y no tienen tiempo para cumplir con esas horas requeridas a cambio de escasos $22.000. ¿No es insensible no atender esa realidad?

Otros de los sectores que pusieron el grito en el cielo contra la decisión de Rodríguez Larreta fueron los sindicatos docentes, justamente el día que dejaron sin clases a gran parte de los alumnos del país por un paro convocado en protesta por un fallo judicial contra el dirigente Santiago Goodman, de Chubut, acusado de incendiar la legislatura provincial. ¿Por qué para los dirigentes sindicales docentes es permitido dejar sin clases a los chicos por un tema que le compete al Poder Judicial, y no respetar una norma aclarada en un beneficio social? Privilegios, quizás.

En la Argentina tenemos una anomia educativa, contamos con leyes que exigen la obligatoriedad de la educación hasta la culminación del nivel medio, como la ley nacional de educación, pero se hace poco y nada para cumplirlo. Pasa lo mismo con la Ley de Financiamiento Educativo, que está lejos de cumplir con la oferta pública de tener 3 de cada 10 escuelas públicas de en jornada completa ¡objetivo pautado para 2010! Ni siquiera se cumple con la Ley 25.864, que debe garantizar 180 días de clases en todo el país. Nunca se cumplió. De hecho, nuestro sistema puede ofrecer solo 720 horas de clases anuales en el mejor de los casos en 9 de casa 10 escuelas, siendo uno de los más bajos a nivel regional, y que deriva en los pésimos resultados obtenidos en las evaluaciones educativas internacionales que nos exponen también ante países vecinos.

Para agregar males a la grave situación, tuvimos la pandemia, con un gobierno que hizo casi todo mal y se enamoró de la cuarentena. El mismo Presidente decía “que la escuela será lo último en volver”, permitiendo así que casi un millón de alumnos se desvincularan de la escuela, casi todos de familias pobres. Tuvieron que organizarse los padres para poner el tema en debate y que las escuelas puedan abrir, el GCBA tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para lograrlo, el gobierno nacional lo enfrentó, hasta el Inadi de Victoria Donda habilitó un 0800 para que los padres denunciaran a las escuelas que les pidan que sus hijos concurran a ella. Hoy hasta parece increíble que llegarán a cometer semejante oprobio a la educación.

Vale recordar todo esto: los antecedentes, el presente y cada una de las falencias de nuestro sistema educativo, que después de décadas, y producto de la profunda crisis social y del mal manejo del gobierno del problema educativo durante la pandemia, volvió a tener deserción escolar en la escuela primaria, algo que había quedado atrás hace mucho tiempo. El momento es propicio para abrir un debate sobre cómo y qué hacer para que los alumnos concurran regularmente a la escuela, la quita o suspensión de un subsidio social puede ser eficiente o no en ese cometido, lo que no podemos permitirnos es seguir discutiendo sobre un tema tan importante con chicanas, sin revisar la historia, las propias decisiones de cada uno, las que se toman en paralelo y sin observar que cuando se dicta un beneficio y éste tiene una contraprestación o una condición, hay que respetarla. O de lo contrario no incorporarlas, y distribuir dinero sin control y que no se busque un beneficio que redundará en el bien colectivo en un futuro no tan lejano. Pero así no funcionan las políticas de asistencia social en los países con mayores logros en el tema.

La educación argentina está aún peor que la situación económica, subestimar a las familias más carenciadas como si no fuesen capaces de valorar la educación de sus hijos, entrar en el arrebato verbal fácil de castigar una norma que persigue un objetivo sano sin analizar la cuestión de fondo y sin proponer algo superador, es muy parecido a sentarse a esperar que la realidad se acomode y mejore sola. Y la escuela de nuestros chicos ya no tiene resto para depender de quimeras.