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Políticas de Estado para luchar contra el narcotráfico
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El narcotráfico es una amenaza palpable que daña a la sociedad, en especial a los jóvenes y a los más desprotegidos. Y agrede al propio sistema democrático, por su enorme capacidad de corrupción.
El consumo, y por ende la adicción a las drogas, no es deseable ni para el individuo, ni para su familia, ni para la sociedad. Hay que alertar sobre sus perniciosos efectos a la vez que reforzar una red social que contenga a los más vulnerables y atacar las causas de las adicciones, que son múltiples de acuerdo con el sector de pertenencia, desde la presión social hasta la pobreza o la ausencia de alternativas para los jóvenes.
Así como existe un acuerdo casi unánime respecto de lo nocivo de las adicciones, no ocurre lo mismo respecto de mantener el llamado prohibicionismo total. Leyes que establecen prohibiciones están, existen y deben cumplirse. Sin embargo, resulta apropiado hacer un balance de la llamada lucha global contra el narcotráfico.
En ese sentido, muchas personalidades de la política y de la cultura o entidades como la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, plantean la necesidad de una revisión de la llamada "guerra contra las drogas" por los inmensos costos de todo tipo que viene ocasionando. El resultado es que el consumo ha seguido creciendo, el poder de las organizaciones criminales de narcotraficantes se ha mantenido y se han agravado conflictos sociopolíticos en los distintos países.
La atmósfera social y política de confrontación que vive la Argentina dificulta desarrollar con seriedad este debate, que se da a nivel regional y mundial. Sin embargo, es necesario debatir nuevas ideas y líneas de acción alternativas a las vigentes para encarar la problemática. Sin dudas, el hecho de que en 2015 tendremos un gobierno de distinto signo al actual alienta la posibilidad de plantear políticas de Estado consensuadas por la mayoría de las fuerzas políticas.
Una de las ideas es formular una distinción entre consumo y tráfico. Esto conduce a no penalizar la tenencia de droga para consumo personal. Las personas que consumen drogas deben recibir asistencia médica y no ser castigados como delincuentes. También es necesario aumentar de modo significativo los recursos para la prevención y tratamiento de las adicciones.
Por otro lado, respecto de la lucha contra el narcotráfico que maneja grandes recursos que compran voluntades y neutralizan controles, sigue siendo de importancia central combatirlo con todas las armas de la ley, con la activa participación de jueces y fiscales. En otros países de América, los grupos narco, al estilo mafia, quieren influir en las decisiones políticas y combinar poder económico con poder político. Éste es un peligro real en la Argentina de hoy. Como dice Juan Gabriel Tokatlian, la falta o el deterioro del Estado, así como la colaboración de policías y políticos, explican el avance del narcotráfico. Y lo vemos en el atentado sufrido por Antonio Bonfatti y otras acciones criminales recientes. La amenaza es de tal envergadura que para enfrentarla se requiere voluntad y decisión políticas, además de dejar de lado mezquindades como la de culpar a un intendente o un gobernador por la existencia del narcotráfico en sus distritos.
Es indispensable la coordinación entre organismos para evitar que existan compartimentos estancos, inteligencia fragmentada y esfuerzos operativos divergentes o superpuestos. Más que armamento, radares y aviones, se requiere, fundamentalmente, un esfuerzo de inteligencia. Nunca ha sido tan necesario un organismo de inteligencia criminal, altamente especializado y profesional que concentre, sistematice y elabore información para enfrentar a este delito.
La palabra "inteligencia" suena mal por el uso ilegítimo que se ha hecho y se hace de ella. Se han utilizado y se utilizan demasiado a las organizaciones de inteligencia para inmiscuirse en la vida privada de supuestos enemigos, para controlar o coartar la libertad de acción y de pensamiento, así como para diversas formas de extorsión o, en otras épocas, incluso hasta como el paso previo a la desaparición forzada de personas.
Ese uso ha dejado en la Argentina demasiadas víctimas. Sin embargo, la inteligencia es indispensable en la lucha contra el delito y, por tanto, debe estar al servicio de la protección de los ciudadanos.
Los organismos de inteligencia deben actuar subordinados a la conducción civil, en el marco de las leyes de la democracia, de seguridad interior y de inteligencia, y ser controlados por comisiones parlamentarias, cosa que hoy, en los hechos, no sucede.
La inteligencia no es espionaje telefónico o informático sin orden judicial. La inteligencia criminal consiste en reunir datos sobre delitos, relacionar esos datos con los existentes, analizarlos y elaborar información; es decir, generar un producto de inteligencia que sirva para desarrollar tareas de prevención o para establecer patrones de conducta o de comportamientos que sugieran determinadas líneas de investigación.
Esa red de inteligencia debe nutrirse de la información que proporcionan la Policía Federal, las fuerzas de seguridad, las policías provinciales y los servicios penitenciarios, así como los fiscales y tribunales judiciales de las distintas instancias. Pero también de organismos tales como Migraciones, Registro de las Personas, Registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, de embarcaciones, empresas telefónicas. A esta red integrada, las fuerzas de seguridad y policiales deben poder ingresar en tiempo real; por supuesto que en la medida de las autorizaciones correspondientes y con el debido registro de los usuarios que en cada oportunidad acceden a ella.
Del mismo modo que es necesaria la cooperación interjurisdiccional en lo interno, es imprescindible la cooperación internacional. El narcotráfico es un típico delito transnacional. Por ende, enfrentarlo también exige un esfuerzo conjunto de los Estados nacionales.
© LA NACION
Alberto Iribarne
