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¿Por qué y para qué existen las Fuerzas Armadas?
Recientemente, el exministro de Defensa Horacio Jaunarena afirmó “que en los próximos días las Fuerzas Armadas (FF.AA.) van a una paralización de la mayoría de las actividades sin precedentes (…) Que le parece esquizofrénico que se oculte el recorte de gastos y no se tenga para darle de comer a la tropa (…) Y exhortó al Gobierno a replantear y planificar la actividad de las FF.AA. para los próximos años porque se vienen serios recortes presupuestarios” (Clarín, 2 de septiembre de 2022, página 19). Seria y realista afirmación sobre nuestro estado actual de indefensión. En síntesis: la Fuerza Aérea no controla todo nuestro espacio aéreo por falta de radares adecuados y carece de los necesarios aviones de combate y de transporte. La Armada no dispone de medios adecuados (aviones, submarinos y flota de superficie) para controlar el litoral marítimo y la plataforma continental. El Ejército tiene una logística anticuada u obsoleta, y otros medios carecen de operatividad por falta de repuestos y mantenimiento. Después de la Guerra de Malvinas, el Ejército realizó el único y significativo reequipamiento y proceso de modernización que puede ser consultado en: “La Memoria (1992/1999) – Un Ejército hacia el siglo XXI”, trabajo desconocido para muchos ministros de Defensa.
Desde 1990, los hombres de las FF.AA. han dado muestras fehacientes de estar subordinados al poder civil y consustanciados con la esencia de los valores republicanos y el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, en el presente siglo, un incomprensible germen ideológico autodestructivo se instaló progresivamente en un área tan sensible como la defensa nacional, desconociendo la sentencia de Manuel Davenport y James Stockdale: “La profesión militar carece de máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas e ideológicas” (Ética militar, Sudamericana, página 17).
En 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín promulgó la ley 23.554, que precisa: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las FF.AA. en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. En 2006, a propuesta de la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) por decreto 727/2006 modificó la ley citada agregando: “…perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro(s) Estado(s)”. Peligrosa e incomprensible autolimitación en el empleo legal de la fuerza disuasiva. Además, desconoce que es inconstitucional modificar una ley por un decreto del PEN, pues vulnera la voluntad del legislador y el espíritu de la norma.
Años después, esta misma exministra expresó: “Continúa la actitud corporativa en las FF.AA. de no castigar más a las personas que puedan estar involucradas por la justicia. (…) Nefastos resultados de haber permitido por décadas que la conducción de las mismas hubiera quedado en manos militares” (La Nación, 13 de junio de 2009). Garré ignora que desde 1983 las FF.AA. están conducidas por civiles. También aseguró que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, desconociendo que esta no es una hipótesis de guerra, sino un supuesto que resuelve para la estrategia dos problemas complejos: la predicción y la asignación de prioridades. A partir de su gestión, los ascensos en las FF.AA. a la jerarquía de oficiales superiores deben ser previamente sometidos a la aprobación del secretario de Derechos Humanos de la Nación y a una organización civil, a pesar de que desde hace décadas todos ellos egresaron de los Institutos Militares en plena democracia. A veces, lo ideológico y contactos políticos influyen más en nombramientos, ascensos y retiros obligatorios que los méritos profesionales evaluados por las Juntas de Calificaciones de cada Fuerza.
En 2017, el ministro Oscar Aguad aseguró que “en las guerras modernas no son necesarios ni tanques ni cañones”; durante su gestión lamentamos la mayor tragedia de nuestra Armada en tiempos de paz: la pérdida de cuarenta y cuatro vidas y un submarino.
Desde 1990 –excepto tres o cuatro gestiones– pareciera que los ministros y varios miembros de nuestra dirigencia política ignoran el incierto e impredecible contexto internacional, como la llamada guerra híbrida: fuerzas regulares e irregulares encubiertas, autodenominados mapuches, mercenarios del Grupo Wagner y otros “condottieri” actuales. Me permito recordar –y responder la pregunta del título, que pareciera retórica pero que, dado el actual panorama, no lo es–: que las FF.AA. existen porque existe el Estado argentino, y este tiene objetivos estratégicos vitales a proteger de las múltiples y concretas amenazas sobre nuestro apetecible vacío geopolítico para satisfacer necesidades económicas, expansionistas o demográficas de otros Estados.
En las últimas décadas, el presupuesto militar descendió paulatinamente al 0,8% del PBI actual y, a pesar de la recomposición de hace dos años, la brecha salarial con las fuerzas de seguridad es más del 60%. El 40% del personal militar está por debajo del nivel de pobreza. Es interesante señalar que, por ejemplo, para 2022 el presupuesto para el Ministerio de las Mujeres es de 21.000 millones de pesos y el asignado para reequipamiento de las FF.AA. (Fondef) es de 16.000 millones de pesos. Lo más rescatable es el entusiasmo profesional y la cohesión de los miembros de las FF.AA.
La mayoría de la sociedad no está anclada en la confrontación de los años 70 del siglo pasado, pero sí hastiada de la incompetencia en la gestión pública, y el área de defensa no es la excepción. Por comisión u omisión alcanzaron y pasaron paulatinamente el límite del despropósito y avanzaron hacia el actual y peligroso estado de indefensión. Disponiendo de un moderado presupuesto, aprecio que alcanzar el nivel logístico y operativo que las FF.AA. tenían en 1999 demandará no menos de tres o cuatro mandatos presidenciales. Ello es el reaseguro de nuestra soberanía, del desarrollo y de la paz.
Exjefe del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de Malvinas y exembajador en Colombia y Costa Rica
Tipo de trabajo:opinión
