Por un derecho penal enfocado en la víctima

Nuestro país se encuentra, desde hace años, inmerso en un debate muy profundo que esporádicamente y frente a un hecho trágico se vuelve más intenso, al consumir importante espacio en la agenda pública. Me refiero a la discusión sobre las víctimas de los delitos y sus derechos.

Lamentablemente, en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, vivimos una realidad difícil en términos de seguridad pública, con sucesivos episodios de violencia que complejizan nuestra convivencia en sociedad y que nos hacen repensar sobre los modos en que se resuelve la conflictividad social.

Vale entonces reconocer que este debate debe tener desde la política una respuesta oportuna. Y, en ese sentido, la gobernadora María Eugenia Vidal ha tomado la decisión política de realizar una definición muy clara frente a esta demanda: la víctima debe tener una reparación integral y un reconocimiento efectivo de sus derechos.

Por eso, lanzamos desde el Ministerio de Justicia de la provincia un plan de protección integral a los derechos de las víctimas del delito, con el objeto de intentar reparar la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran quienes han sufrido la violencia. Entre dichas propuestas se encuentran dos proyectos de ley de reforma del Código Procesal Penal y de la ley de ejecución penal que estamos enviando a la Legislatura para que, desde los distintos bloques políticos de la provincia, se discuta cuál debe ser el lugar de las víctimas en los procesos penales.

Es decir, si la participación de la víctima, la única "invitada de piedra" a los juicios, debe ser protagónica, como fuerte testimonio de la vulneración a sus derechos y tomada en cuenta frente a las decisiones de los magistrados, o si continuará siendo desplazada.

Hemos propuesto incorporar su voz por considerarla como sujeto de derecho -y no ya como objeto- para que previo a toda resolución fundamental a tomarse durante los juicios deba ser primero informada, luego escuchada y por fin asistida. Así, por ejemplo, los jueces deberán consultar obligatoriamente a las víctimas e informarlas luego al tomar una medida que tenga que ver con la libertad de los imputados o condenados o sobre el grado de su responsabilidad penal y la cuantificación y modalidad del cumplimiento de las penas.

Aunque todo esto no debe implicar un menoscabo de las garantías constitucionales de los victimarios, es sí un reconocimiento del lugar central que deben ocupar aquellas personas que han visto violentados sus derechos.

Por supuesto que la decisión de participar o no será de la víctima, ya que la idea no es revictimizarla obligándola a ser partícipe de un proceso que probablemente quiera olvidar.

Desde el Poder Ejecutivo de la provincia queremos impulsar el debate para redefinir estos principios del derecho procesal penal, que tienen que ver no ya con una mera discusión dogmática, sino con los criterios con los que nuestra sociedad decide resolver sus conflictos de problemática criminal.

Un verdadero acceso a la Justicia tiene que ver también con la posibilidad de que exista una tutela judicial efectiva de los derechos de las víctimas, es decir, que se realice "el derecho de incoar un proceso y el de seguirlo, el de obtener una sentencia o resolución fundada sobre la cuestión planteada, el de obtener una sentencia de fondo sobre esa cuestión, a la utilización de los recursos y a que la sentencia se ejecute", en los términos de Vázquez Sotelo.

Para esto, también es clave entonces asegurar la asistencia jurídica garantizada por el Estado, ya que muchas veces el fiscal interviniente no logra, en la mirada de la víctima, representar cabalmente sus pretensiones y derechos. Hoy, esa situación es resuelta con la contratación de un querellante rentado, pero claramente esta posibilidad no está al alcance de los más humildes.

Por eso, así como el victimario cuenta con un defensor oficial, a la víctima también se le debe asistencia jurídica gratuita, de manera de sentir siquiera que ese Estado que no pudo evitar su situación, por lo menos está presente para atenuar las consecuencias.

Por orden de la gobernadora, estamos trabajando para la implementación de la figura de abogado de las víctimas, que no es fácil, pero que sin dudas será un avance en el camino de protección de sus derechos.

Debe terminarse con el principio de que aquel que ha sido vulnerado no tenga un rol principal en la búsqueda del orden social y de su orden personal, porque no puede el Estado en su monopolización de la representatividad del interés de la sociedad en el proceso penal, dificultar la participación de la principal afectada.

La realidad nos obliga a todos a dar el debate.

Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires