
Porque la Argentina es diferente
El camino es una línea ondulante y estrecha. Pero al final podría estar la salida. Fue Uruguay, antes que Brasil, el país donde se exhibió un cambio dramático en las posiciones de Washington sobre América latina y las naciones en crisis. El gobierno de George W. Bush, que juró mil veces que no habría más salvamentos a países con sus economías en caída libre, terminó desembolsando 1500 millones de dólares de sus propias arcas y los envió a Montevideo.
Pero las oscilaciones de Brasil aterrorizaron a la Casa Blanca; se trata de la economía más poderosa de América latina, en condiciones de arrastrar en su ocasional caída a todo el subcontinente y a magullar Europa. Ni Brasil ni Uruguay cometieron, además, las vulneraciones, los quebrantos y las transgresiones de los gobernantes argentinos. La Argentina no puede quejarse: ya recibió en el último año y medio tanto dinero del FMI como el que le prometieron a Brasil.
Algunos tramos de esos créditos no se entregaron a los gobernantes argentinos simplemente porque éstos no cumplieron con las promesas políticas que firmaron. Eran condiciones muy duras para cumplirlas, explicaron luego. ¿Por qué las firmaron entonces? Más tarde sucedió el repudio festivo de la deuda y, desde ya, el castigo que aún perdura.
Un párrafo del diario español El País, que comparó el viernes las situaciones de Brasil, la Argentina y Uruguay, exhibe el concepto del mundo sobre las extravagancias de Buenos Aires: "La Argentina no ha cumplido uno solo de los requisitos de saneamiento público exigidos por el FMI, la voluntad de regeneración de su clase política concita escasa confianza y la honradez de sus dirigentes está en cuestión hoy más que nunca", asestó desde Madrid. El centro del conflicto argentino refiere, así las cosas, al pobre tamaño intelectual y moral de sus dirigentes.
¿La perspectiva es mejor? La campaña electoral discurre entre notables vacíos y palmarias superficialidades de los principales candidatos. Nada fue, sin embargo, tan grave como la promesa -o la amenaza- de Adolfo Rodríguez Saá de hacer caducar todas las leyes durante los primeros seis meses de su gobierno eventual.
Durante medio año el país viviría a merced de la voluntad del príncipe, sin más garantías que la que podría ofrecer el humor cambiante de un patriarca sudamericano. Al trazo de su voluntad respondería también la futura arquitectura jurídica.
Nada es nuevo. Después de todo, se trata del mismo hombre que durante su brevísima presidencia pidió 600 millones de pesos al Banco Central para pagarles a los proveedores del Estado. Se proponía hacer esos pagos en efectivo y personalmente, en el despacho presidencial, cuando lo tumbó el miedo en Chapadmalal. Si la súplica popular de que se vayan todos encierra el riesgo del autoritarismo, es cierto también que la política argentina no ha elaborado hasta ahora más que fórmulas gastadas o demagógicas. A la sociedad argentina le tocará demostrar si está sana o si es parte de la enfermedad.
El acuerdo con el FMI está al alcance de la mano, aunque tales rasgos de la campaña electoral constituyan un boicot permanente. Una cuestión inescrutable y contradictoria recorre las oficinas del gobierno: ¿habría luego del acuerdo una ayuda directa del Tesoro norteamericano a la Argentina?
Duhalde ronronea que le mandarán dólares frescos, pocos pero altamente simbólicos. Incluye a España e Italia en ese paquete que sería más emblemático que efectivo. Algunos amigos personales, con contactos en Washington, le han hecho esa promesa.
Pero Roberto Lavagna aseguró que él no le pidió nada a Washington, que no piensa pedirle y que está seguro que le negarían tal pedido. Nos haría mal como país, destaca. No obstante, John Taylor, el segundo de Paul O´Neill, deslizó delante de Aldo Pignanelli que podría haber ayuda "moral y efectiva" de los Estados Unidos a la Argentina tras el acuerdo con el FMI.
Otras voces conocedoras de Washington ratificaron que esa ayuda simbólica podría suceder después del espaldarazo a Brasil y Uruguay. Hay que ser cautelosos, pero las cosas son ahora demasiado diferentes de lo que eran, dijeron.
Dos problemas subsisten en la negociación por el acuerdo. Uno es el de los amparos judiciales sobre los depósitos incautados, que podrían requerir una cifra adicional de unos 16.000 millones de pesos. Las posibilidades para responder a esa demanda son tres: o se usan las reservas (lo que dejaría desnudo al próximo gobierno), o se emiten pesos y se dispara la inflación, o se declara la insolvencia del sistema bancario, justo cuando comenzó a recuperar los depósitos de los argentinos.
Está claro que la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos el asunto, no quiere liberar al gobierno de esa carga hasta que éste no la libere del juicio político en el Congreso. Pero Duhalde dice que él tiene una sola bala, el juicio político, mientras la corte tiene una ametralladora.
La ametralladora: los jueces de la Corte no sólo deberán decidir sobre el sistema bancario y el desastre de la Argentina, sino también sobre la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final y, entre otras cosas, la propia constitucionalidad del llamado a elecciones. Que den una prueba de amor y yo me encargo del juicio político, aseguró Duhalde en alusión al decreto sobre los amparos.
El otro problema es el de la independencia del Banco Central. Basta ver las caras de Lavagna y de Pignanelli, cuando se refieren o aluden al otro para advertir que el problema entre ellos persiste, inmaculado. A esta altura de las cosas es obvio que el ministro de Economía aspira a tener un Banco Central conducido por hombres de su confianza.
Lavagna cree que puede hacer como Cavallo y colocar su gente en todo el gobierno. Pero ya es tarde para eso. Tales palabras han salido de la boca del propio Presidente.
Lavagna estaba dispuesto a firmar con el FMI una cláusula sobre el Banco Central que fuera idéntica a la que escribió la comisión de notables. Fue un párrafo breve en el que destacó la independencia de la autoridad monetaria y pidió "amplitud" para sus autoridades.
Se declaró una guerra semántica: ¿se trata de amplitud de movimientos, como interpreta Pignanelli? ¿O se trata de amplitud en las aptitudes de sus autoridades, como deduce Lavagna?
El FMI ha llevado el cuchillo hasta el hueso. En el borrador de la carta de intención, que entregó el jueves sobre la reestructuración del sistema bancario, pidió la independencia del Banco Central hasta el punto de que sus autoridades no podrán ser relevadas sólo por el Poder Ejecutivo.
Requirió también un presupuesto propio para el Banco Central y un compromiso firmado de que las autoridades de la institución no recibirán órdenes del gobierno sobre política monetaria y cambiaria. Reclamó protección legal para el directorio y para los funcionarios encargados de la reestructuración del sistema financiero. El gobierno se deberá comprometer a instrumentar estos pasos hasta el 30 de septiembre.
Hay cosas que serán imposibles de cumplir en ese período. ¿Qué Congreso sancionaría en pocas semanas la protección jurídica a las autoridades del Banco Central? No puede haber más precondiciones ni fechas inamovibles; los compromisos deberán cumplirse durante el año que estará en vigencia el programa, precisó un viejo negociador del FMI.
La senda hacia la salida es, en efecto, casi una emboscada.







