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Postales de una mediocridad asfixiante
Sería injusto y simplista pretender una descripción de la política argentina a partir de dos episodios recientes que impactaron en la opinión pública y pusieron de manifiesto un alarmante grado de improvisación, descoordinación, falta de sentido común y disfuncionalidad. Por un lado, la imagen del presidente de la Nación, megáfono en mano, intentando vanamente poner orden al caos imperante en la mismísima Casa Rosada, reconvertida súbitamente en una inapropiada cochería pueblerina para velar los restos de Maradona, el mayor ídolo del país en su historia. Por otro, el hasta ahora canciller Solá usando su peculiar imaginación para narrar una conversación telefónica de la cual no participó –porque desconocía el lugar donde se llevaría a cabo– nada menos que entre el presidente electo de EE.UU., Biden, y el propio Fernández, que derivó en un escándalo diplomático con el FMI, principal acreedor del país y con el que se negocia un nuevo programa que podría involucrar fondos frescos, esenciales para recomponer transitoria y parcialmente las magras reservas que acumula el Banco Central por la desconfianza que genera el Gobierno en el marco de lo que Marcos Buscaglia define en su último libro como "la peor crisis de la historia" (estábamos muy mal y se sumó la pandemia).
Hay (aunque no se note demasiado) bastante gente perteneciente a las diferentes expresiones partidarias e ideológicas que trabaja seria y responsablemente para resolver los principales problemas de la ciudadanía. Pero por esta clase de comportamientos bochornosos (que no se limitan al actual oficialismo, sino que reconocen antecedentes en otros gobiernos civiles y militares) el país está estancado hace demasiadas décadas
Pero seamos justos: la política argentina no es solo esto. Hay (aunque no se note demasiado) bastante gente perteneciente a las diferentes expresiones partidarias e ideológicas que trabaja seria y responsablemente para resolver los principales problemas de la ciudadanía. Pero por esta clase de comportamientos bochornosos (que no se limitan al actual oficialismo, sino que reconocen antecedentes en otros gobiernos civiles y militares) el país está estancado hace demasiadas décadas y es un ejemplo patético de reversión en su proceso de desarrollo. Incapaz de avanzar sobre las cuestiones más elementales de la agenda pública, el sistema político dilapida recursos de los que carece en cuestiones irrelevantes, a menudo solo explicables por las obsesiones, los caprichos y la capacidad de veto de personajes influyentes o intereses sectoriales. Además, generó una enorme dosis de frustración en amplios segmentos de una sociedad resignada a sobrevivir en medio de una pavorosa mediocridad o, peor aún, que sin esperanzas de cambio rehace sus proyectos de vida lejos de sus afectos y sus raíces.
¿Valora el Presidente la genuina contribución de su equipo de colaboradores a su gestión? ¿Le importa si hacen mínimamente bien su trabajo? ¿Cuáles son los criterios con los que monitorea y evalúa su performance? Habida cuenta del insólito desmanejo de la (in)seguridad durante el velorio y de la boutade de Solá… ¿Qué debería ocurrir para que un ministro dimita o para que el Presidente decida reemplazarlo?
En este primer año, pocos funcionarios abandonaron sus cargos (María Eugenia Bielsa, Sergio Lanziani y Alejandro Vanoli): insuficientes para extraer una conclusión. A punto de cumplir un año en el poder, el Presidente se haría un gran favor si reconsidera el tamaño y la composición de su gabinete. Puede que en este caso en particular sus opiniones sean coherentes con sus acciones y descrea en serio de la meritocracia. O tal vez se deba a su concepción laxa y exagerada de pragmatismo, por la cual la agenda pública se va estableciendo sobre la marcha, de acuerdo con las intenciones y los intereses de diferentes sectores del Frente de Todos, en especial de Cristina, cuyo peso relativo parece cobrar cada vez mayor relevancia a pesar de los indisimulables desencuentros con su compañero de fórmula. El "vamos viendo" como política de Estado.
Aun aquellos integrantes de nuestra degradada clase política que tratan de evitar la vergüenza de exponerse a situaciones humillantes suelen quedar atrapados en laberintos de autodestrucción. Se confunden las causas con las consecuencias. Sorprenden la persistencia y la popularidad de ideas fracasadas y anacrónicas que siguen siendo parte del repertorio dominante por una resistencia a negar la evidencia empírica, analizar con mínima rigurosidad casos comparados e ignorar los avances en las múltiples disciplinas que contribuyen a tomar sanas decisiones de gobierno. Suelen entusiasmarse casi exclusivamente con los asuntos elementales del poder: elecciones, candidaturas y dinero. Pero prestan mucha menos atención, casi nula, a otras cuestiones vitales para el desarrollo del país. Eluden los debates sobre problemas estructurales que requieren soluciones consensuadas, complejas y de mediano o largo plazo, como la inflación, la profunda crisis del sistema de jubilaciones y pensiones o la falta de competitividad que perpetúa la decadencia económica y social.
Nos enfrascamos en discutir la fórmula de actualización de los siempre magros haberes de los jubilados, pero seguimos sin abordar la principal causa para que deban ajustarse: la creciente inflación, el peor y más dañino impuesto que el Gobierno recauda sobre todo a costa de los sectores que tienen ingresos fijos. "Habría que preguntarle al ministro Guzmán, es un problema macroeconómico", declaró al respecto el domingo pasado la titular de Anses, Raverta. ¿Pertenecen al mismo equipo de gobierno? Raverta tiene a su cargo la desagradable (¿imposible?) tarea de disimular el ajuste fiscal cuyas principales víctimas son jubilados y pensionados. La inflación permite márgenes de flexibilidad para implementar discrecionalmente recortes reales a todos aquellos que reciben ingresos públicos con la trampa de las actualizaciones ex post: los ingresos se incrementan siempre más tarde que los precios, suponiendo que el porcentaje refleje la caída efectiva en la capacidad de compra. Si se toma como parámetro el tipo de cambio, en términos reales la caída suele ser mucho mayor. El esfuerzo retórico por disimular el ajuste quedó desbaratado por el bloque oficialista en el Senado, que dejó sin margen de acción a un gobierno obligado a elaborar de nuevo su presupuesto. Para algo sirve todavía la división de poderes que establece nuestra castigada Constitución.
Sorprende también que se aluda ad infinitum al concepto de sustentabilidad, cuando se ignora la inflación y no se intenta siquiera mejorar la relación entre trabajadores activos formales y pasivos: si no hay más empleo privado y de mucha calidad, se consolida la quiebra de un sistema deficitario que depende cada vez más de los ingresos generales del Tesoro. El supuesto pacto intergeneracional para que los más jóvenes financien a los más viejos es inviable en un país sin moneda, programa económico ni plan estratégico.
Predomina la tendencia a preferir la arbitrariedad a las reglas, la opacidad a la transparencia, la incertidumbre a la previsibilidad. Es la forma en la cual se sienten (y de hecho son) relativamente más importantes. Si no logran ser respetados por su prestigio, eficiencia y contribución a la cosa pública, al menos logran que les tengan miedo. En un entorno caracterizado por reglas claras y estables, por procedimientos estandarizados que impidan "inclinar la cancha" en función de excusas de ocasión o intereses particulares, los actores económicos, políticos y sociales pueden dedicarse a sus asuntos sin depender ni tener que "llevarse bien" con la autoridad de turno. Esto aplica a una multiplicidad de cuestiones, incluida la cuestión del federalismo fiscal. Una vez más se debatió una parte ínfima del problema (los fondos que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Una vez más se eludió la cuestión de base: la Constitución de 1994 requería definir de forma inminente un nuevo régimen de coparticipación. Pasaron 5 lustros sin una respuesta adecuada. Otra postal de nuestra interminable decadencia: obstaculizar la gestión de la ciudad de Buenos Aires y las eventuales aspiraciones presidenciales de Rodríguez Larreta parece más prioritario que cumplir con la Constitución.
