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Préstamos políticos
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Algunas anomalías registradas entre 1991 y 1999 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, presentadas en el otorgamiento de más de 42.000 créditos a clientes que resultaron insolventes, son representativas del descuido y la ineficiencia -además de la posible administración fraudulenta- con que se manejó la gestión pública en los tiempos en que Eduardo Duhalde gobernó el mayor distrito del país.
Fuentes legislativas y judiciales han señalado a LA NACION que al menos 300 millones de pesos, sobre un total de 2400 millones catalogados como incobrables, fueron otorgados con serias irregularidades, que podrían configurar una maniobra delictiva en perjuicio de la administración pública.
Los allegados a la investigación judicial afirmaron que ya está prácticamente probada la materialidad de los hechos, que podrían derivar en acusaciones por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración, malversación de caudales y administración fraudulenta.
Entre los beneficiarios de los préstamos se encuentran empresas que recibieron líneas crediticias de hasta 113 millones de pesos, pero que nunca saldaron sus cuotas y pasaron a convertirse en morosos incobrables. Esas empresas adeudaban en su conjunto poco más de 800 millones de pesos. El resto de los créditos otorgados corresponde a distintas operatorias personales por menos de 200.000 pesos o dólares ahora pesificados, entre los que se debería desentrañar si, además de pequeñas empresas, productores y otros particulares, no hay dirigentes políticos y familiares de éstos involucrados.
Entre las empresas favorecidas se encuentra Curtiembres Yoma SA y la constructora Gualtieri SA, cuyo titular mantuvo una estrecha vinculación con la administración del entonces gobernador Duhalde.
Tanto el mandatario bonaerense, Felipe Solá, como las actuales autoridades del Banco Provincia, encabezadas por Ricardo Gutiérrez -cuya gestión se inició en diciembre de 1999-, se han comprometido a proporcionar toda la información necesaria a la Justicia y a una comisión legislativa bicameral que investiga los episodios.
Es de esperar que los hechos sean rápidamente esclarecidos y que no se dude en señalar a los responsables políticos de todas las irregularidades cometidas, que dan cuenta de la irresponsabilidad con que se administraron los fondos públicos, generándose privilegios irritantes en favor de determinadas empresas, que terminarán siendo solventados por toda la sociedad.
Cabe esperar también que quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires durante esos años, comenzando por el actual presidente de la Nación, se hagan alguna vez cargo de su desastrosa gestión, que a menudo privilegió la prebenda y el clientelismo, al igual que decisiones basadas en relaciones políticas o de amistad. Así fue como se generó la comprometida situación del banco oficial, paliada transfiriéndole parte del pasivo a la provincia de Buenos Aires, por medio de una ley avalada por el ex gobernador Carlos Ruckauf, que no hizo más que agravar las dificultades económicas de una administración que desde hace bastante tiempo ya no es capaz de pagar en tiempo y forma los salarios de los empleados públicos.
