Principio para la era digital

La 74° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada recientemente en Salta, alcanzó un anhelado objetivo: dotar a sus adherentes de una declaración de principios sobre la libertad de expresión en tiempos de la era digital para definir un marco de referencia colectivo.

Por más de un año, esta organización sin fines de lucro que reúne a más de 1300 socios trabajó con universidades, consultores, juristas, técnicos, periodistas y especialistas en busca de un criterio general que, tomando como base lo expresado en la Declaración de Chapultepec, tuviera eco en temas puntuales como la fe en la democracia y en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, para alcanzar instituciones sólidas, desarrollo social, libertades públicas plenas y respeto por los derechos humanos.

Sobre la base de estos principios se trató de interpretar los fenómenos de la era digital, internet y nuevas tecnologías, que desde hace más de 25 años interactúan e influyen en el accionar del periodismo, y en el ejercicio de la libertad de expresión. Por décadas se ha transitado por todas estas novedades de fuerte impacto de las tecnologías digitales de la información y comunicación, frente a los ataques a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales o privados que depredaron este nuevo sistema.

Los abusos y el mal uso de las novedades tecnológicas potenciaron la censura, el bloqueo de contenidos, la vigilancia, el acoso, las campañas de descrédito y otros tipos de violencia contra usuarios, periodistas y medios de comunicación.

En este contexto, no debe omitirse el agobiante abuso de medios particulares que, en el afán de competir, sustraen información y la hacen suya, violentando normas legales y éticas elementales, sin otorgar crédito a las fuentes originales y plagiando flagrantemente las noticias, fotos o cualquier otro contenido destinado a la información masiva.

La defensa de la libertad de expresión y de prensa no es una concesión de las autoridades, sino derechos inalienables de las personas. Y el acceso a internet es un principio fundamental, que nos convoca a proteger y promover el libre flujo de la información, sin importar la plataforma por donde esta se propague, por encima de un exceso de regulaciones estatales, diseminación de noticias falsas (fake news), ataques cibernéticos y la brecha digital, que crece y genera desigualdad entre sociedades y países.

La aprobación fue proclamada por unanimidad, sin perjuicio de ciertos ajustes de formas verbales que fueron sorteados por los socios con inteligencia y sensibilidad. Con prudencial sabiduría, quedó un documento abierto a cambios.

Los principios aprobados van desde la necesidad de que las libertades de expresión y prensa deban garantizarse por igual en todas las plataformas, pasando también por la legislación y las políticas públicas, debiendo estar dirigidas a garantizar un espacio digital abierto, neutral, accesible y respetuoso.

Establece la declaración que los gobiernos no deben penalizar las críticas o la información contra los funcionarios en las que los ciudadanos se expresen sobre asuntos de interés público.

El bloqueo y el filtrado de contenidos por control estatal o por imposición de los intermediarios tecnológicos constituyen un caso condenable de censura previa.

Deberá asegurarse un ambiente libre de violencia o amenazas en el espacio digital, rechazando toda forma de vigilancia que vulnere libertades o la privacidad ciudadana.

Avanza la declaración con la protección del derecho al anonimato de los usuarios, así como la preservación de la identidad de las fuentes. Y reclama a los intermediarios tecnológicos el respeto por la libertad de expresión, evitando ceder ante gobiernos o grupos de poder.

La declaración digital tiene el valor indiscutible de un acto fundacional, que viene a llenar un gran vacío. Es de celebrar que la era digital se recuerde con la marca indeleble de la Argentina, al ser bautizada como la Declaración de Salta.