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¿Puede haber justicia sin legitimidad?
¿Qué sucede cuando la gente deja de creer en la Justicia? Los casos los resuelve otro: el puntero, el narco, el sacerdote, y ese es el momento en que se pone en cuestión la razón misma de su existencia.
El Poder Judicial solo funciona “a petición de parte”, es decir, con la cooperación y la confianza de la gente. Si la ciudadanía no recurre a él, no funciona. Salvo el fuero penal, que actúa de oficio (ante la supuesta comisión de un delito la Justicia actúa sin necesidad de que la víctima lo solicite), el resto del Poder Judicial necesita que una persona inicie un caso para poder actuar. La gente podría dejar sin trabajo a jueces y abogados con solo decidir llevar sus conflictos a otro lado.
Para lograr que “la parte” pida la intervención judicial, es necesario que confíe en sus jueces y abogados. Nuestro sistema institucional promete el acceso a una defensa idónea, libre de conflictos de intereses, capaz de guardar la confidencialidad y tan aguerrida como lo permitan las normas del juego. Y también juzgadores imparciales, independientes, íntegros, que produzcan decisiones debidamente motivadas, capaces de generar respeto y aceptación.
Como la gente debe hacer el esfuerzo de acceder a la Justicia, las promesas no pueden quedar solo en ser cumplidas técnicamente. Las normas obligan a las profesiones del derecho a mostrar que no solo cumplen con las reglas, sino que sus comportamientos muestran públicamente ese acatamiento. Ser y parecer: una jueza puede ser independiente, pero si no lo parece, incumple con sus obligaciones. Porque, además de dar la solución correcta, la jueza debe lograr que las partes queden satisfechas, si no con el resultado, sí con la legitimidad del proceso.
Varias son las formas en las que en las últimas décadas las profesiones del derecho buscan lograr aumentar su legitimidad. Tímidamente las facultades de derecho comienzan a enseñar ética profesional y las destrezas que requieren estos desafíos. Algunos colegios de abogados empiezan a publicar sanciones disciplinarias. Algunas fiscalías penales, como la de la CABA, ensayan experimentos de justicia procedimental para aumentar la obediencia a las normas, generando oportunidades para que la ciudadanía se sienta escuchada y tratada con respeto e imparcialidad. En múltiples agencias y juzgados se intenta cambiar el oscuro lenguaje jurídico por textos escritos en lenguaje claro. Crucialmente, los procedimientos penales dejan la oscuridad de la escritura por audiencias orales públicas, y algunas provincias incluyen en ellos jurados populares.
La violación de la ética de las profesiones del derecho, el desprecio por la obligación de parecer independiente, imparcial, íntegro, decoroso ponen en peligro los avances en esta materia. Sin embargo, el sistema institucional deja en manos de la abogacía y de la Justicia (solo en quienes egresan de las facultades de derecho) el control de este aspecto crucial de nuestra democracia constitucional. Los que pertenecemos a estas profesiones no podemos echarle a nadie la culpa de la situación en la que nos encontramos. Somos artífices de nuestros éxitos, pero también de nuestras deficiencias.
Excepcionalmente la política mayoritaria tiene un rol clave que cumplir en este contexto. El número de vacantes en el Poder Judicial de nuestro país es alarmante, pero más aún lo son las vacantes en puestos claves de nuestro sistema institucional: la Corte Suprema de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el defensor del Pueblo, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Son todas oportunidades para aumentar la legitimidad de nuestro sistema jurídico. Sin ella, de nada valen reformas legislativas revolucionarias si van a quedar en el papel y la ciudadanía las ignora cuando, para resolver sus conflictos, acuda a prácticas distintas de las ordenadas en nuestra Constitución.ß
Investigador principal del Cippec
