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Radares: una rápida definición
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EL proceso de licitación de la primera etapa del Plan Nacional de Radarización puesto en marcha por la administración del presidente Carlos Menem, que prevé la instalación de 16 radares en zonas del norte y centro del país, convocó a reconocidas empresas de los Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania.
Tras un controvertido trámite en el que no faltaron denuncias por irregularidades e impugnaciones cruzadas, el entonces ministro de Defensa, Jorge Domínguez, preadjudicó a la firma norteamericana Northrop Grumman y a la italiana Alenia Marconi la primera etapa del plan.
Esa decisión fue apelada por otra de las empresas oferentes, la francesa Thomson, que se sintió desplazada -a su entender injustamente- por la calificación que recibió de la junta de técnicos encargada de estudiar las ofertas. La firma francesa entendió que se habían cambiado los términos de la licitación y que, por ese motivo, debía llamarse a un nuevo concurso de precios. Finalmente la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal puso término al conflicto judicial dejando sin efecto el proceso licitatorio.
Con esta resolución no sólo ha quedado abierta la posibilidad de que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, pueda llamar a un nueva licitación sino que, además, se han evitado posibles demandas por daños y perjuicios al Estado Nacional.
Sin embargo, la cuestión presupuestaria se ha transformado, una vez más, en una traba que de no solucionarse, podría dilatar inexplicablemente la instalación de los radares. Es indispensable, entonces, que el Ministro de Defensa agote los recursos a su alcance para que el proceso sea impulsado con la celeridad necesaria, pues para el país es de vital importancia contar con los radares en el menor plazo posible. La sociedad debe estar informada de los riesgos que ocasiona la ausencia de esos elementos.
En diversas oportunidades señalamos desde esta columna editorial que es imprescindible superar los escollos que demoran el proceso de compra de radares, que lleva casi dos años de atraso. El valor de cada una de las vidas de las decenas de miles de personas que utilizan el transporte aéreo en nuestro país debe estar por encima de cualquier interés y, también, de cualquier restricción económica.
Debe tenerse en cuenta que el plan de radarización que se pretende llevar adelante no sólo permitirá un efectivo control del espacio aéreo y una óptima asistencia al tránsito de aviones, sino que -además- es considerado una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La existencia de pistas clandestinas -especialmente en el nordeste del país y en otras zonas fronterizas- constituye una seria amenaza nacional y regional, toda vez que los narcotraficantes y contrabandistas, conociendo la falta de controles mínimos necesarios, utilizan esos lugares ocultos de aterrizaje para el desembarco de drogas y mercaderías destinadas a ser distribuídas en diferentes zonas del territorio nacional o bien a ser reembarcadas hacia otros países.
La advertencia formulada por el jefe de la DEA, Donnie Marshall, a los países vecinos de Colombia, a los que sugirió que apliquen políticas agresivas para impedir que los narcotraficantes y guerrilleros crucen la frontera -lo cual les permite escapar de la represión- no debería ser desatendida por nuestras autoridades, a pesar de que no estuvo destinada, geográficamente hablando, a nuestro territorio.
Es importante recordar que las organizaciones criminales -y es indudable que los traficantes de drogas constituyen una de las más importantes y poderosas- buscan las vulnerabilidades de los países para infiltrase en ellos con mayor facilidad y menor riesgo. La carencia de radares constituye una enorme ventaja que no puede ni debe otorgársele a esa delincuencia sombría y destructiva.
