Raúl Alfonsín: tiempo de memorias

Tras el juicio a las juntas militares quedaba por delante enfrentar el tema de la obediencia debida. El éxito de la relimitación de responsabilidades que procurábamos dependía de la forma en que los jueces encararan esta delicada cuestión. (...) El proyecto del Poder Ejecutivo propuso una norma interpretativa del artículo 511 del Código de Justicia Militar y del artículo 36, inciso 6, del Código Penal que, tomando en cuenta las especialísimas circunstancias de presión, propaganda y terror en las que fueron cometidos los hechos, creaba una presunción revocable de error sobre la legitimidad de las órdenes impartidas para quienes se hubieran atenido a ellas sin capacidad decisoria. El Senado, a propuesta del senador Elías Sapag, modificó sustancialmente la iniciativa del Poder Ejecutivo e introdujo una excepción expresa para los actos atroces y aberrantes, con lo que se abrió una puerta para una incriminación que no tenía límites definidos. Esta evolución de los hechos, más las campañas de acción psicológica siempre activas, incrementaron el clima de grave intranquilidad en los cuadros de las Fuerzas Armadas. Cada uno de sus hombres comenzó a sentirse amenazado. El tiempo se prolongaba y la Justicia no se expedía. Por otro lado, había disparidad de criterios entre los juzgados respecto de cómo establecer los grados de responsabilidad y abordar cada causa.

Esto nos impulsó a promover una ley para poner un límite en el tiempo a los procesos y hacer efectivo así el objetivo inicial de la rapidez. Establecimos que luego de un plazo prudencial se produciría la caducidad de la instancia, ya que los jueces avanzaban lentamente en los juicios, y ya habían transcurrido nada menos que tres años desde el comienzo del gobierno. Necesitábamos apurar los procesos y culminar de una vez con una situación que precarizaba la estabilidad democrática (...)

La ley de Caducidad de la Acción Penal (23.492), mal llamada "de Punto Final", fue sancionada el 23 de diciembre de 1986.

Pero sus efectos en su aplicación judicial fueron inversos a los buscados. La ley, paradójicamente, actuó con un efecto boomerang. La oposición lanzó campañas y movilizaciones, y la Justicia comenzó a actuar con una hiperactividad en los procedimientos desconocida hasta ese momento. Se multiplicaron las citaciones y los procesamientos de militares, que debían presentarse en multitud de juzgados. Nuestro propósito, dirigido a centralizar los juicios en los principales responsables, se vio superado a tal extremo que todos los militares se sintieron juzgados. A partir del criterio de los niveles de responsabilidad habíamos estimado que serían alrededor de un centenar los oficiales que quedarían sujetos a proceso judicial. Estas previsiones fueron desbordadas totalmente, lo que contribuyó a agravar el clima militar, que fue aprovechado por sectores fundamentalistas y autoritarios para producir los amotinamientos de Semana Santa.

Semana Santa

(...) Esa mañana (el domingo 19 de abril de 1987), la Casa de Gobierno volvió a llenarse de gente. Llegaron los dirigentes políticos, radicales y opositores, que iban a suscribir el documento de reafirmación de la democracia. (...) Al mediodía, mi edecán (Julio) Hang se comunicó telefónicamente con Campo de Mayo y lo atendió el ayudante de (Horacio) Jaunarena, quien le dijo que las cosas no andaban demasiado bien. Señaló que había "mal ambiente" y que la conversación se prolongaba mucho. (...) A las 13.30 continuaba la espera en la Casa de Gobierno. Ya había una multitud impresionante en la Plaza de Mayo y yo tenía temor de que la gente empezara a cansarse. A las 13.45 se produjo otro contacto telefónico entre Campo de Mayo y la Casa Rosada. Esta vez fue Jaunarena el que habló con Hang. "Todo fracasó -informó el ministro-, están totalmente descontrolados. Quieren que venga el presidente. Yo les he dicho que no. Que se acabaron las conversaciones. "

(...) El cuadro que tenía frente a mí en ese momento era estremecedor: por un lado, un grupo alzado que parecía insensible a cualquier intento de persuasión; por el otro, un ejército que no sabía si estaba en condiciones de producir una acción represiva efectiva.

Mi única fuerza de disuasión, en esa dramática circunstancia, era la de aquella gigantesca y paciente muchedumbre que cubría la Plaza de Mayo, se prolongaba por la avenida Rivadavia, Diagonal Norte y Diagonal Sur, junto con otras muchedumbres que a la misma hora colmaban otras plazas en decenas de ciudades argentinas. A favor de (Aldo) Rico podía contarse la decisión de usar la fuerza, sin ningún apego a la ley, y el escaso entusiasmo de reprimirlo por parte de muchos de sus camaradas de armas. A favor de mi gobierno, la legalidad constitucional y el apoyo de la gente a la democracia recuperada en 1983.

(...) Fue entonces cuando pensé en hacer valer el peso de la voluntad popular manifestada en las plazas de toda la República, y le pregunté al edecán militar que me acompañaba en ese momento cuánto tiempo me llevaría llegar caminando, junto con la gente que estaba reunida en la Plaza de Mayo, hasta la puerta más cercana de Campo de Mayo. Tenía conciencia de la gravedad que implicaba utilizar este recurso extremo, movilizar el pueblo para defender la democracia y la libertad. Hang me contestó que por la distancia que debíamos recorrer serían necesarias varias horas, y entonces pregunté sobre la posibilidad de trasladarnos en colectivos y camiones. Estaba decidido a defender el sistema, aunque supiera el riesgo enorme que correríamos, tanto yo como la gente que se trasladara hasta Campo de Mayo (...)

Reunión con los amotinados

(...) Cuando finalmente llegaron a la Dirección de Institutos, Rico y (Enrique) Venturino entregaron espontáneamente su correaje y armamento e ingresaron al despacho de (Naldo) Dasso para encontrarse conmigo. "Permiso, señor Presidente", dijo Rico. Todo su aspecto y todos sus gestos eran los de un militar muy entrenado. Venturino, en cambio, era distinto: más intelectual, de aspecto más pensante. Rico no planteó reivindicaciones. "Quiero explicarle por qué llegamos a esta situación", me dijo. "Adelante", le respondí. Me habló entonces de las frustraciones sufridas en las Malvinas y responsabilizó de ellas a la cúpula del Ejército. Se quejó de la conducción del arma, describiéndola como "continuadora del Proceso". Trazó una distinción entre un ejército viejo y uno nuevo, identificando al primero con el generalato y al segundo con los insubordinados. Sostuvo que este último ejército era el que yo necesitaba para alcanzar mis objetivos.

Cuando concluyó, le pregunté: "¿Algo más?". El respondió: "No, señor Presidente". Pasé entonces a explicarle la evolución del cuadro militar desde que lo encaró mi primer ministro de Defensa, Raúl Borrás. Le expuse los objetivos de la ley de caducidad de la acción penal y de otras medidas adoptadas en igual dirección, incluyendo la nueva legislación ya proyectada. Mencioné también el pedido de retiro de Ríos Ereñú.

Rico insistió entonces en subrayar su adhesión al orden institucional y su respeto por el poder civil, alegando que la actitud adoptada por su grupo sólo estaba referida a la situación interna del Ejército. En cierto momento pedí al brigadier (Héctor) Panzardi que hiciera ingresar a Hang, a quien le había pedido previamente que estudiara el Código Militar para ver qué tipo de encuadre podía darse a la actitud adoptada por los insubordinados. Ya presente en el despacho, mi edecán explicó que la figura apropiada para encuadrar los sucesos de Campo de Mayo podría ser la de motín, cuyas consecuencias son reclusión por tiempo indeterminado y prisión mayor (más de dos años) para los cabecillas y un castigo que puede oscilar entre la prisión menor y la sanción disciplinaria para los subordinados involucrados (...)

Ultimos días de gobierno: 1989

Estábamos ante un verdadero estallido social. Sin embargo, hasta el 28 de mayo (1989) teníamos la información de que la situación era "grave, pero controlable".

El 29 se produjeron, en la zona de Rosario, casi sesenta hechos, algunos con mayor violencia. A mediodía se habían extendido a toda la ciudad y los comercios cerraron. Luego dejaron de circular los transportes y comenzaron confrontaciones entre comerciantes y saqueadores, que estaban muy bien organizados. Los medios confirmaron la presencia de autos sin patente, grupos armados y coordinadores que, a través de intercomunicadores, dirigían a los grupos. La televisión exhibió la increíble pasividad de la policía provincial ante el destrozo de vidrieras y el robo de artículos para el hogar.

(...) Decidí declarar el estado de sitio, decisión que comuniqué telefónicamente a Menem, que estuvo de acuerdo. Hacia medianoche el estado de sitio era ley y regía para todo el territorio nacional.

El 1° de junio la situación había cambiado, merced a la presencia masiva de la policía y al apoyo de la Gendarmería. Pero el resultado de lo que había ocurrido fue espantoso: 330 actos de saqueos o vandalismo, 22 atentados con explosivos, 15 personas fueron muertas y una cantidad mucho mayor resultó herida, entre los que hay que contar a 19 policías.

(...) El vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Vanrell (posteriormente procesado por corrupción), conocía muy bien lo que pasaba, porque diversos grupos vinculados con él habían estructurado una fuerza muy disciplinada en los barrios marginales, por medio de carapintadas y de la seguridad provincial.

(..) A esa altura, yo comprendí que mi gobierno resultaba casi inviable y lo que se estaba mostrando aún en ciernes era la intención de terminar con la política de consensos necesaria para concretar el estado de bienestar, abriendo el camino a una instalación del neoliberalismo salvaje. Se quería profundizar la crisis y rechazar cualquier negociación que pudiera morigerarla. Tal cual lo sostuviera Domingo Cavallo, la "crisis necesaria" cumplió puntualmente su misión para abrir el camino a los cambios con la instalación de un nuevo modelo.

El 31 de mayo nos volvimos a encontrar con Menem. Los sucesos de esos días probaron que era evidente a todas luces que la situación no podía continuar de esa forma y la reunión culminó en un compromiso para que el Presidente electo asumiera el cargo, sin fecha cierta, pero con la convicción de que ésta no podía alejarse demasiado.

(...) Se establecieron así las gestiones entre mi delegado y Menem. Por lo que me informó Terragno, en una ocasión participaron, además, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem. En esa reunión ambos exigieron que yo consiguiera la renuncia de dos miembros de la Corte y que designara a las dos personas que ellos propondrían, con el argumento de que necesitaban, como mínimo, dos jueces consustanciados con la situación y la necesidad de tomar medidas. Terragno rechazó de plano la exigencia y vino a Olivos para informarme. Ratifiqué su posición y recuerdo haber expresado: "Están locos".

Mientras tratábamos de lograr razonables acuerdos para la transmisión de mando, veíamos diariamente la dureza con que se enfrentaba a nuestro gobierno. Creo que fue Dante Caputo, hombre de síntesis muy oportunas, quien dijo una vez: "Quieren humillarnos todo lo posible, sólo admiten que nos vayamos escupiendo sangre". Cavallo había mantenido reuniones con nuestros acreedores, afirmando que si no se nos exigía el pago de la deuda, se iba a considerar que se inmiscuían en la política interna de la Argentina. (...) Soportábamos agresiones constantes y todo esto con el país reclamando soluciones, esperanzado en el milagro prometido por el Presidente electo y convencido de nuestra incapacidad para resolver los problemas pendientes. Fueron momentos de dura prueba, no sólo en lo personal, eso es secundario. Estábamos sentados en un polvorín y gente caprichosa jugaba encendiendo fósforos.

(...) Con este panorama, el 12 de junio decidí cortar por lo sano. Esa noche reuní a todo el gabinete y decidimos que al día siguiente presentaría la renuncia. Hubo acuerdo general en que no había otra alternativa. Terragno me pidió autorización para viajar a La Rioja y comunicarle a Menem la decisión antes de hacerla pública. El 12 a la mañana partió con el texto de la renuncia. (...) Menem dijo que no estaba preparado para asumir en ese momento. Terragno le recordó que públicamente había dicho que sí lo estaba. "¿Y qué quieren que diga? ¿Qué no estoy preparado? Yo no puedo decir otra cosa, pero la verdad es que yo contaba con un tiempo y ahora me veo obligado a asumir de repente [...]. Ustedes saben que yo quería asumir el 17 de octubre. Acepté el 30 de julio para hacerles un favor y así me pagan."

Para la sociedad, el cambio de gobierno parecía imprescindible. (...) Mi retiro anticipado fue, desde luego, muy doloroso para mí. Pero sabía que debía anteponer a mi orgullo personal la necesidad de preservar la democracia.

El 30 de junio de 1989, el secretario general de la Presidencia, Carlos Becerra, entregó al Senado de la Nación la nota por la cual resignaba el cargo. Ocho días más tarde, Carlos Saúl Menem juró ante la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados y, de inmediato, recibió el gobierno en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. (...) Cuando me enteré del mensaje que el nuevo Presidente leyó en el Congreso, tuve un verdadero ataque de indignación. Acusaba a mi gobierno de corrupción. ¡No lo podía creer! Tiempo después expresé con respecto a la entrega anticipada: "Eso, que para muchos fue un dolor y una frustración, será timbre de honor para la Unión Cívica Radical, porque fue el precio que hubo que pagar para garantizar la democracia en la Argentina". No creo haberme equivocado.

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