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Reacciones al "ateísmo militante"
Las declaraciones de la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia, doctora Carmen Argibay, que proclamó su "ateísmo militante" y su adhesión a la no penalización del aborto, entendido como un derecho de la mujer sobre su cuerpo, suscitaron reacciones, no todas manifiestas, en distintos ambientes.
El Secretariado para la Familia de la Conferencia Episcopal simplemente recordó lo que todos los obispos habían aprobado el 15 de noviembre en su declaración "Familia, comunión de amor, tarea de todos".
Subrayaron allí que "las leyes deben cuidar y defender la vida, el primero de los derechos humanos". Y se manifestaron preocupados por "proyectos de ley que pretenden legalizar el horrible crimen del aborto".
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El obispo de San Luis, monseñor Jorge Lona, salió al cruce explícitamente afirmando que el aborto procurado "no es una decisión sobre el propio cuerpo, sino una decisión mortífera sobre el cuerpo de otro ser humano". Agregó que nadie -ni mujer ni varón- puede darle muerte al niño aún no nacido.
Señaló, además, que la posición de la doctora Carmen Argibay sólo puede comprenderse como una actitud personal, que interpreta la misión para la cual ha sido propuesta -integrar la Corte Suprema de Justicia- como un mandato moral para modificar la letra o el sentido de la Constitución nacional, haciendo posible la legalización del aborto en el país.
Observó que corre el plazo para presentar objeciones a la candidatura de la doctora Argibay y señaló que es la hora de todos los hombres y mujeres de buena voluntad dispuestos a defender la vida.
El director de prensa del arzobispado porteño, vocero del cardenal Jorge Bergoglio, presbítero Guillermo Marcó, indicó que, en consonancia con la preocupación por los derechos humanos, la vida por nacer "es el primer derecho a defender".
En tanto el ser ateo puede ser una cuestión personal, dijo, la vida es un bien jurídico que un juez debe proteger. Observó que la Constitución recoge el Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a la vida desde la concepción. Marcó indicó que desde el momento de la concepción está toda la carga genética que la persona llevará de por vida. Y afirmó que el aborto es un crimen contra la persona; la madre no es la dueña de un ser humano, tiene el deber de custodiar la vida.
Al respecto, una publicación, Notivida, advirtió que los cambios legislativos son lentos y no pueden llevarse a cabo sin lograr antes algún consenso social. La forma rápida de cambiar la normativa vigente puede ser intentar reinterpretarla.
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Como telón de fondo de estos temas, no pasó inadvertido el retiro de la imagen de la Virgen de San Nicolás del Palacio de Tribunales, dispuesto al filo de la feria judicial. El fallo de la jueza Susana Córdoba tenía varias apelaciones y había pasado a otra instancia. El 30 de diciembre, un acuerdo de los miembros de la Corte dispuso consentir lo resuelto por la jueza. Votaron a favor los ministros Zaffaroni, Petracchi, Maqueda, Belluscio y Fayt, y se opusieron Boggiano y Vázquez. El tribunal ya anticipó que no obstan las vicisitudes ulteriores que pudiera tener la causa judicial, al reivindicar su facultad de superintendencia sobre el palacio. E instruyó a un funcionario para que con la mayor "circunspección y decoro" dé guarda transitoria a la imagen en un lugar que sea apropiado y "ajeno al acceso público".
