Regular antes que prohibir
El reciente informe mundial sobre drogas presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) corrobora que el "problema de las drogas", y el persistente fracaso para su resolución, radica en la prohibición. El objetivo de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas y alcanzar una sociedad libre de drogas. Ello implica suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el uso de un conjunto de sustancias psicoactivas declaradas ilegales.
Todos los indicadores del balance de 2017 apuntan a un nuevo fiasco. Se estima que aproximadamente 255 millones de personas consumen drogas de base natural y de tipo sintético, sólo 29,5 millones lo hacen de modo abusivo y problemático. Más allá del incremento de las legislaciones y políticas punitivas, los individuos seguirán experimentando; se trata de reducir el daño causado (vinculado al VIH, la tuberculosis y la hepatitis C) y no de sancionar por doquier a consumidores frecuentes y ocasionales que no generan violencia con el uso. El total de área cultivada de amapola superó las 300.000 hectáreas, siendo el segundo año más alto en cuanto a siembra desde 1998. Afganistán, país ocupado por la OTAN, sigue siendo el epicentro del cultivo habiendo pasado de 183.000 hectáreas en 2015 a 201.000 hectáreas en 2016. Después de un corto período de declinación volvió a crecer el área sembrada de coca. Hubo un notable aumento de las plantaciones en Colombia, donde se duplicó el área sembrada de 2015 a 2016. Según datos de Estados Unidos llegaron a 188.000 hectáreas, cifra superior al área cultivada en 2000 cuando se inicio el Plan Colombia.
Se observa, como en otros momentos, un alza en el consumo de cocaína en Europa y Estados Unidos. Se detecta un incremento significativo en el uso y abuso de opioides (en especial, en Estados Unidos), y anfetaminas y metanfetaminas (en particular, en Estados Unidos, Asia sudoccidental y algunos países de Europa). Se advierte la multiplicidad de rutas de tránsito y la proliferación del tráfico de drogas, confirmando la flexibilidad de las organizaciones criminales y el impulso que surge de una mayor demanda de drogas. Respecto de la delincuencia transnacional, el informe de Unodc señala que entre un quinto y un tercio de sus ganancias proviene del narcotráfico; el resto de otros negocios ilícitos. Se confirma lo que muchas investigaciones han venido mostrando. El crimen organizado no responde a un patrón rígido de conformación. Se apoya en coaliciones y asociaciones de distinta índole. Los lazos familiares, regionales, étnicos, religiosos y nacionales son esenciales y se yuxtaponen con formas múltiples de agrupación y alianza. Los ejemplos actuales muestran una tendencia hacia diversos esquemas híbridos de redes y agrupamiento. El crimen organizado se nutre de una canasta de emprendimientos -trata de personas, venta de armas livianas, extorsión, falsificación de divisas, juego clandestino, tráfico de migrantes, fraude fiscal, etcétera-, que refuerza la idea de la porosidad entre las economías formal e informal y entre estructuras legales e ilegales. La combinación de mercados crecientemente capturados y Estados relativamente cooptados hace estéril toda la demagógica y sórdida "guerra contra las drogas".
Naciones Unidas ha estimado que el mercado de heroína es de unos 68.000 millones de dólares y el de cocaína, de unos 88.000 millones de dólares. En el informe de 2017 afirma que es posible que el 60%-70% del producto derivado del negocio de las drogas se lave. Según un informe de Unodc de 2011 sobre flujos financieros vinculados al narcotráfico, la "tasa de interceptación" del lavado de activos no supera el 0,2%. Dato que confirma la duplicidad que caracteriza la "guerra contra las drogas". El International Narcotics Control Strategy Report de 2017 elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU. menciona a la Argentina como un major money laundering country.
El problema de las drogas radica en su prohibición. Una alternativa más razonable es la regulación. Sin una mezcla de temor ciudadano, inercia burocrática y pánico político llevan a la reiteración de prácticas fallidas cada vez más ineficaces y onerosas. La pregunta fundamental es: ¿están dispuestos el Gobierno, la sociedad y las instituciones del Estado a alterar el curso actual, que sólo parece llevarnos a una riesgosa e inoportuna "guerra contra las drogas"?
Profesor plenario de la Universidad Di Tella
