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Rehenes de la ineptitud o la viveza
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A comienzos de 2020, el Gobierno informaba a la población que el coronavirus no llegaría a la Argentina y que no era necesario el uso del barbijo. La situación fue variando rápidamente con el correr de los días, hasta imponerse una cuarentena insoportable por su extensión y limitación, que fundió a la mayoría de los argentinos y no evitó contagios y muertes.
El Gobierno sabía –o debió saber– que la solución era vacunar a la población. No ha previsto la real situación en la que nos encontramos o, habiéndose previsto, no adoptó las medidas conducentes para evitar la grave situación actual. Más de 73.000 muertos desde el inicio de la pandemia. De esa cantidad, más de 40.000 se han producido en los últimos cinco meses. Esto quiere decir que si el Gobierno hubiera cumplido con su obligación de ingresar al país la cantidad de vacunas que anticipó, la realidad sería evidentemente otra.
El Gobierno es responsable al menos de esas 40.000 muertes que se han producido entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, y de las que sigan ocurriendo. Ello constituye un verdadero crimen de lesa humanidad, en tanto todos los funcionarios han actuado a sabiendas y con dolo eventual. El mismo Estado se calificó como “un gobierno de científicos”.
La situación es más grave aún porque a las muertes actuales les seguirán más fallecimientos, siempre motivados en la desidia del Gobierno, debido al retraso de la vacunación, a las mutaciones virales y a las posibles reinfecciones. Es sabido que la falta de vacunación oportuna generará, porque así ha pasado en otros países, mutaciones virales. En lo que respecta a la Argentina, se están dando las variantes andina y Manaos principalmente. La variante andina es desconocida por los fabricantes de vacunas porque no existe un estudio en esos países ni en la Argentina que haya analizado a fondo la situación. Dichas mutaciones pueden producir otras variantes que pueden no estar cubiertas por las actuales vacunas. En otras palabras, si la población se hubiera vacunado como correspondía, se estarían evitando las mutaciones del virus. Lo cual significa, a su vez, evitar las reinfecciones con una nueva cepa del virus.
También se sabe –porque así se estudió en otras regiones– que el encierro de la población no va a detener el virus. Lo único que puede terminar con él (y con las mutaciones y reinfecciones) es la aplicación de la vacuna. Es decir, con las dos dosis de cualquiera de las disponibles. En la Argentina, la inmensa mayoría de la población vacunada ha recibido solo una dosis y existe una gran incertidumbre sobre la aplicación de la segunda. Entendemos que la Justicia debe investigar a fondo este crimen de exclusiva responsabilidad del Gobierno. La Argentina se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la cantidad de muertes por Covid por millón de habitantes.
Dentro de esa investigación, se debería llegar a fondo también con los motivos por los cuales la Argentina no accedió a algunas vacunas, mientras que otros países, incluso vecinos, sí lo hicieron. Por qué las vacunas de Pfizer o Moderna no se compraron y sin embargo otras, llegadas de Rusia, China o Cuba, ganaron la posición. Hoy las vacunas provenientes de Rusia y China están llegando con cuentagotas, a tal punto que no pueden entregar las segundas dosis para aplicar a más de 8 millones de vacunados solo con las primeras dosis.
La vacuna de Pfizer parecía prometedora, pero también lo parecía la desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. El 20 de julio 2020 se publicó en la revista The Lancet un estudio que trazaba un nivel preliminar de eficacia del 95 por ciento.
Así, para cuando Pfizer acudió al Ministerio de Salud, el 28 de julio de 2020, y presentó su primera oferta para que la Argentina comprara dosis de la vacuna de manera anticipada, la respuesta no fue la que esperaba. El laboratorio le comunicó al ministro que podía entregarle vacunas en 2020, a pesar del “contexto de oferta global limitada de dosis”, pero el ministro al parecer no concretó esa entrega. Parecía inclinarse por la opción de AstraZeneca y delegó las deliberaciones con Pfizer en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo. Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la esposa de Hugo Sigman y cofundadora del Grupo Insud.
Todos los laboratorios que hacen la vacuna contra el Covid-19 tienen antecedentes internacionales. El Gobierno ha generado una expectativa y ha ideologizado el tema como si se tratara de geopolítica en lugar de un tema científico. Bajo ese esquema, desechó comprar vacunas que necesitaba para evitar muertes. Ya sea por ineptitud o viveza, el pueblo es rehén de la grave situación que vive hoy la Argentina, en la cual algunos pagan con la vida, lamentablemente, y otros lo hacen con su libertad. ß
Kreckler, abogado y presidente de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino entre 2002 y 2003, actual miembro del consejo ejecutivo de la agrupación República Unida; Russo, abogado
