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Santiago del Estero, "portaaviones" de la droga
Parte de la dirigencia política y del sistema judicial son cómplices del incremento impune del tráfico y consumo de drogas en la provincia
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LA NACION
Un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Federal ha resuelto conceder el recurso presentado por el exjuez del poder judicial de Santiago del Estero Miguel Ángel Moreno sobre las complicidades con el narcotráfico de parte del poder político y de miembros del poder judicial de esa provincia. Parte de la importancia del fallo radica en que ahora habrá una investigación judicial por fuera del férreo cerco del gobierno provincial.
El recurso se presentó ante las denuncias del citado doctor Moreno, que investigaba el crimen del joven Marito Salto en la ciudad de Quimilí, relacionándolo con el problema del narcotráfico y las presuntas complicidades políticas del oficialismo santiagueño.
Hace tiempo que Santiago del Estero es considerado el "portaaviones" de la droga, como fue denunciado por un funcionario de la Justicia Federal de Córdoba, debido a la gran proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en su extenso territorio. Se conoce que el exjefe del secretario de Seguridad de los gobiernos de Carlos Juárez, Musa Azar, facilitaba su operación al ordenar a la policía de la provincia evitar realizar controles camineros. Santiago del Estero es una provincia a la que la droga llega por aire, a través de avionetas, y por tierra, siendo lugar de paso de los cargamentos que vienen desde Bolivia y entran por las rutas 34 y 16. El consumo se ha incrementado fuertemente no solo en la ciudad capital, sino de manera preocupante también en las pequeñas localidades del interior provincial, como comprobó el padre Pepe Di Paola cuando estuvo radicado en Campo Gallo. Aun cuando más del 70% de los santiagueños votaron a favor de la actual administración, nadie desconoce que la impunidad con la que el negocio de la droga ha crecido en esta extensa provincia de amplias zonas despobladas y montes ha corrompido a los estratos sociales del interior provincial. Las pistas clandestinas y la falta de control han enriquecido a muchos que, sin ingresos para una bicicleta, hoy conducen modernos autos por pueblos, ciudades y por la provincia.
Especialistas en el tema hablan de la línea Termas-Frías-Añatuya en relación con estos tres eslabones de circuitos del narcotráfico, la trata de personas y la prostitución. En esas ciudades siempre se ha sospechado de las complicidades de las dirigencias políticas lugareñas claramente en evidencia con el asesinato de un joven policía en Frías, que habría tenido información sobre la relación entre el intendente de esa ciudad y el narcotráfico. Muchos policías habrían sido apartados por no prestar protección al tráfico de drogas.
El denunciante responsabiliza al secretario de Seguridad de la provincia, a jefes policiales, a un integrante del Superior Tribunal de Justicia local, al hermano del gobernador y al propio gobierno provincial. La denuncia la realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 11, pero fue remitida al Juzgado Federal de Santiago del Estero. En esa sede no se investigó, no se aceptaron ninguno de los recursos presentados, y se diligenció el cese del programa de protección de testigos que lo incluía, a pesar de las amenazas que recibiera, archivándose luego la causa.
También fue rechazada por la Cámara Federal de Tucumán, a pesar de la gravedad de los delitos denunciados, que mostraban la falta de independencia del juez federal con lazos de parentesco cercano con la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora. A pesar de ello, el juez se negó a excusarse.
En definitiva, la Sala IV de la Cámara de Casación Federal Penal, al resolver dar por nulo lo actuado por la fiscalía y el juzgado federal de Santiago del Estero, ha determinado con extensos fundamentos que toda "persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial".
Uno de los graves problemas institucionales en casi todo el interior del país es la falta de una Justicia Federal imparcial e independiente, debido al proceso de designaciones de los magistrados. Si bien, como en este caso, han sido designados por concurso, no prevalecen la necesaria transparencia y objetividad. Tanto el fiscal federal como el juez federal de Santiago del Estero tuvieron un desempeño extremadamente pobre en esos concursos -40 puntos sobre 100 para el fiscal y el puesto 14 para el juez-, pero resultaron nombrados en 2009 durante el gobierno de Cristina Kirchner por pedido del gobierno de Gerardo Zamora, quien, como otros gobernadores, busca alimentar la impunidad a través del nombramiento de jueces sin méritos para tan importante labor, que se convierten en simples militantes de los oficialismos provinciales.
Lamentablemente, ese es un problema generalizado en el país y de enorme gravedad porque están en juego los derechos, las garantías y las libertades constitucionales. No habrá mejoras sostenibles de nuestras falencias económicas y sociales si no comenzamos por trabajar por un poder judicial independiente del poder local.
El gobierno nacional ha encarado una fuerte lucha contra el narcotráfico de la que Santiago del Estero no puede quedar excluida. Es necesario avanzar con decisión sobre todos los implicados en este tan poderoso como vil negocio, pues la dimensión que ha tomado en nuestro país solo ha sido posible gracias a la cómplice colaboración de parte de la dirigencia política y judicial de varias provincias.
LA NACION
