Se abre un escenario nuevo y esperanzador

Hay muertes que nos interpelan. La de De la Rúa es una de ellas. Si bien es cierto que Alfonsín había resignado su cargo antes de terminar su mandato, en aquella ocasión, un nuevo presidente había sido elegido y la transición, aunque breve, era demasiado larga en medio de una hiperinflación. Lo de De la Rúa fue distinto. Habían transcurrido solo dos años de un potencial período de ocho, reelección mediante. Su renuncia fue forzada por una conjura antidemocrática y constituye un baldón para el orden constitucional. No estaba enfermo, impedido ni pesaba sobre él mácula alguna que le impidiera gobernar. En tiempos de interpretación de la verdad, sería bueno develar algunos hechos de la época, sobre todo para los más jóvenes.

Al concluir el siglo XX, no había inflación, subsidios ni distorsión de precios relativos. El sistema financiero era solvente y equivalía al 30% del producto bruto. Había cuentas individuales de capitalización previsional optativas. La privatización de las viejas empresas del Estado había resuelto su déficit; empezaron a pagar impuestos y aumentaron su productividad. Se había desregulado la actividad privada y se regulaban solo los servicios públicos y áreas sensibles. La deuda externa e interna se había reestructurado y consolidado en condiciones razonables y compatibles con la capacidad de pago del país. Se habían producido grandes inversiones y eliminado en buena medida el sesgo antiexportador de la producción nacional. Los trabajadores, jubilados y pensionados, por primera vez en décadas, cobraban sus ingresos en moneda fuerte.

Pero dos crisis externas habían golpeado la economía nacional. Rusia a mediados de 1998 y Brasil en enero de 1999 causaron una fuerte recesión en el país. Ese año, De la Rúa ganó las elecciones presidenciales. La recesión continuó a pesar de los esfuerzos de su gobierno. El descontento genuino y la violencia de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, orquestada por los conjurados, causaron su renuncia.

A partir de 2002, aquel escenario de fines del siglo pasado cambió totalmente, y de la recesión caímos en una profunda depresión económica causada por una megadevaluación; la "pesificación asimétrica" de préstamos, depósitos, tarifas y títulos públicos locales; el congelamiento de depósitos bancarios durante cinco años; el default de la deuda pública (que se mantuvo en lo sustancial hasta 2016, pero que continúa todavía respecto de diversas deudas impagas desde 2001); el congelamiento de tarifas de servicios públicos; la confiscación del sistema de capitalización de jubilaciones; la expropiación o confiscación de varias empresas (YPF, Aerolíneas, Ciccone, etc.); la creación de impuestos distorsivos; la manipulación de las estadísticas nacionales; la persecución a opositores y periodistas críticos; la colonización del Poder Judicial; el cepo cambiario y el férreo control de las variables socioeconómicas. El corolario natural de ese clima, radicalmente adverso a la inversión y al desarrollo, fue el estancamiento, el déficit fiscal, la inflación y una gravísima distorsión de precios relativos, ya que solo subían los precios "libres", pero no los regulados, lo que generó enormes subsidios a cargo del Tesoro y la destrucción de vastos sectores productivos.

Desde 2016, la actual administración intentó salir de aquella situación gradualmente. Decidió mantener algunos cambios del período 2002-2015, como las estatizaciones de empresas y la confiscación de los fondos jubilatorios, reduciendo los subsidios e impuestos distorsivos, pero no eliminándolos de raíz. Si bien liberó el mercado de cambios, resolvió el conflicto con los holdouts y revirtió muchas distorsiones (como en el transporte y la energía), la economía sigue en recesión y la inflación, en lugar de bajar, aumentó. A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno y del indudable aumento de la cantidad y calidad de inversión pública, buena parte de la sociedad no advierte que el escenario haya mejorado y teme que se agudicen los problemas fiscales, distorsivos y regulatorios. No dejemos que nos arrebaten el futuro otra vez. Sobre todo porque hay al menos cuatro aspectos de la realidad que nos permiten visualizar un nuevo escenario: el programa con el FMI, el acuerdo del Mercosur con la Comunidad Económica Europea, el desarrollo de Vaca Muerta y el consenso social sobre la imperiosa necesidad de terminar con la inflación. Estos cuatro aspectos son complementarios y pueden ser los pilares del plan sustentable de mediano y largo plazo que nos faltaba. El programa con el FMI nos permitió lograr ciertos consensos para reducir el déficit fiscal y suspender la emisión monetaria que lo financiaba. Falta eliminar impuestos distorsivos.

El reciente anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Europea nos provee algo más valioso que el acuerdo en sí mismo: un plan de trabajo para las próximas dos décadas que abarca a todos los sectores productivos y de servicios del espacio común al que pertenece la Argentina. La explotación de Vaca Muerta tiene la potencialidad de poner en producción reservorios de shale oil y shale gas que exceden largamente las necesidades nacionales, dejando enormes volúmenes para su exportación. La necesidad de terminar con la inflación es evidente. No solo porque afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también porque causa constante inestabilidad de precios y salarios, devaluación, fuga de capitales, desaliento al ahorro y la inversión productiva, pujas sectoriales, baja productividad, caída de ingresos públicos y de rentabilidad, gravísima violencia social y una peligrosa pérdida de consenso político para quien gobierne.

La combinación de estos cuatro aspectos en el marco de un plan serio y balanceado permitiría aprovechar la sinergia del conjunto y concretarlos a todos, constituyendo el eje de una renovada etapa de desarrollo. Esa sinergia resultaría de la culminación del acuerdo con el FMI alcanzando un equilibrio fiscal sustentable que nos permita volver a los mercados de capitales y eliminar impuestos distorsivos. Ello, sumado a los recursos de los sectores involucrados y las divisas que proporcionará el desarrollo de Vaca Muerta, permitiría aumentar las importaciones necesarias para transformar empresas ineficientes y no competitivas en dinámicas y de alta productividad. Podríamos así evitar el riesgo de lo que se conoce como "enfermedad holandesa" (que el ingreso de divisas de semejante cantidad de exportaciones de petróleo y gas aprecie la moneda local e impida u obstaculice el desarrollo de otros sectores), y un nuevo estrangulamiento del sector externo por la corriente inversora que demandará el imprescindible aumento de la productividad de los sectores que se preparen para la competencia internacional en virtud de los acuerdos comerciales con la Comunidad Económica Europea.

En ese contexto, crear empleos sustentables, aumentar los salarios reales, reducir la pobreza y la indigencia y mejorar la calidad de vida de la población y la infraestructura parecen objetivos alcanzables en un plazo relativamente breve. Además, este nuevo escenario sería sostenible en el tiempo, superando el típico stop and go que sufrimos desde los años 30 del siglo pasado. Nada de aquello, no obstante, será posible sin un decidido esfuerzo nacional para terminar de una vez y para siempre con la inflación, como lo hicieron todos los países civilizados. Solo su derrota nos permitirá desarrollar nuestro raquítico sistema financiero y expandir el mercado de capitales para financiar con recursos locales la mayor parte de las necesidades de nuestras empresas y familias. La muerte de De la Rúa nos interpela, pero somos nosotros -o, mejor dicho, la mayoría de nosotros- quienes decidiremos qué camino deseamos transitar para evitar que se repita lo que siguió a su forzada renuncia. De nosotros depende.

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Por Horacio T. Liendo

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