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“Soberanía alimentaria”, curiosa forma de disfrazar una realidad
Un argumento para la intervención en Vicentin es el de la "soberanía alimentaria". Es curioso cómo se manipula el lenguaje para absolutizar el poder del Ejecutivo Nacional. Y simultáneamente, centralizar la decisión en Buenos Aires, en desmedro de las provincias.
Hablar de "soberanía alimentaria" resulta, al menos, disparatado, en un país que ni siquiera logra tener soberanía económica, dada la inexistencia de dinero propio.
Vicentin es una empresa fundamentalmente dirigida a la compra de granos de soja. Para procesarlos y así exportar los subproductos. El mercado interno no necesita prácticamente soja. Ni para consumir, ni para la producción de proteína cárnica.
La intervención del Estado en una empresa privada produce escozor. Pero esto no es lo más grave. La realmente alarmante es haber pasado por encima de la ley. Por arriba de las instituciones. Ahora, el Estado avanza sobre la propiedad privada y vuelve a sentar un precedente peligroso.
El derecho de propiedad es la base del desarrollo económico. Las instituciones formales lo protegen. Pero, en nuestro país, de acuerdo determinadas circunstancias y bajo la discrecionalidad de la autoridad, el Estado puede hacer caso omiso de su existencia. El caso Vicentin es un ejemplo.
Nuestro país es un gran exportador de commodities agrícolas y de alimentos, de excepcional calidad. Los 44 millones de argentinos pueden alimentarse sin ningún problema de abastecimiento. Y también podrían hacerlo otros 400 millones de habitantes del mundo, con nuestras exportaciones.
Economista. Director de Consultoría Agroecon
