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Seguridad jurídica para todos
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Ciertos reiterados y justificados reclamos del sector empresario, de los cuales ha ido dando cuenta LA NACIÓN, actualizan la trascendencia de un tema que acaso no ha tenido últimamente toda la repercusión que merece, acaso porque otras cuestiones urgentes -por ejemplo, el debate sobre la violencia- concentraron la atención pública. Nos referimos al gran tema de la seguridad jurídica, ese concepto tan vapuleado y, sin embargo, de tan vital importancia para cualquier intento de reinstalar al país en la senda del progreso y el crecimiento. Para quienes prefieren emplear un lenguaje más cotidiano, no está de más recordar que la "seguridad jurídica" se identifica, en definitiva, con la "previsibilidad", condición imprescindible para que los inversores del mundo vengan a nuestro país y se decidan a contratar, a generar empleo o, simplemente, a salir a la calle.
En relación con este tema, resultó oportuno el encuentro que realizaron hace pocos días la asociación civil "Unidos por la Justicia" y la Fundación Konrad Adenauer, con la participación de autoridades nacionales, legisladores, abogados, economistas, empresarios y periodistas, quienes debatieron en ese foro acerca del tema "Justicia y Desarrollo, Seguridad Jurídica para todos".
Es verdaderamente alentador que se esté arribando a un necesario consenso sobre esta condición tan importante para el desarrollo y el progreso de cualquier pueblo. Los participantes del debate partieron de la convicción de que la seguridad jurídica es un concepto que se proyecta mucho más allá del plano puramente económico, pues apunta al desarrollo integral y sustentable de una sociedad.
Los componentes fundamentales de la seguridad jurídica son, en primer término, la seguridad física de las personas y la vigencia de un sistema legal coherente y sin fisuras. Pero no basta con esos elementos: necesita, además, el funcionamiento de una Justicia transparente e irrestricta. Y algo más: una estructura general de completa estabilidad, con particular énfasis en el rol fundamental que le cabe al orden institucional, tanto en el ámbito público como en el sector privado.
Entre las principales conclusiones a que arribaron los participantes del encuentro debe mencionarse la observación de que nuestro país, durante varias décadas, ha sido escenario de una gran inflación normativa, caracterizada por la profusión de reglas legales irrazonables, contradictorias y a menudo coyunturales. Esta situación, atribuible al mal funcionamiento de los poderes políticos, se vio potenciada por las fallas del sistema judicial, que incentivó en la ciudadanía una cultura de escaso apego al cumplimiento de la ley.
La existencia de un marco legal razonable y adecuado es condición necesaria, aunque no suficiente, para consolidar el desarrollo. Las leyes no pueden crear riqueza por sí solas, pero suelen crear pobreza, como lo evidenciaron dramáticamente en la Argentina de los últimos años. De ahí la necesidad imperiosa de darle al orden jurídico la mayor coherencia, suprimiendo regulaciones excesivas, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión social y creando las condiciones generales para que exista, desde la esfera de lo legal, un verdadero sistema de premios y castigos.
Del mismo modo, resulta indispensable la existencia de una Justicia independiente, eficaz y eficiente, que garantice tanto la vida y la seguridad física de las personas como el efectivo ejercicio de sus derechos frente a los abusos reales o potenciales de quienes pretendan avasallarlos, así como de los prestadores de servicios públicos y del Estado. La previsibilidad de las sentencias y el respeto a la Constitución y las leyes son presupuestos fundamentales para un desarrollo integral, asequible y duradero.
Otro de los pilares de la seguridad jurídica se afinca en la virtud de la transparencia. La lucha contra la corrupción debe constituir una política de Estado, que asegure el buen funcionamiento de las instituciones públicas y otorgue, así, mayor calidad a la vida ciudadana. En el plano internacional, la corrupción resta competitividad y credibilidad a los Estados: estimaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establecieron que el costo de la corrupción en el mundo representa, aproximadamente, el 5% del PBI mundial. Un fluido intercambio comercial exige, para su extensión y continuidad, que los Estados compartan prácticas comunes de transparencia y que respeten y hagan respetar las normas nacionales e internacionales vigentes.
La seguridad jurídica tiene para los argentinos, además, otra faceta de trascendental importancia y es la que se relaciona con exigencias de la integración en el Mercosur. Resulta imprescindible que el liderazgo de los gobiernos nacionales vaya acompañado de un creciente protagonismo del sector privado. Para eso es necesario el desarrollo de una mayor difusión pública del proceso en su conjunto y el paulatino avance hacia la creación de instituciones supranacionales.
La seguridad jurídica es un presupuesto esencial para construir una democracia participativa, en la que el desarrollo sea una realidad tangible y no un mero enunciado. Pero ello solamente será posible y duradero en la medida en que la sociedad participe activamente de la vida ciudadana y de la mejora en la calidad de nuestras instituciones.
