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Sergio Berni, otra víctima de la inseguridad
Avanza Libertad y el Frente de Todos parecen intercambiar creencias. La decisión de Javier Milei de no dar quorum para suprimir las PASO lo transforma en el inesperado defensor de uno de los derechos ampliados que creó el oficialismo, pero que ahora se propone derogar con el argumento formal de reducir el gasto público. Hay algo más en este comportamiento que una aparente paradoja disparatada. Desnuda el temor de los dirigentes a ser abandonados por sus votantes más fieles si quedan asociados al gobierno, en un clima electoral de marcado rechazo a sus acciones.
Brasil proyecta esa incertidumbre. El kirchnerismo festejó aliviado el milagroso triunfo de Lula. Creció dos millones de votos entre primera y segunda vuelta. Su rival, Jair Bolsonaro, consiguió casi cuatro veces más. El llamado de los líderes de centro a votar por el PT habría provocado el efecto contrario. El cuadro aterrador en el que Wado De Pedro planteó eliminar las elecciones intermedias. Nadie lo contradijo en La Cámpora, concentrada en la presión de Máximo a los intendentes para que habiliten listas colectoras en sus distritos. La práctica que Néstor Kirchner, su padre, pretendió lapidar con las PASO.
El gobierno porteño confía en que la logística del aparato estatal garantice la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Su presunta pérdida de entidad envalentona hasta el extremo a Patricia Bullrich. Sin reparar en la experiencia a otra escala de Sergio Berni. Los incidentes del partido entre Gimnasia y Boca lo habrían forzado a suspender sin fecha lo que preveía para una semana después: el anuncio de su candidatura a gobernador, cargo que aspira a retener Axel Kicillof.
Puede resultar curioso, pero ese desafío lo confirmó como ministro de Seguridad. En un escenario reñido, la fuga de votos podría comprometer su reelección. Berni ya demostró ser un precursor. Se distanció del oficialismo antes de que Cristina lo insinúe. Kicillof omitió revelar estos detalles a los intendentes que le pidieron su renuncia. Pero tuvo que ceder ante ellos. El presupuesto ingresó a la Legislatura por la Cámara de Diputados que preside Federico Otermín en nombre de Martín Insaurralde, el jefe de Gabinete bonaerense.
Un desaire a la vicegobernadora Verónica Magario. Pero sobre todo a Teresa García. La jefa de los senadores oficialistas es íntima de Cristina. Kicillof sufrió un plantón de media hora antes de ingresar al despacho de la vicepresidenta cuando la visitó la semana pasada. El nuevo presupuesto de 7 billones de pesos supera en un 123% al anterior. El cálculo real de la inflación prevista por el gobernador, defensor de los controles de precios para combatirla.
El esclarecimiento de lo ocurrido hace un mes en el bosque de La Plata es vital para que Berni rehabilite su candidatura. Pero la causa en manos del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, y el fiscal Martín Almirón, no avanza. Un cuadro donde es comprensible que el ministro le atribuya responsabilidad a la Justicia en la nueva ola de inseguridad. En cierta forma, él también es otra víctima de ella. Pero también de su propia urgencia. Sindicó a Lucas Josué Molina como el alias de Luciano Jesús González, detenido por el asesinato de Andrés Blaquier.
Berni criticó al juez de Garantías de Zárate-Campana, Javier Marino, por rechazar la orden de detención contra Molina. Aunque con un grado de parentesco entre sí, Molina y González son dos personas distintas. González está acusado del asesinato del empresario. En mayo se fugó del Centro Cerrado Almafuerte. Un instituto del área de Minoridad que depende del Ministerio de Desarrollo Comunitario cuyo titular es Andrés “el Cuervo” Larroque.
Hay otro dato más sugestivo que ese. Germán Urman es secundado en ese organismo por Viviana Arcidiácono, subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil. Arcidiácono fue la auditora general de Asuntos Internos en la policía bonaerense con el gobierno de Daniel Scioli. El embajador en Brasil habría obtenido en los últimos 90 días lo que Berni duda de conseguir con Crispo. El fiscal de Estado, Hernán Gómez, se habría encargado de cerrar el círculo iniciado por ese juez en julio.
Crispo anuló ese mes la elevación a juicio de la causa donde el ex gobernador y una decena de sus colaboradores fueron acusados de negociaciones incompatibles con la función pública. Al magistrado le llevó tres años concluir que las pruebas que el fiscal Álvaro Garganta reunió en un expediente de 25 cuerpos eran insuficientes para someterlo a juicio. Las propias inconsistencias de la acusación del fiscal habrían librado a Crispo de cualquier duda sobre la decisión que tomó.
Gómez habría logrado que todos los acusados reconozcan el perjuicio económico que sus actos podrían haberle ocasionado al Estado y su vocación de repararlo mediante una compensación que se comprometieron a reintegrar. El acuerdo se habría suscripto entre las partes el mes pasado. De existir, no sería la única singularidad del convenio. A pedido de Garganta, la Fiscalía realizó un informe técnico que convalidó que las licitaciones para Unidades de Pronta Atención (UPA), se hayan efectuado bajo el régimen de contrataciones y no con el de la ley de Obras Públicas.
El régimen de Contrataciones se aplica a licitaciones de menor valor que las involucradas en la ley de Obras Públicas. La utilización del primero para emprendimientos de envergadura despierta la sospecha de un aparente direccionamiento del concurso dispuesto a beneficiar a empresas predeterminadas. Un procedimiento vidrioso. Casi tanto como el de Garganta al solicitar la opinión de la Fiscalía de Estado. Resultaría improbable que lo haga de un modo distinto al que lo hizo cuando aprobó los convenios para construir el UPA. Es decir, el régimen de contrataciones.
Una atmósfera propicia para las conjeturas. Como la supuesta parálisis que embarga el pedido de juicio político a Javier Rodiño. El vocal de la sala 1 en la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora está acusado de participar en la quiebra fraudulenta del Policlínico Lomas. Antes de ser designado juez fue síndico de la gerenciadora que administraba ese centro de salud. Rafael Acuña Bustamante, su exsocio, está imputado en la misma causa penal a cargo del juez de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.
Vitale es uno de los nueve ternados para cubrir tres vacantes en la Cámara de Garantías del Departamento Judicial Lanús/Avellaneda. La influencia de Insaurralde mantendría congelado el juicio político en su contra por la causa denominada Pay Diamond, un caso de estafa piramidal. A Vitale se le atribuye ofrecerle a Acuña de Bustamante fallar a favor del pedido de prescripción que presentó en la causa Policlínico Lomas si Rodiño intercede ante Julián Álvarez para ser designado camarista.
El exviceministro de Justicia pactó la designación de Rodiño en la Cámara Civil y Comercial a cambio de que Miriam Russo fuera fiscal federal durante la gestión de Scioli. Vitale no tendría suerte. Álvarez se inclinaría por Fernando Benítez para integrar la Cámara de Garantías. Un espacio que pasaría a compartir con Luciano Noli. Pero también con Sebastián Bisquert. El fiscal a cargo de la UFI N°1 de Lomas de Zamora y el encargado de elevar el pedido de juicio político contra Vitale. Otra supuesta víctima de la inacción judicial.
Por Daniel Bilotta
Tipo de trabajo:
opinión
