Servicios públicos y políticas de Estado

Discutir hoy si los servicios públicos deben ser estatales o privados es estéril y sin sentido, es plantear cuestiones absurdas e irrelevantes que a nada conducen. Los servicios públicos deben ser receptivos a las necesidades de la sociedad, accesibles a todos y eficientes, ya que son un factor clave de la economía productiva y coadyuvan a la integración social.

Para que ello se cumpla, una nación define primero qué considera servicios públicos. A partir de esa política de Estado estratégica, basada en una clara noción de equidad y responsabilidad pública, quién presta el servicio es indistinto (Estado, privados o ambos asociados) si se cumple con las premisas básicas que debe tener un servicio público: accesibilidad, calidad en la prestación, precio justo y rentabilidad razonable.

Un análisis claro de la privatización se ha empañado a menudo con argumentos ideológicos simplistas a favor o en contra de la propiedad pública o privada, o del control estatal como principio político general. En la realidad, la mayoría de las economías, y todas las más fuertes, son mixtas en diferentes proporciones, ya que los sectores público y privado se necesitan recíprocamente.

En la mayor parte de Europa occidental y en los países nórdicos, al igual que en Canadá , Australia, Nueva Zelanda y Japón, se fueron construyendo economías mixtas con sectores públicos fuertes y extensos como parte de un programa de reconstrucción y desarrollo.

Cuestión de fronteras

Actualmente, los países que integran la Unión Europea, en lo que a servicios públicos se refiere, se encuentran frente a una amplia normativa tanto en los niveles comunitarios como en el estatal. Las naciones miembros deben coordinar las normas internas con las directivas emanadas por la comunidad. La discusión pasa por una regulación de efectivo cumplimiento, creando normas que tienden a promover la competencia, la eficiencia y una baja en las tarifas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, el planteo estatal o privado se encuentra superado. La regulación es escasa y el control de los servicios públicos es ejercido por las agencias regulatorias que tienen poder de decisión y a través de las cuales los usuarios se sienten representados.

En los países capitalistas avanzados, las ya mixtas economías suelen estar profundamente arraigadas. Sin embargo, las exigencias de la integración económica trasnacional y las presiones, a veces internas, sobre los presupuestos estatales, han sido significativas, y los servicios públicos se han visto afectados.

Una de las preguntas sobre la privatización, por lo tanto, es: ¿dónde debería trazarse la frontera entre la responsabilidad pública y lo privado? No existe una respuesta única, válida para todos los países y para todos los instantes. Ciertas actividades, como la salud, son bienes públicos en todo lugar y en todo momento, mientras que otras se sitúan en el extremo opuesto del espectro. Entre ambas, se halla un abanico de sectores que exigen estar bajo propiedad y dirección pública mucho más en algunos lugares que en otros, y en algunos momentos del desarrollo económico y social de un país más que en otros.

La interrelación entre los sectores público y privado ha quedado vívidamente descripta por Hugh Stretton en la publicación australiana Essential Services: "Una compañía privada extrae gas estatal, lo envía a través de un gasoducto público a otra compañía privada de gas que, sin embargo, tiene una franquicia pública y lo envía, esta vez a través de un gasoducto privado, a una fábrica de ladrillos privada; allí se mezcla con electricidad pública y arcilla privada para fabricar ladrillos que transitan en camiones privados por carreteras públicas hasta un contratista privado de la construcción que está edificando viviendas públicas en terrenos públicos; más tarde se venderán a ciudadanos privados con una primera hipoteca de un banco privado y una segunda hipoteca de un organismo de viviendas públicas."

¿Tendrían los ideólogos del mercado la amabilidad de separar el "sector público" del "sector privado" en el ejemplo anterior, y demostrar cómo la supresión del sector público permitiría un más libre crecimiento del sector privado?

Más allá de este entrecruzamiento, existen sólidas razones económicas y sociales para no dejarlo todo al juego del mercado ni en manos de los intereses privados sin regulación. El transporte público es un claro ejemplo de un servicio que el mercado jamás podrá suministrar de manera integrada, debido a que un sistema eficaz de transporte público depende de una interconexión entre algunos servicios que producen beneficios y otros que, aunque indispensables para la justicia social o para la política económica regional, no pueden rendir utilidades. Incluso los sectores que normalmente son coto reservado de la empresa privada y de las fuerzas del mercado pueden ocasionalmente necesitar una intervención de crisis, en el interés colectivo de proteger derechos de ciudadanos.

La experiencia argentina

La forma en que los servicios públicos están estructurados y administrados ha sido objeto de dramáticos cambios en el mundo durante los años 80 y 90 del siglo XX. En la Argentina se encaró un amplio proceso privatizador de los servicios públicos. La economía del país se desarrollaba en un marco de inestabilidad y la inflación todavía era un enemigo por derrotar. Para atraer inversiones y capitales, se ofrecieron condiciones favorables que aseguraran y garantizaran la explotación rentable de las distintas actividades.

Resulta notorio, a la luz de los resultados, que cuando el Estado se retiró de la gestión directa de los servicios públicos, surgieron algunos problemas, debido a los intereses contrapuestos existentes entre los prestadores y los usuarios. Además, en general, los entes reguladores no han podido atenuar, de manera efectiva, la notable desproporción de fuerzas entre las grandes empresas que prestan de manera monopólica servicios públicos y sus destinatarios. Por ello, desde este punto de vista se puede afirmar que los usuarios no han tenido una adecuada defensa de sus intereses.

Nadie puede negar la trascendencia que ha tenido para nuestro país la transformación del Estado a través de las privatizaciones, concesiones y licencias. Se terminó con el Estado empresario; sin embargo, todavía no apareció el Estado controlador, que cumpla con sus funciones y arbitre los intereses, a veces contrapuestos, entre empresas y usuarios.

No hay que perder más tiempo con discusiones inútiles que ya nadie plantea en el mundo: servicios públicos estatales o privados. Es preciso inaugurar una etapa en la cual deben tenerse en cuenta aspectos centrales en el momento de renegociar los contratos de concesión:

• La calidad en la prestación de los servicios públicos. Ninguna empresa moderna de servicios públicos que pretenda ser eficiente puede prescindir del control de sus procesos operativos a través de un sistema de gestión de calidad reconocido que le permita satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes. Es preciso, entonces, que en la nueva renegociación se establezca claramente que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán, en lo operativo, asegurar la instrumentación de normas de gestión de calidad reconocida y de procedimientos de auditoría que les permitan alcanzar la máxima confiabilidad.

• El derecho a la información. Existe el derecho constitucional a una información adecuada y veraz, cuya contrapartida se halla representada por la obligación de los prestadores de servicios públicos de tomar los recaudos necesarios con el fin de que el usuario o cliente sepa claramente qué está pagando y por qué paga, es decir, que pueda conocer acabadamente las características del servicio que se brinda. Asimismo, es deber de los entes de control informar al usuario debidamente sus derechos y obligaciones.

Es preciso no perder de vista que los servicios públicos se desarrollan en el marco de un orden económico, político y social de una Nación; por lo tanto, su prestación está relacionada con la realidad general de la sociedad, para lo cual deben tenerse en cuenta dos ecuaciones económicas: la de las empresas prestadoras y la de los usuarios del servicio, ya que el precio justo de un servicio público es aquel que la inmensa mayoría de los usuarios puede pagar.

Plantear hoy si los servicios públicos deben ser privados o estatales nos hace perder de vista las reales cuestiones de fondo que hay que debatir. Es imprescindible que el Estado defina claramente una política estratégica en materia de servicios públicos.

Por El autor es defensor del pueblo de la Nación.

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