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Si el suicidio es prevenible, ¿por qué no nos estamos ocupando?
De manera recurrente alguna persona en nuestro país toma la decisión de atentar contra su vida. En muchos casos, esta persona, concretará su objetivo y se incorporará de manera silenciosa a las estadísticas. En otros, se podrá llegar a tiempo y resolver las consecuencias de la lesión autoinfligida. Inclusive, se le dará el alta médica, empujándolo a la indiferencia y descuidando esa gran señal de alarma que nos ha dado, hasta que, probablemente, lo vuelva a intentar.
Cuando quien provoca su muerte es una persona conocida, este hecho se transforma en el disparador de una serie de debates en el espacio público, abordándolo generalmente desde la fatalidad de lo imprevisible y expresando con verdadero anhelo el lamento tardío de no haber percibido señales que permitieran extender la mano para ayudarlo de manera oportuna.
Sin embargo, hace años que sabemos que el suicidio no es un evento intempestivo en la vida de la persona que toma esta dramática decisión, sino que se trata de la culminación de un proceso que atraviesa diferentes etapas y durante las cuales es posible intervenir. La OMS, año tras año nos recuerda que el suicidio es prevenible y que constituye un problema de salud pública, esto significa que se trata de una responsabilidad pública, política, institucional y también de la sociedad.
Si bien, hay muchos sectores de la sociedad comprometidos en esta problemática, que realizan una ardua tarea, generando programas y brindando acompañamiento, muy difícilmente, estas acciones aisladas sean suficientes para “llegar antes” sin el acompañamiento de un Estado presente.
Ahora bien, ¿el Estado está haciendo lo suyo? Sin dudas que, desde el Estado se han generado algunas herramientas para el abordaje, pero falta más y ahí es donde nos preguntamos si verdaderamente el Estado está poniendo en un lugar prioritario de su agenda este problema de salud pública.
El 8 de abril de 2015, es decir hace casi seis años, se promulgó en el Boletín Oficial la ley 27130 de prevención del suicidio, que declaraba de interés nacional “en todo el territorio de la República Argentina, la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.”
Esta ley que fue aprobada por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso de la Nación y que aguarda desde entonces su reglamentación, no viene a proporcionar soluciones mágicas, pero tiene el mérito de ser una herramienta articuladora de todos esos esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad para generar una política pública de prevención del suicidio coordinada, intersectorial, interdisciplinaria, organizada y con alcance a todo el territorio de nuestro país.
La ley está vigente, pero muchas de sus normas requieren de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para ser operativas. Desde su publicación en el Boletín Oficial, he solicitado su reglamentación en diversas oportunidades a través de proyectos de declaración, pedidos de informes al Ejecutivo, preguntas al Jefe de Gabinete de Ministros en sus informes en las Cámaras del Congreso de la Nación, y no obstante las promesas recurrentes de estar pronta a salir, la ley sigue sin reglamentar.
No queremos más lamentos tardíos, cuando se pudo llegar a tiempo. La reglamentación de la ley no será la solución, pero si constituirá un aporte fundamental y será una herramienta de coordinación que garantizará que todos esos esfuerzos que hoy se realizan desde diferentes espacios, hayan valido la pena, porque la unión y articulación de los mismos permitirá que leamos las señales de alarma y sobre todo que escuchemos las voces silenciosas de una angustia que no encuentra el camino de salida.
Senador nacional por Jujuy (UCR-Juntos por el Cambio)
Tipo de trabajo:opinión
