Si se rompe la Justicia, se rompe la democracia

No eran muchos, pero gritaron más fuerte. Entonces, Poncio Pilatos liberó a Barrabás y mandó a crucificar a Jesús.

Así de simple: no se trataba de tener la razón, sino de hacer más ruido. Era una minoría, pero intensa y vociferante que hizo prevalecer la justicia de la estridencia. Un tribunal popular que supo imponer su fallo militante.

Salto en el tiempo. La Habana, año 1959. La revolución castrista juzga a personeros del régimen caído ante una multitud que pide a los gritos “¡al paredón!” para algunos de los personajes claves defenestrados. Las sentencias a muerte por fusilamiento tenían lugar en la Fortaleza de La Cabaña. Faltaba mucho para que la izquierda usara a su favor el filón de los derechos humanos.

Se vuelve muy peligrosa –e injusta– la Justicia si queda en manos de emociones colectivas manipuladas por intereses políticos.

Hay dos líneas que mientras marchen en paralelo y a cierta distancia entre sí no ponen en riesgo a nadie. Ellas son las del Relato y la Justicia. La primera refiere a cómo un movimiento político, y sus principales figuras partidarias, buscan deificarse ante la sociedad, por medio de consignas y épicas variadas que buscan la adhesión y la fidelidad de sus simpatizantes. La segunda tiene que ver con la recopilación de pruebas y testimonios que, bien contrastados y corroborados, permitan llegar a conclusiones certeras, y lo más precisas posibles, para esclarecer un conflicto determinado y proceder, al término de ese proceso, a absolver o condenar a los implicados en él.

El Relato puede partir de hechos objetivos de la realidad, pero su característica principal es que los hace tomar un vuelo ensoñador que a veces llega al fanatismo. Su esencia es emotiva y fantasiosa.

La Justicia, al revés, debe ser fría, puntual y no dispersa. Solo se permite avanzar por carriles muy estrechos, sopesando muy cuidadosamente los elementos que van construyendo un expediente.

Cuando estas dos líneas se cruzan se produce el cortocircuito. Y si se insiste por ese camino, para seguir usando la misma metáfora, se corre el peligro de hacer saltar toda la instalación eléctrica.

Traducido al lenguaje político significa que el sistema democrático argentino está en peligro. La democracia no solo consiste en que cada presidente cumpla su mandato sin interrupciones, sino que los tres poderes del Estado sean respetados y trabajen tranquilos sin interferirse entre sí. No estaría pasando en la Argentina.

Las connotaciones extrajudiciales que viene sufriendo en las últimas semanas la causa Vialidad –que tiene en Cristina Kirchner a su procesada más estelar– no solo han descendido a niveles futboleros, sino que ya raya en inquietantes síntomas barrabravistas.

El singular énfasis histriónico a la hora de exponer su alegato el fiscal Diego Luciani (no así el de su colega Sergio Mola, mucho más sobrio al tomar la palabra) contribuyó a calentar las tribunas a favor y en contra. Esto terminó siendo del todo funcional a la actual vicepresidenta, que, por lo visto, se maneja mucho mejor en el campo de la agitación emocional que en el de la fría letra del expediente que, evidentemente, no la favorece para nada.

Tras guardar silencio durante las primeras jornadas de los alegatos de la fiscalía, referentes cristinistas dosificaron un crescendo en sus tomas de posiciones mediante declaraciones públicas, solicitadas y advertencias que se volvieron más belicosas con el correr de los días.

Pareció adecuada para sus intereses la estrategia de Cristina Kirchner en despersonalizar su conflicto y, en cambio, “peronizarlo”. Logró así un cierre de filas en torno de ella y la grieta se caldeó. Una modesta protesta anti-K frente al domicilio de la vicepresidenta detonó una ofensiva del otro lado mucho más intensa y permanente que ya lleva varios días trastocando la tranquilidad y la limpieza de las inmediaciones de Uruguay y Juncal, en plena Recoleta.

Un clásico del peronismo de todos los tiempos: utilizar a los anti como combustible de sus propias acciones militantes, y redoblar la apuesta. Marchas, afiches en la vía pública, concentraciones en parques y plazas en distintos puntos del país mantienen vivo el Operativo Clamor, que busca amedrentar a la Justicia en su labor e imponer una suerte de fallo popular.

Declaraciones como las del juez Juan Ramos Padilla y del mismísimo presidente de la Nación, al pretender asociar el sino trágico de Alberto Nisman con el fiscal Luciani, resultan repugnantes. Al insistir en la teoría del suicidio no solo contradicen la última hipótesis de la Justicia (asesinato) en torno a la muerte violenta del fiscal de la causa AMIA, sino que suena amenazante e inspiradora para odiadores dispuestos a pasar a la acción.