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Sin abogados no hay estado de derecho
Hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Abogado. La conmemoración está inspirada en el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, en esa fecha del año 1810, en Tucumán.
Alberdi nacía casi con la patria, a la que habría de entregarle sus mejores afanes, aunque el exilio primero y los vaivenes de la política más tarde lo alejaran de ella por varias décadas. Por eso José Ignacio García Hamilton tituló la biografía de su comprovinciano, Vida de un ausente.
Paradójicamente, la fecha elegida evoca a un abogado que no ejerció nunca la profesión en su país, pero lo hizo con gran éxito, como exiliado en Montevideo y en Santiago de Chile. Pero esa ausencia física se compensó con creces con su labor literaria de carácter jurídico, político y económico, de enorme influencia en la Argentina. Es sabido que las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, escritas velozmente en Chile, fue la fuente inmediata y directa de la Constitución de 1853. Su agria disputa con Domingo F. Sarmiento, en torno a la adopción del modelo norteamericano, tiene que ser entendida en el contexto de las diversas posiciones políticas que ambos asumieron luego de la batalla de Caseros y, sobre todo, de la escisión de Buenos Aires de la Confederación a partir del 11 de septiembre de 1852, pero, superados por el tiempo aquellos enconos circunstanciales, queda claro que en lo sustancial esos dos colosos de nuestro pensamiento opinaban lo mismo.
Su prédica constante en pos de una república moderna, abierta, tolerante, respetuosa de las libertades de los ciudadanos, hospitalaria del trabajo y el capital extranjeros como forma de vencer al desierto y el atraso, fue la que nos guio en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, con resultados admirables. Dejar de lado esas ideas fue, desde hace más de medio siglo, lo que nos sumió en esta persistente decadencia.
No hay profesión que aporte más integrantes a la clase política que la abogacía. Hacia principios de la década del sesenta, un libro ya clásico de José Luis de Imaz, Los que mandan, estudió minuciosamente las características de nuestros dirigentes y corroboró con cifras precisas lo que era una verdad evidente: la alta proporción de abogados entre nuestros presidentes, ministros, legisladores, etc. Hoy seguramente esa proporción es menor, pero estoy seguro de que el Derecho tiene la primacía en las profesiones que aportan miembros a la política.
No es casual. Tampoco lo es que los abogados suelan ser despreciados o perseguidos por regímenes autoritarios. Saben que, más allá de ejercer una profesión como otras, defienden los derechos de los ciudadanos y el imperio de la Constitución y las leyes, y son activos protagonistas de eso que un gran jurista alemán, Rudolf von Ihering, llamó “La lucha por el Derecho”. Una lucha sin otras armas que las de la ley y la razón, en la que el más modesto de los abogados consigue abrir nuevos senderos en la jurisprudencia.
Es esa familiaridad con la argumentación y con las normas lo que permite que el ámbito de actuación de los abogados sea tan vasto y que, por más que aparezcan nuevas profesiones y la tecnología mejore a ritmos asombrosos, la utilidad de nuestros colegas en la arena política -en el sentido más amplio del término- sea insustituible.
Pero no basta con conocer la legislación y la jurisprudencia, y emplear con habilidad el instrumental retórico. El verdadero abogado ejerce su función en el marco de severas pautas éticas. Es una lástima que esté tan difundida esa imagen del abogado inescrupuloso. Los hay, sin dudas, pero son una ínfima minoría.
Quienes menosprecian a los abogados detestan el Estado de Derecho, que se nutre de formas, de procedimientos, de garantías. Una vileza bastante común es asociar al abogado con el cliente al que defiende. El abogado simplemente le presta un servicio de asesoramiento y de patrocinio legal en los juicios, que es imprescindible para que la balanza de la justicia no se incline hacia un solo lado. Cualquier persona, por perversa que nos parezca, tiene el derecho constitucional al debido proceso.
Diputado Nacional (m.c.) Presidente Asociación Civil Justa Causa, miembro de Profesores Republicanos
Por Jorge Enriquez
