Sin acuerdos, pero con tendencias energéticas que llegaron para quedarse

La COP30, realizada en Bélem, Brasil, en noviembre del año pasado, pasó casi inadvertida y ratificó el carácter voluntarista y burocrático de estas cumbres, que tienen cada vez menos presencia de líderes mundiales. Dejan en claro que la opción cooperativa para enfrentar los problemas del cambio climático se complica y que el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera concertada para que el aumento de las temperaturas del planeta no supere los 1,5°C respecto de los registros preindustriales ha devenido una quimera para los cálculos de los modelos utilizados. Según esos modelos, la actividad humana ya ha producido emisiones por 2390 millones de toneladas de carbono en 2019, restando para inicios de 2025 unos 130.000 millones de toneladas remanentes de emisión para no superar el umbral de 1,5°C. Con un nivel de emisiones totales de CO₂ de unos 42.000 millones de toneladas por año, en 2027 el planeta ya habrá superado el límite calculado. Por primera vez en una COP se reconoció explícitamente la posibilidad de superar esa barrera y se instó entonces a limitar tanto la magnitud como la duración del desborde. Se lanzó la iniciativa Belém Mission, otra nueva convocatoria voluntarista.

Hace algunos años, cuando todavía se especulaba con convertir los compromisos voluntarios nacionales de reducción de GEI en mandatorios, también se alentaba la posibilidad de prorratear el remanente de CO₂ que restaba emitir mediante una asignación per cápita entre las distintas naciones. Se procuraba compensar por esta vía a los países emergentes, ahora responsables del mayor flujo de emisiones, con el mayor esfuerzo de mitigación que deberían hacer los países desarrollados, responsables del stock de emisiones acumulado en la atmósfera. Un mercado mundial de derechos de emisión se haría cargo de las transacciones de los certificados asignados a cada Estado por el número de sus habitantes. La opción nunca se instrumentó y, en cambio, se comenzó a fomentar como alternativa cooperativa la implementación de un impuesto al CO₂ (dióxido de carbono) generalizado en el mundo (con distintas tasas según los países), cuyos fondos podían dedicarse a financiar las transferencias de tecnologías necesarias a los países en desarrollo para avanzar en las medidas de adaptación y de mitigación promovidas por el proceso de transición energética. La iniciativa tampoco prosperó y, sin acuerdos globales, empezaron a pesar las políticas regionales como las de la Unión Europea de nivelar emisiones en frontera con un gravamen a los productos que provengan de regiones que no controlen la huella de carbono (barrera paraarancelaria). Dicho sea de paso, la COP30 incorporó el comercio internacional al debate climático.

Las evidencias de que las temperaturas medias aumentan y de que los trastornos climáticos repercuten en la acidificación de los océanos, en el derretimiento de hielos sobre tierra (Groenlandia, Antártida) y en el consiguiente aumento del nivel de las aguas son innegables. Lo que el presidente Trump y otros líderes “negacionistas” hoy cuestionan es la causalidad entre estos fenómenos asociados al calentamiento derivados de la acumulación de GEI y la responsabilidad humana. Niegan las causas antropogénicas y la validez científica de las teorías que lo acreditan. En resumen, sin compromisos mandatorios, con iniciativas voluntaristas, con creciente influencia del negacionismo de la responsabilidad humana en el cambio climático, y en un orden de preeminencia geopolítica donde la seguridad energética está al tope de la agenda global, va a ser imposible acordar mecanismos globales de mitigación (mercado de bonos, impuestos al CO₂, asistencia financiera y tecnológica, etc.) en aras de preservar el bien público global “clima saludable”. Pero más allá de la disyuntiva voluntarismo/negacionismo, hay una insoslayable necesidad de avanzar, aunque sea con distinta premura, en medidas de adaptación a las consecuencias del cambio climático. Y esas medidas de adaptación, combinadas con transformaciones que tienen una base tecnológica y económica, empiezan a delinear tendencias de una transición energética que ya no tiene vuelta atrás.

El paradigma energético actual está dominado por las energías fósiles (80%) y lo seguirá estando por un tiempo indefinido; pero en la matriz primaria de energía se está dando una tendencia a la sustitución de carbón mineral por gas natural, sobre todo en la generación eléctrica. El gas natural es menos emisor de gases de efecto invernadero que el carbón, y en la medida en que esta sustitución penetre matrices eléctricas dominadas por el carbón, como las de China, la India e Indonesia, como ya sucedió en Estados Unidos y otras economías desarrolladas, habrá una reducción significativa en la emisión de GEI a la atmósfera. La sustitución intrafósil es una de las tendencias que llegaron para quedarse.

En la matriz secundaria o de energía eléctrica se viene dando otra tendencia que va a arraigarse: la irrupción de las energías renovables, sobre todo de la energía solar y la energía eólica. Ya son competitivas en costos de inversión con las fuentes tradicionales, pero todavía tienen un factor de carga bajo afectado por la intermitencia en la generación de electrones. Requieren por eso apoyo de fuentes firmes o inversiones en infraestructura de transmisión que permitan interactuar a los suministros de distintas regiones complementarias (en horarios solares diferenciados, o con vientos que soplan cuando otros se apaciguan). Pero hay avances tecnológicos en el diseño y la escala de baterías de almacenamiento con reducción de costos que van con el tiempo a permitir abordar soluciones superadoras de las restricciones presentes. Las fuentes de generación fotovoltaicas y eólicas van a seguir aumentando su participación en la matriz eléctrica.

En la matriz de consumo final de energía, donde predominan combustibles derivados del petróleo y el gas natural, la electrificación empieza a crecer en su participación relativa a partir del parque vehicular eléctrico que por ahora solo atenúa el crecimiento del parque vehicular a combustión. Una estación de carga eléctrica demanda la potencia de un edificio de siete pisos. La penetración de los vehículos eléctricos aumentará en la medida en que las redes de distribución den respuesta a los problemas de carga. La electricidad también empieza a desplazar otros consumos combustibles (gas natural) en la edificación. Habrá que seguir en el futuro la posible sustitución de fósiles por hidrógeno en los procesos industriales que usan hornos a altas temperaturas (cementera, siderurgia).

Por el lado de la demanda de energía, ya hay dos tendencias que se afirman en el contexto global y que no pueden ignorarse en contextos nacionales. Por un lado, la tendencia a la interacción entre demanda y oferta en las redes eléctricas viabilizada por la introducción de la internet en los cables y su conversión en redes inteligentes (smart grids). El “prosumidor” de energía (productor y consumidor) es un nuevo actor en el mercado eléctrico que contribuirá a aplanar los picos de demanda de electricidad y a reducir la necesidad de reserva de potencia. Esta tendencia es complementaria con la tendencia a la electrificación del consumo final de energía. Por otro lado, se afianza la tendencia de las preferencias de consumo por bienes y servicios con menor huella de carbono, sobre todo en las economías desarrolladas, lo que comienza a tener implicancias en el movimiento del comercio mundial (barreras ambientales).

Por último, pero no menos importante, a las cinco tendencias mencionadas se suma una sexta que las involucra a todas: la tendencia a la reducción de la tasa de intensidad energética y las consecuentes derivaciones en la adopción de medidas de eficiencia energética y uso racional de la energía. Desde la crisis petrolera de 1973, la economía mundial en su conjunto, con muchas diferencias por país y por región, comenzó un proceso de mejora en la productividad del insumo energético: se producen más unidades de producto final con menos unidades de energía. Hay mucho por hacer para profundizar esta tendencia a la eficiencia y el ahorro en el consumo de energía, porque, por otro lado, siempre el desarrollo económico va planteando nuevas demandas de energía, como lo que ocurre en la actualidad con los centros de datos aplicados a la inteligencia artificial.

La política energética nacional de un país no puede ir a contrapelo de estas tendencias mundiales, y la pujanza de la industria energética es un tema prioritario en la agenda de todo programa de desarrollo. La Argentina cuenta con ventajas comparativas para seguir las tendencias de la transición y consolidar el potencial de su industria energética. El desarrollo intensivo de nuestros recursos fósiles, el potencial de nuestros recursos renovables, el acervo nuclear y el nuevo perfil de exportador, en concomitancia con la prioritaria recapitalización de la industria eléctrica, pueden traducir la abundancia energética disponible en nuevas oportunidades de negocios y en menores precios de la energía para la producción y el consumo.

Expresidente de YPF y exsecretario de Energía

Por Daniel Gustavo Montamat

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