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Sin casinos, gana la ciudad
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La posibilidad de instalar casinos en el ámbito geográfico de la Capital Federal ha puesto nuevamente a las autoridades porteñas ante una difícil disyuntiva. Deben optar entre mantener sus principios o convicciones, que han perdurado -con algunas vacilaciones- desde que representantes de la Alianza se hicieron cargo del gobierno, o adoptar una postura puramente pragmática, que atienda a la necesidad imperiosa de solucionar los problemas financieros que aquejan a la ciudad.
Las salas de juego están prohibidas por ley en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la norma vigente establece que, a solicitud del Poder Ejecutivo, los legisladores podrán, con mayoría especial de votos, aprobar su establecimiento.
La propuesta de un grupo de legisladores de permitir la instalación de dos casinos en el territorio porteño despertó el interés de importantes grupos, que se manifestaron dispuestos a invertir una suma cercana a los 100 millones de dólares en el caso de que la iniciativa fuese acogida favorablemente.
En efecto, el interbloque integrado por Jorge Giorno, Jorge Mercado y Ricardo Bussacca (Buenos Aires para todos, Movimiento generacional porteño y Popular Cristiano, respectivamente) llevará a la Legislatura porteña la correspondiente propuesta, que viene acompañada de cifras tentadoras.
Con uno solo de los emprendimientos se podrían recaudar 300 millones de pesos, que se destinarían a financiar planes sociales. Además, la eventual creación de una nueva lotería y juegos de resolución inmediata, así como la instalación de tragamonedas en el Hipódromo de Palermo podrían generar ingresos adicionales cercanos a los 350 millones por año.
Los juegos de azar y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires han sido protagonistas de una larga historia de desencuentros. Primero fue el confuso y contradictorio episodio que finalizó con la puesta en funcionamiento del llamado casino flotante, a pesar de las múltiples advertencias formuladas por distintos funcionarios destinadas a evitarla.
Posteriormente, la Legislatura porteña negó la homologación del convenio con la Lotería que Aníbal Ibarra había presentado para su aprobación. Más tarde, Fernando de la Rúa -durante su gestión como presidente- desafió a la autoridad porteña, firmando un decreto que permitía la instalación de máquinas tragamonedas en el ámbito de la ciudad, lo que derivó en un reclamo judicial que llevó, finalmente, a la anulación de la norma.
Ante el grave cuadro de crisis financiera que sufre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de gobierno ha dejado de lado su posición de principios contra la instalación de casinos y tragamonedas y procura hoy obtener, con el apoyo de sus aliados políticos en la Legislatura, el quórum necesario para aprobar la creación del Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, como paso previo al desarrollo de una lotería porteña y la venta de juego de resolución instantánea, entre otros juegos de azar.
En momentos en que la sociedad está agobiada por los problemas y las consecuencias que ocasionan la desocupación, la inseguridad, la falta de educación, la pobreza y aquellos otros derivados del llamado corralito bancario, lo que menos hace falta es que se aliente en la población de la ciudad la proclividad al juego, cuyo efecto desmoralizador es sobradamente conocido.
Es de esperar, entonces, que la acuciante necesidad de recaudar fondos que tienen las autoridades porteñas no sepulte las fundadas razones oportunamente expuestas para rechazar de manera categórica la instalación de casinos en la ciudad. Más allá de las graves objeciones de orden moral, estas casas de juego son focos de actividades marginales, vinculadas con la violencia, la prostitución, la usura, la drogadicción y el alcoholismo. Esas razones deberían ser suficientes para que la Legislatura oponga un contundente rechazo a la propuesta de dar vía libre al juego en la ciudad.
