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Sin escuelas, más ministerio
Por Antonio F. Salonia Para La Nación
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El proceso de transferencia de escuelas a las provincias se inició en el gobierno del presidente Arturo Frondizi y culminó durante la presidencia de Carlos Menem. En ambas gestiones asumí responsabilidades ejecutivas y muy especialmente en la política que, más allá del horizonte administrativo del traspaso escolar, apuntaba a federalizar el sistema de la educación a través de un nuevo y efectivo protagonismo de las provincias -expresado prioritariamente en los currículos de las escuelas y en los mensajes culturales- y de una progresiva participación en la educación de los sectores sociales y la ciudadanía. La transferencia implicaba avances en la gestión concreta de las instituciones -con autonomía creciente-, pero lo de fondo era que la diversidad social y cultural del país federal ingresara en el ámbito de los aprendizajes y resultaran enriquecidos el sentido y la vocación de unidad que nos era común a todos los argentinos. Lo federal nutría y abría nuevas perspectivas a lo nacional.
Descentralizar y federalizar no era, ni debe ser, desintegrar ni, mucho menos, abandonarnos a la suerte de cada uno. Al contrario, era, y es, vigorizar y otorgarle más contenidos e ideales al conjunto nacional, y ponernos mutuamente el hombro para hacerlo todo mejor en todas partes. Aunque sé que ha habido asincronías en el desarrollo de las transformaciones que emanan de importantes leyes aprobadas por el Congreso Nacional; que en algunas jurisdicciones hay reticencias, cuando no oposición, a los cambios y a las nuevas denominaciones del sistema educativo; que en otras se espera que todas las recetas vengan de Buenos Aires, como si se añorara el viejo centralismo (o por comodidad), y que en algún caso se declara, con cierta ligereza, que en el "feudo local" no se aplicarán los criterios ni las mutaciones decididas por las leyes nacionales.
La prioridad es el todo
Como se ve, aparecen en el panorama disidencias y heterogeneidades, y hasta la sospecha de incidencia de la política partidaria y de recelos e intereses crecidos de capillas tecnocráticas enfrentadas. De ser así, estas situaciones no ayudan y resultan absolutamente inoportunas. El país vive graves momentos de crisis social y nacional como para permitirnos el espíritu faccioso y la pusilanimidad.
Debe convenirse, aunque sea obvio, que es lógico y saludable que existan y se expresen disidencias en torno de estos temas importantes, que se anhelen modificaciones de diversa índole y que se aspire a nuevas propuestas. Para todo está, y debe servir, el Congreso Nacional. Si hay nuevo gobierno en el país y los protagonistas de la presente situación quieren añadir su impronta al proceso transformador, que lo hagan ya, cuanto antes, y que no se encierren en sus bastiones y actúen como enojados y con el ceño fruncido porque los cambios se iniciaron en otro gobierno y tienen un sello inicial ajeno. En realidad, la educación del país nos pertenece a todos, y todos debemos poner ideas, proyectos y ganas de alcanzar las más altas metas, una educación de calidad para la sociedad completa y transformaciones de fondo, creativas y eficaces, que involucren a todo el sistema. La prioridad no es una parte. Hoy es el todo educativo.
Unidad educativa
Aparece como un desatino, o una expresión apresurada, no meditada, que se propicie la supresión del Ministerio de Educación de la Nación porque las escuelas están transferidas. Lo que debe suprimirse son la burocracia innecesaria, los gastos superfluos y los resabios de paternalismo centralista que todavía puedan sobrevivir, pero el Ministerio de Educación es ahora más importante que antes y tiene nuevas funciones y desafíos inéditos. Debe ser el impulsor, el custodio y el colaborador permanente de la unidad del sistema. Ha de ser el ámbito propicio y estimulante de los objetivos y los logros del Consejo Federal de Educación -en el que todas las jurisdicciones deben aportar sus iniciativas y sus propuestas (en particular, las curriculares)-, y tiene que trabajar con equilibrio y con riguroso conocimiento de todas las realidades para que se alcance la más justa distribución de los impuestos coparticipables, sobre la que decidirán, en definitiva, los legisladores nacionales.
Más aún: el ministerio nacional, como gestor de créditos y ayudas internacionales, ha de actuar con apertura y equitativamente respecto de lo que requieren todas las provincias, y debe funcionar como puente para el ida y vuelta de todas las soluciones posibles. Ha de ser representante eficaz de la totalidad de las jurisdicciones, la sede coordinadora de todas las provincias y garantía de preservación de la unidad educativa -no la uniformidad- del país.
De este modo, ahora sin escuelas que administrar, el Ministerio de Educación es más ministerio que antes, inserto e integrado con todo lo atinente a ciencia, tecnología, cultura y comunicaciones. Más Ministerio de Educación para la política educativa -federal y nacional-, de alto nivel técnico y con recursos para asistir y cooperar con las provincias y los municipios, justamente en programas y circunstancias que lo requieran y según necesidades y prioridades que emanen de los desfases técnicos y las desigualdades sociales de la amplia geografía del país.
Ésta es la dimensión mayor y más comprometida de la problemática educativa de hoy. Asumámosla y desarrollémosla con todas las jurisdicciones unidas e integradas, con todos los sectores sociales y políticos, con todos los ciudadanos del sistema democrático. Que así sea.
