Sin justicia independiente, no hay república

Tuve la responsabilidad de analizar, discutir, oponerme y presentar alternativas a los diferentes proyectos que el Poder Ejecutivo envío al Congreso en esta última etapa con el propósito velado de crear una justicia penal más adicta a los intereses del Gobierno.

Los proyectos vinieron acompañados de un largo relato sobre la necesidad de la modernización de la administración de justicia penal, pero había evidencias de que el objetivo oculto era garantizar mayores niveles de impunidad para quienes se sienten amenazados por futuras investigaciones en materia de corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos graves.

La reciente reforma al Código Procesal Penal es el mejor ejemplo: bajo la idea de lograr un régimen acusatorio que permitiese roles más adecuados a cada una de las partes en una disputa criminal, el Gobierno logró imponer un sistema dependiente de la voluntad de la procuradora general Gils Carbó, que puede multiplicar la designación de fiscales ad hoc en causas sensibles para los funcionarios y socios del poder.

La recientemente sancionada ley que regula el elección de magistrados subrogantes confirma que el sometimiento de la justicia penal es un objetivo prioritario de la administración que se retira.

En virtud de esta ley, el Consejo de la Magistratura, uno de los órganos más vapuleados por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, puede nombrar jueces por fuera del proceso de designación constitucional en todas las jurisdicciones donde el Gobierno tenga la voluntad de incidir sobre el resultado de las investigaciones. En la práctica, esto significa que sólo siete consejeros afines al llamado proyecto nacional y popular pueden ofrecerle al Gobierno la justicia penal que le resulta más propicia.

En virtud de esta ley acaba de ser desplazado, sin mayores fundamentos, Luis Cabral, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que se encontraba resolviendo ni más ni menos que sobre la legalidad del cuestionado memorándum firmado por la Argentina e Irán, que ya produjo trágicas consecuencias.

En esta cuestión ya había un proyecto de resolución en el que el juez Juan Carlos Gemignani y el propio Cabral sostenían que este memorándum resulta contrario a nuestra Constitución. La jueza Ana María Figueroa, actual presidente de Casación, sostendría la posición del Ejecutivo.

Todo esto es signo de barbarie: no sólo se trata del apartamiento intempestivo de un juez, sino también de la conformación de una sala entera de Casación con jueces subrogantes manifiestamente comprometidos con el Gobierno, como Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, quienes carecen de los antecedentes profesionales necesarios para ocupar un cargo en el más alto tribunal penal de la Argentina. La proximidad de estos nuevos subrogantes con Julián Álvarez, Eduardo Barcesat y Raúl Zaffaroni, respectivamente, permiten suponer que votarán de acuerdo a las órdenes de la Casa Rosada.

Estos tres nuevos jueces subrogantes, junto con los jueces Ana María Figueroa, Pedro David, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, y los fiscales Javier de Luca y Gabriela Baigún, conforman el equipo que representa, en Casación, el ideario del movimiento kirchnerista Justicia Legítima.

El Gobierno ha dejado en claro que impulsa un programa sistemático para cubrir importantes juzgados y fiscalías federales del país con subrogantes adictos con pobres antecedentes profesionales, violando la garantía constitucional de juez natural.

Esto echará por tierra el necesario resguardo republicano de una justicia penal imparcial, independiente e idónea.

No hay dudas que el Poder Ejecutivo y el Congreso cuentan con la legitimidad que les ha dado el voto popular para imponer sus decisiones. Sin embargo, ninguna de estas acciones permite romper el orden constitucional, que tiene en el Poder Judicial y el Ministerio Público dos pilares fundamentales de su fortaleza.

No sólo los dirigentes de la oposición, sino también todos los jueces y fiscales de la Nación y, en particular, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estamos obligados a evitar un declive institucional de tales proporciones.

La autora, diputada nacional, preside la Comisión de Legislación Penal