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Sujetos de pleno derecho
Por Marta Di Leo Para LA NACION
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En los últimos tiempos, la participación de menores en hechos delictivos ha puesto en debate, nuevamente, diversas propuestas para resolver el acuciante problema de la delincuencia juvenil. A la vez, recrudece la discusión acerca de la conveniencia o no de disminuir la edad de punibilidad, como si eso fuera la solución ideal. Otras propuestas, más integrales, buscan instaurar un sistema de responsabilidad penal especial y distinto del de los adultos para los jóvenes de entre catorce y dieciocho años.
Una sociedad cargada de emociones encontradas observa, impotente, tanto el asesinato de un anciano por parte de un menor como el maltrato, el abandono y la violación, en muchos casos seguida de muerte, de niños y adolescentes, hechos todos igualmente condenables. Las escalofriantes estadísticas nos obligan al análisis profundo de las causas que han generado este estado de cosas.
Estadísticas escalofriantes
Hoy sabemos que el 70 por ciento de los menores de dieciocho años que habitan nuestro país (más de ocho millones y medio) son pobres y la mitad de ellos vive en la indigencia; que por cada chico que delinque hay dos que son víctimas y que desde principios de año cuatro menores son detenidos por día en territorio bonaerense acusados de haber cometido delitos graves y otros trece como presuntos autores de hechos ilícitos comunes. Ante esta realidad, debemos preguntarnos:
- ¿Cómo hacer para que valoren la vida quienes son parte de familias que han sufrido la peor de las indignidades de un ser humano, como lo es la exclusión social?
- ¿Qué hemos hecho y dejado de hacer para que algunos de nuestros niños sean capaces de empuñar un arma y apuntar a matar?
- ¿Qué hemos hecho con quienes han crecido en ámbitos de marginación, violencia y abandono, más que encerrarlos en oscuros lugares de dudosa condición humana de donde no es posible hablar de resocialización?
La sociedad argentina sólo podrá reconciliarse consigo misma a través de la ley. En tal sentido, es necesario reformular la legislación en cuanto a la responsabilidad penal de los menores de entre catorce y dieciocho años, que debe estar en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país e incorporada a la Constitución Nacional.
Procedimientos específicos
El Estado tutelar, so pretexto de protegerlos, en muchos casos juzga a niños y adolescentes por lo que tienen o parecen ser, asociando pobreza con abandono y delito, e interpretando contención familiar como sinónimo de posición social. Es necesario pasar de una concepción de los niños y jóvenes como objeto de tutela y protección segregativa a considerarlos sujetos de pleno derecho, como todas las personas, más los derechos específicos que surgen de su edad.
Aquellos jóvenes a los que se atribuya la comisión de un delito deben ser juzgados por tribunales específicos, con procedimientos específicos, en un proceso único en el que se les reconozca el derecho a ser oídos, con todos los derechos constitucionales que goza un imputado en un proceso penal de adultos, más aquellos propios de su edad. También las consecuencias jurídicas deben ser diferentes: medidas socioeducativas o sanciones penales juveniles, de modo que quien cometa un delito visualice las consecuencias de su acción, por la cual es sometido a un juicio, en el que puede oponer todas las defensas que tiene a su disposición. La privación de la libertad es una sanción excepcional para delitos muy graves, limitada a un plazo breve y en instituciones especiales.
Pero esta reforma legal no es suficiente mientras no sea acompañada de un cambio social, cultural y educativo, de una reforma institucional y en los servicios. No basta reconocer y proclamar los derechos de los niños, sino que es preciso garantizar su cumplimiento desde el Estado a través de políticas públicas orientadas a lograr la plena satisfacción de sus intereses y necesidades. Se trata de trabajar en el presente por estos jóvenes en conflicto con la ley penal, para recuperarlos e integrarlos a la sociedad.
