Tres informes periodísticos (dos de IDL-Reporteros y uno del programa "Panorama") divulgados en los últimos días han producido un remezón en el sistema de justicia del país que ha puesto sus peores flaquezas al descubierto y cuyas réplicas continuaremos sintiendo por tiempo indefinido. En ellos se escuchan las conversaciones telefónicas de muy notorios representantes de ese sistema negociando favores, posiciones dentro de su estructura y hasta sentencias, con la escalofriante tranquilidad de que lo que piden y ofrecen es perfectamente normal dentro de una dinámica a la que todos se someten o, peor aun, contribuyen.
Las reacciones en el Ejecutivo, en el Congreso y en el propio sistema judicial, por supuesto, no se han hecho esperar. Y, al tiempo de exigir investigaciones y sanciones ejemplares, ha habido también quienes han llamado la atención sobre el hecho de que el material difundido demuestra que la práctica de las grabaciones subrepticias a funcionarios de todo nivel sigue alarmantemente vigente entre nosotros, lo que es rigurosamente cierto. Pero, como en otros casos con un origen similar, la dimensión de la inmoralidad que esos registros revelan no puede ser soslayada por el problema que supone la forma en que fueron obtenidos. Investigar y sancionar una cosa no debe impedir hacer lo propio con la otra.
