Transformaciones que se ponen en marcha en la Justicia
El Gobierno impulsa reformas para lograr un sistema judicial más moderno, accesible y transparente
1 minuto de lectura'
LA NACIONGermán C. Garavano
En los comentarios que recibo a través de redes sociales y al recorrer el país, la gente suele transmitir cierto pesimismo con relación a nuestra Justicia. Es habitual escuchar críticas sobre su funcionamiento, y muchas veces existe una sensación de que los cambios tardan en llegar. Nuestro sistema judicial es percibido como una institución estancada, anticuada, alejada de la sociedad y desinteresada de sus problemas. Pero si enumeramos los cambios que se han logrado en los dos últimos años, es posible observar el impacto de muchas de las reformas que impulsamos desde el programa Justicia 2020 para construir una Justicia más moderna, accesible y transparente.
En primer lugar, hay que destacar el rol preponderante que adquirieron las víctimas de delitos en el diseño de nuevas políticas para la Justicia. Los incorporamos a las mesas de debate y logramos modificar la legislación para que tengan una participación central en el proceso penal y sean escuchadas en la elaboración de nuevas leyes.
Impulsamos la modificación de la ley de ejecución penal, para asegurar que los condenados por delitos graves cumplan la pena completa en la cárcel. Así, se está teniendo en cuenta a la sociedad a la hora de tomar decisiones sobre las personas que cometieron un delito.
Pusimos en funcionamiento el Centro Nacional de Asistencia a la Víctimas contra el Delito (Cenavid), que brinda asistencia inmediata, acompañamiento y asesoramiento integral a víctimas de delitos en todo el país. El Cenavid, además, trabaja con los programas que asisten a las víctimas de trata de personas, violencia familiar y de género, para poder dar una respuesta coordinada a las personas que lo necesitan.
También lanzamos la convocatoria pública para conformar el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género. Estos profesionales asistirán a víctimas de todo el país de manera gratuita y para hacerlo contarán con el auspicio del Estado.
Ampliamos la presencia de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) a todas las provincias, con foco en los lugares de mayor vulnerabilidad. Solo en 2017, los 90 CAJ atendieron a más de 300.000 personas. Nuestros profesionales brindan asistencia legal primaria y ayudan a las personas a realizar trámites administrativos, muchas veces tan básicos como la obtención de documentación personal o prestaciones de seguridad social. También vamos a llevar atención legal y sanitaria a pueblos del NOA y el NEA en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud. El Estado está presente en los lugares en los que más se necesita.
Dimos un fuerte apoyo a los poderes judiciales provinciales, que concentran el 80% de los casos judiciales. Con recursos, equipamiento tecnológico y científico y capacitación, ayudamos a mejorar y modernizar la investigación criminal para que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI.
También apoyamos a los poderes judiciales de las provincias para generalizar la oralidad en los procesos civiles. La implementación de este modelo de trabajo en juzgados de la provincia de Buenos Aires demostró excelentes resultados en su primer año. Los plazos de resolución se redujeron un 54% y los niveles de satisfacción de los usuarios han sido de más del 90%. Además, un 40% de los procesos se finalizaron por conciliación, lo que ahorra recursos tanto a las personas como al Estado. Estas cifras muestran cómo las audiencias orales en la Justicia Civil reducen los tiempos procesales, a la vez que cambian significativamente la relación de la Justicia con la comunidad.
Los juicios penales se desarrollan con más eficiencia gracias a algunas leyes y reformas. La ley de juicio unipersonal disminuye el tiempo para fijar audiencias en un 75% y descomprime los tribunales. La capacidad de respuesta del Poder Judicial se ha duplicado y en algunos casos hasta triplicado.
El nuevo procedimiento abreviado para casos de flagrancia permite que las personas detenidas mientras cometen un delito sean juzgadas rápidamente. Después de la adopción de este procedimiento, un 69% de los procesos se ha resuelto en menos de 30 horas de cometido el hecho.
Impulsamos importantes reformas estructurales para nuestro sistema de Justicia Penal. Una es la reforma del Código Penal, que vamos a enviar al Congreso. El proyecto cuenta con un enorme trabajo técnico y de consensos, y el texto fue elaborado con el aporte de un nutrido grupo de destacados especialistas. Otra reforma estructural muy importante es la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que va a transformar completamente nuestro sistema penal federal.
Las nuevas formas de delito organizado no respetan las divisiones geográficas, pero los Estados necesitan poder proteger a las personas fronteras adentro. Por esto, los mejores modelos para combatir el crimen organizado se apoyan en la cooperación internacional. Cooperamos con la Corte Penal Internacional para apoyar investigaciones en todo el mundo y estamos trabajando en mejoras normativas que cumplen con una amplia agenda internacional.
Adherimos al Convenio de Budapest, que permite hacer frente a los delitos informáticos y sumar herramientas modernas para obtener evidencia digital, especialmente importante con relación al crimen organizado. Estamos capacitando a jueces y fiscales en todo el país para que puedan contar con los conocimientos específicos que requiere este nuevo tipo de delitos. También se aprobó la ley de responsabilidad penal empresaria, que permitirá juzgar a las personas jurídicas, haciendo que las empresas sean responsables por los delitos que cometan y desincentivar así la corrupción.
Fortalecimos el Programa de Protección a Testigos e Imputados construyendo equipos interdisciplinarios e incorporando nuevas tecnologías y procesos para profesionalizar su trabajo. A su vez, la ley del arrepentido nos permite contar con colaboración muy valiosa en el combate del crimen organizado.
Creamos el Portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina. Queremos un Estado abierto, para garantizar la transparencia y generar mejores políticas públicas, y ahora por primera vez podemos seguir el trabajo de la Justicia argentina con indicadores y datos certeros que publicamos en la plataforma online en datos.jus.gob.ar. Con este avance, la Justicia empezó un importante proceso de apertura y digitalización.
Estas son solo algunas de las importantes mejoras que se han logrado en los últimos dos años. El trabajo que realizamos refleja el compromiso que tenemos con la lucha contra el delito, la defensa de los derechos de las víctimas y el combate de la corrupción y del crimen organizado.
La transformación de la Justicia y de su forma de tramitar los procesos ayudará a recuperar la confianza de la sociedad. En ese sentido, jueces, fiscales y defensores de todo el país realizan un esfuerzo diario para mejorar el servicio de Justicia, que muchas veces se ve opacado por casos de amplia difusión pública en las que han primado respuestas inadecuadas. Alcanzar una Justicia preparada para enfrentar las demandas de la comunidad y brindar soluciones justas es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
