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Tras la pandemia, Indonesia apuntala su recuperación económica
La República de Indonesia es un enorme país insular. Un archipiélago. Su territorio está compuesto por algo más de 17.000 islas diferentes, en las que se hablan 742 lenguas distintas. Es por ello un auténtico mosaico humano. No obstante, políticamente es un Estado con un gobierno unitario.
Con más de 260 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo. Está –en rigor- superpoblado y contiene a distintas etnias. Por ello no es demasiado extraño que, desde su mismo origen, haya dado lugar a tensiones separatistas, con sus inevitables turbulencias. Principalmente en las provincias de Aceh y Papúa.
Durante la era colonial, Holanda fue su principal potencia dominante, hasta el fin de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la cual Indonesia se declaró independiente. Hoy es la economía más grande del sudeste asiático.
Tras el impacto económico adverso de la pandemia de coronavirus, el presidente de Indonesia, Joko Widodo -un reconocido tecnócrata que gobierna al país desde el año 2014- acaba de sancionar una norma controvertida con la que procura impulsar su recuperación económica, lo más rápidamente posible. La pandemia causó más de 14.000 muertes y parece haber empujado a Indonesia hacia su primera recesión económica de las últimas dos décadas.
La idea central del gobierno de Indonesia es la de eliminar los principales problemas estructurales que han castigado, hasta ahora, a los flujos de inversión domésticos y externos. Hacerla más atractiva, muy especialmente para los inversores externos. Por esto el paquete de medidas promocionales no crea nuevos impuestos, ni aumenta la presión fiscal.
Hablamos de una norma inusualmente extensa, con más de mil páginas de un detallado y a veces confuso texto. En 1.187 páginas, en procura de aumentar la productividad, se eliminan de cuajo algunas normas de protección a los trabajadores y a las minorías indígenas y de defensa del medio ambiente.
Ya no habrá indemnizaciones por despido, ni días en los que, obligatoriamente, no se pueda trabajar. Y se podrá despedir a algunos empleados permanentes y reemplazarlos, casi sin costo, por personal sea contratado temporariamente. Y se podrá también quemar bosques y humedales, para luego incorporarlos a las tierras productivas. A lo que se agrega una desregulación pronunciada del sector crítico de los hidrocarburos.
Con la puesta en vigencia de las nuevas medidas, que habían sido sancionadas por el Parlamento en octubre pasado, se apunta a tratar de generar, lo más rápidamente posible, más de un millón de nuevos empleos por año. Lo que, según las autoridades locales, comenzará a materializarse en un plazo preliminarmente estimado de un año.
La reacción sindical ha sido rápida y dura. Adversa, por cierto. Ya se han realizado huelgas nacionales y los sindicatos están en lo que luce como "pie de guerra". No obstante, el gobierno sigue adelante con sus propuestas de cambios regulatorios y legales. Mientras, se cierne una previsible tormenta social, que puede ser de magnitud. A todo esto, los sindicatos han agregado una presentación que ha sido ya realizada por la Central Obrera ante el Tribunal Constitucional en procura de la pronta declaración de nulidad insanable de las nuevas normas. Lo que, a estar a los medios locales, difícilmente podría suceder.
Mientras tanto, Indonesia se ha llenado de fragilidad. Como era previsible, atento el contenido de las nuevas reglamentaciones. La inestabilidad es notoria y ha derivado en un perceptible estado de nerviosismo, tanto en la dirigencia política como en la sindical.
Las nuevas normas contienen algunas desprolijidades de redacción que deberán ser revisadas y aclaradas debidamente. Con premura, para evitar que el paso del tiempo desnaturalice la reactivación acelerada que se pretende.
La intención que derivó en la sanción de la norma comentada es la de impulsar el nivel de actividad de la economía, estimulando para ello esencialmente la inversión, que en Indonesia es del orden del 2,5% anual del PBI.
Quizás lo más serio es que, sin haber alcanzado los consensos sociales mínimos que la nueva norma requiere, el gobierno tomó la decisión intempestiva de sacarla repentinamente de la lista de proyectos que estaban en curso y convertirla en realidad.
La reforma –para muchos- no aclara el laberinto normativo de una estratificada y super-regulada Indonesia, sino que lo reemplaza por otro también complejo.
Exembajador de la República Argentina ente las Naciones Unidas
