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¿Un acuerdo social?
Si, como todos esperamos, vamos a consolidar un ciclo de crecimiento estable y sostenido, es también previsible que ello va a impactar en la generación de empleo de calidad, que es la base para la superación de la pobreza. Sin embargo, la acumulación de tantos años de exclusión ha generado enormes daños en las capacidades de las personas para obtener el máximo beneficio (y aun tener la posibilidad) de incorporarse al crecimiento, lo que se expresa en una pobreza crónica difícil de superar para el 30% de nuestros habitantes. Por eso es tan importante recuperar el tiempo perdido, lo que implica aplicar los recursos con la máxima capacidad de transformación en todos los campos de lo que podemos denominar “social”.
Con las enormes dificultades propias de revertir décadas de políticas sociales con núcleo populista, el Gobierno ha comenzado una tarea metódica. Pero para que el impacto sea duradero, es crítico que haya acuerdos básicos como ha sucedido en tantos países que han sostenido los ejes de sus políticas por décadas.
La tarea que tenemos por delante no es sencilla. La gestión de las políticas sociales durante el kirchnerismo ha reproducido ciertos vicios estructurales: valores esenciales como la eficiencia, el impacto o la calidad fueron descalificados por considerárselos propios de una mirada “liberal” y, en consecuencia, excluidos de la acción estatal. En su lugar, se impusieron criterios de utilización partidaria. A ello se sumó la priorización de los derechos corporativos por sobre las necesidades de los sectores más vulnerables, como puede observarse en los ámbitos educativo y laboral. A pesar de las dificultades, hay elementos positivos que abren camino hacia formas más equilibradas y sostenibles de intervención social
El Ministerio de Capital Humano está instalando criterios de calidad en todos los campos de su acción, como sucede con la revitalización de las herramientas de control de impacto que hoy son mandatorias para las jurisdicciones que reciben fondos de ese origen.
Además, la evidencia sobre los nefastos –y aun delictivos– resultados de la politización de las acciones sociales ha generado consenso en la opinión pública acerca de la necesidad de abandonar estas prácticas a favor de programas eficientes y políticamente neutrales. El discurso populista de los movimientos sociales ha perdido legitimidad aun dentro de los espacios de mayor pobreza que ellos habían tomado como rehenes. Asimismo, si analizamos con cuidado, encontramos provincias con programas sociales bien elaborados y aplicados; municipios muy interesados en incorporar criterios de eficiencia a sus acciones sociales, y creciente conciencia de organizaciones sociales por defender la calidad educativa.
El tema entonces pasa a ser político: lograr acuerdos sustentables que reduzcan la presencia y el poder de quienes han sostenido por décadas un discurso y una acción empobrecedores, y asegurarnos de contar con herramientas que perduren en el tiempo, como sucede en nuestros países vecinos con definiciones críticas para el impacto de las políticas sociales. Para ello, un pacto sustentable y eficiente, además de las reformas de las leyes más críticas, debe tener tres componentes: ético, conceptual y operativo.
La dimensión ética exige el compromiso absoluto de los firmantes de eliminar prácticas que relacionan las acciones sociales con ideologías y beneficios partidarios, tales como el adoctrinamiento en la educación, la militancia forzada por la pobreza, el aprovechamiento partidario de los recursos, que no solo son éticamente repudiables, sino que, al limitar las opciones de vida de las personas, cristalizan la pobreza.
Desde el punto de vista conceptual, es crítico comprender que los objetivos de superación de la pobreza y aumento de las capacidades y libertades de las personas requieren contar con una acción sistémica en campos variados, pues con el nivel de pobreza que hay en la Argentina, todas las decisiones exigen incorporar esta prioridad. Pueden tener tiempos diversos y requerir recursos múltiples, que exceden las transferencias y aun los programas sociales; pero debe incorporarse la visión de Amartya Sen, para quien reducir la pobreza significa expandir las libertades y capacidades humanas en múltiples espacios, empoderando a las personas para que puedan tomar sus propias decisiones y mejorar sus vidas. Las personas no pueden construir su vida cuando sus opciones están limitadas por decisiones asociadas al poder político.
En lo operativo, el gran desafío pasa por incorporar de manera sistemática las herramientas de buena administración de los recursos sociales en todo el territorio, con el compromiso explícito de las autoridades locales. La buena noticia es que, como decíamos, el Ministerio de Capital Humano ha iniciado líneas de trabajo que incorporan estas tres dimensiones en todas sus áreas, y que pueden servir de base para acuerdos políticos y operativos amplios que permitan avanzar. La introducción de la eficacia, la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad, conceptos elementales que el populismo ha ignorado y rechazado, significarán una verdadera revolución en las políticas sociales y serán la base del acuerdo que ansiamos.
Por Eduardo Amadeo
Tipo de trabajo:
opinión
